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La madeja catalana

El nuevo gobierno de coalición, autoproclamado como radicalmente europeísta, cosa que aplaudo, va a tener que elegir entre comportarse como socio convencido de la Unión Europea o como salvapantallas del Tribunal Supremo

Cualquier decisión soberana del Gobierno que ataña, ni de lejos, a estas cuestiones va a ser utilizada por la feroz oposición para convertirles en vende patrias

Sánchez e Iglesias anuncian un Gobierno de coalición basado en la "lealtad" y para cuatro años

Sánchez e Iglesias, durante la firma de su alianza.

"No se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho"

Aristóteles

No será la mesa pactada con el Govern de Catalunya el único cabo que el conflicto catalán pondrá sobre la mesa del nuevo gobierno de coalición. La mesa, en la que hablar sobre todo, sufrirá también los vaivenes producidos por los efectos del enorme embrollo jurídico-judicial creado por los que consideraron que la justicia penal iba a ser capaz de solucionar una cuestión política. La madeja ha ido creciendo hasta alcanzar unas proporciones cuyas consecuencias pueden ir marcando no sólo la senda del nuevo gobierno sino también las decisiones y los acuerdos a los que se pueda llegar en la mesa de diálogo. Desembrollar la madeja no será sólo cuestión de las decisiones que vayan tomando los tribunales y jueces españoles -independientes en sus decisiones, sean estas o no acertadas- sino que entrará en juego sin remisión Europa, tanto en su vertiente judicial como institucional y hasta es posible que algunos gobiernos de los estados miembros empiecen a asombrarse del punto al que han llegado las cosas con esta cuestión.

Es evidente que la postura propugnada por la oposición, y por muchos y recalcitrantes juristas españoles -esa de la soberanía mancillada y de la preeminencia de los designios que no se someten a control alguno, como si el TJUE no fuera un órgano de facto superior- no es la idónea para acometer el nudo gordiano de cuestiones y decisiones contrarias a las adoptadas en España que se han ido acumulando y que se acumularán. No bufen. Sobre todo los que hasta el momento no han dado ni una cuando han ido analizando las consecuencias de los diversos atajos, trucos y saltos en el vacío que se han ido dando desde la Justicia española. El caso es que tales cuestiones atañen ya a un órgano jurisdiccional europeo, al órgano legislativo y, en su caso, puede que a la propia Comisión. Y de esas derivadas sí que va a tener que hacerse cargo el nuevo gobierno de coalición que, a pesar del griterío que formen sus oponentes, no podrá dejar de actuar según los intereses de España que, desde luego, pasan por no incurrir en apercibimientos ni sanciones de la UE por el incumplimiento de sus tratados. Entre ellas se encuentra la de dar cumplimiento a las sentencias del TJUE.

Las cosas tienen que comenzar a chirriar en Bruselas. El Parlamento Europeo no ha tenido duda a la hora de considerar que tanto Junqueras como Puigdemont y Comín son diputados electos desde el día de su proclamación y los espera a los tres en el próximo pleno del día 13 de enero. Es más, uno de los grupos parlamentarios tiene como vicepresidente a Oriol Junqueras sin más aspavientos por parte de la institución. Nada ha influido esa comunicación realizada por la Junta Electoral Central. Eso sí, las extrañas situaciones que se siguen produciendo en nuestro país se acumulan en las instituciones europeas. A esas se ha sumado ahora la de una JEC que decide inhabilitar al president de la Generalitat y a Oriol Junqueras un día antes del inicio de la investidura del presidente del Gobierno y que ese mismo día hace una nota de prensa, suficiente para que la oposición la use para intentar reventar el pacto de Gobierno, pero que no comunica su resolución hasta investido el presidente, momento en el que descubrimos que en realidad deja esa inhabilitación en manos del Parlament. Una copia de esa resolución, con sus fundamentados cinco votos particulares, también ha acabado en Bruselas. Eso por no hablar de la demanda de anulación que se presentó en junio en el TJUE por la decisión del Europarlamento, con su anterior presidente, de aceptar la lista reducida enviada por la JEC y no la lista oficial publicada en el Boletín Oficial del Estado que es la que, según la sentencia dictada, es la válida.

Tenemos la negativa del juez Llarena a retirar las euroórdenes contra Puigdemont y Comín en cumplimiento de la sentencia del TJUE, que declara la inmunidad de todos ellos desde el mismo día, cosa que la justicia belga cumplió ya el 2 de enero. A eso hay que sumar la respuesta que sobre la aplicación de la sentencia proporcione el tribunal del Supremo que planteó las cuestiones prejudiciales que se han resuelto. Esta respuesta puede chocar con la comprensión que de la misma tenga el Parlamento Europeo. ¿Qué va a hacer entonces el Europarlamento dejarlo correr o acudir a la Comisión? Cuando esas cosas pasan, son los gobiernos los que deben dar respuesta. Quizá la de sostenella y no enmendalla sea la más hispánica pero no la más conveniente a los intereses de España.

El Tribunal Constitucional también entrará en juego próximamente, para varias de estas cuestiones, incluyendo la que interpondrá Junqueras si considera que el TS no aplica bien la sentencia de Luxemburgo más los casos de Sánchez, Turull y Rull que ya han planteado que se violó su inmunidad cuando el Supremo no planteó un suplicatorio después de su elección el 28 de abril. El nuevo clima político quizá propicie que las voces que ya empezaron a alzarse sobre esa omertà de la unanimidad en las resoluciones se afiancen en su empeño de reflejar sus disensiones jurídicas en los votos que sean precisos.

La madeja no sólo es compleja sino que es tenaz y creciente. Quizá sea muy importante de cara a desenmarañarla que, como bien dijo Aristóteles, cuente el nuevo Gobierno con quien sepa cómo se ha anudado por mor de saber cómo desenredarla y porque después del nudo viene el desenlace y éste no puede obviar el maremagnum jurídico generado.

Todo ello sin olvidar que cualquier decisión soberana del Gobierno que ataña, ni de lejos, a estas cuestiones va a ser utilizada por la feroz oposición para convertirles en vende patrias. Ya han lanzado la especie de que la más que probable sustitución de la fiscal general del Estado sería una concesión ante los independentistas, como si no fuera obvio y yo no les hubiera contado (Segarra, la fiscal de Ikea) que su desempeño ha dejado mucho que desear y no precisamente por motivos políticos sino por su escaso peso profesional. Segarra fue un error de la ministra Delgado, eso es cierto, pero esta sin embargo ha cosechado alguna antipatía de más por haber defendido posturas más jurídicas que patrióticas y puede que eso le acabe pasando factura a pesar de que, en el futuro más próximo, van a ser necesarias más voces de ese tenor.

El nuevo gobierno de coalición, autoproclamado como radicalmente europeísta, cosa que aplaudo, va a tener que elegir entre comportarse como socio convencido de la Unión Europea o como salvapantallas del Tribunal Supremo. Al tiempo. Los cordiales saludos entre Sassoli y Pedro Sánchez, el presidente del Europarlamento fue de los primeros en felicitarle, parecen augurar una posición y no la otra. El resto del contexto, también.

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