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1.400 voces y 65.000 firmas contra los recortes en derechos humanos

Este es el diario de una acción llevada a cabo por activistas de Amnistía Internacional el miércoles 15 de enero en Madrid. Durante toda la jornada, se han escuchado multitud de voces en las calles de la capital, así como en las sedes de los Ministerios de Sanidad, Interior y Fomento, el Congreso de los Diputados y el Palacio de la Moncloa, exigiendo el fin de los recortes en derechos humanos llevados a cabo por el Gobierno de Rajoy con la excusa de la crisis económica.

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Una furgoneta de AI España ha recorrido las calles de Madrid emitiendo las voces de más de 1.400 personas © Amnistía Internacional

Una furgoneta de AI España ha recorrido las calles de Madrid emitiendo las voces de más de 1.400 personas © Amnistía Internacional

Son las 7:30 en el Paseo de La Castellana de Madrid y un grupo de activistas de Amnistía Internacional se reúne para ultimar la acción de este 15 de enero. Se reparten los petos amarillos con el logotipo de la organización y se repasa con todo detalle el plan de la jornada.

Pocos minutos después, aparece una furgoneta negra serigrafiada con la imagen del presidente Rajoy y un mensaje escrito en letras bien visibles: “Mariano Rajoy y su Gobierno #NoEscuchan”. La conductora se acerca despacio a los activistas y acciona el megáfono que lleva acoplado en el vehículo. Suenan los primeros mensajes que durante todo el día estarán emitiéndose por las calles principales de la ciudad: “Rajoy, menos excusas y más derechos”; “No son recortes, son violaciones de derechos humanos”.

Hay 1.400 mensajes de voz recogidos desde el mes de octubre hasta hace pocos días en 30 ciudades españolas como Barcelona, Vitoria-Gasteiz, Vigo, Granada o Zaragoza. Cientos de activistas, como los que hoy los han entregado en la sede de la la Presidencia del Gobierno, el Palacio de la Moncloa, han participado en la campaña. Los mensajes de voz se han acompañado de 65.000 firmas obtenidas en la calle y a través de Internet que exigen el fin de los recortes en derechos humanos.

Arranca la furgoneta y empieza la acción. Recorren las arterias financieras de Madrid para alcanzar el Ministerio de Fomento, lugar donde se ubica la Dirección General de Vivienda y uno de los responsables de que el derecho a la vivienda no se proteja en España.

“Un gobierno no puede permitir que una persona se quede en la calle como consecuencia de un desalojo si no tiene recursos para proveerse de otra vivienda”, dice Eva Suárez-Llanos, directora adjunta de Amnistía Internacional. “Los desalojos son el último recurso y no pueden llevarse a cabo de cualquier manera, hay salvaguardias de derechos humanos que tienen que respetarse. El gobierno debe paralizar los desalojos forzados y proteger el derecho a la vivienda”.

Pasan las horas y los mensajes se confunden entre el ruido del tráfico de una ciudad que despierta y una ciudadanía que no se rinde.

AI ha entregado 65.000 firmas para exigir al Gobierno el fin de los recortes en derechos humanos © Amnistía Internacional

AI ha entregado 65.000 firmas para exigir al Gobierno el fin de los recortes en derechos humanos © Amnistía Internacional

En el Ministerio del Interior se viven los momentos más tensos. La Guardia civil custodia el Palacete que alberga la sede de Interior y la tensión se masca dentro de la furgoneta, según se van ganando metros hasta la puerta principal del edificio. El volúmen de la megafonía está al máximo permitido, con el objetivo de atravesar los cristales del despacho donde trabaja el ministro. “Los derechos humanos ni se golpean ni se silencian”.

“Desde que comenzó la crisis económica y el Gobierno aplicó sus políticas de austeridad, han sido miles las personas que han salido en la calle a defender sus derechos. A algunas de ellas, las autoridades les han estigmatizado y otras han sido víctimas del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Hoy queremos recordar que no están solas y que no han cometido ningún delito. Además, no debe seguir imperando el clima de impunidad. La correcta identificación de los agentes es clave”, asegura Suárez-Llanos.

El día va transcurriendo y la acción se desplaza ahora al Ministerio de Sanidad. La reforma sanitaria que supone la aplicación del Real Decreto-Ley 16/2012 -vigente desde septiembre de hace dos años- ha dejado a 873.000 personas inmigrantes en situación administrativa irregular sin tarjeta sanitaria. Personas con cáncer o diabetes no tienen acceso a la salud. Además, la atención sanitaria es una vía para detectar la violencia de género y la trata de personas. El Gobierno debe garantizar el derecho a la salud para todas las personas sin discriminación.

“En tiempos de crisis hay que proteger los derechos de los más vulnerables, no recortarlos”. “El derecho a la salud hace justicia” braman los altavoces de la furgoneta, mientras viandantes y funcionarios se vuelven sorprendidos ante una furgoneta tan “ruidosa”.

La furgoneta de AI ha llegado hasta el Congreso con las voces de 1.400 personas © Amnistía Internacional

La furgoneta de AI ha llegado hasta el Congreso con las voces de 1.400 personas © Amnistía Internacional


Dentro del vehículo, la moral está alta. Es casi mediodía y es momento de enfilar rumbo a La Moncloa, donde se cuenta con una recepción amable. Hace semanas que se llevan tramitando los permisos y al menos se espera que alguna autoridad acuda a la puerta a hacerse cargo de los mensajes y las firmas. Es un mero detalle de cortesía, pero las aspiraciones se truncan, cuando en la curva de la Avenida de Puerta de Hierro, agentes de las fuerzas de seguridad impiden la circulación de la furgoneta. Esperan los medios de comunicación, se hacen declaraciones exigiendo el fin de los recortes en derechos humanos llevados a cabo por el Gobierno de Rajoy con la excusa de la crisis económica.

Acompañan en este momento, Mohamed Raji y Consuelo Badí. Ambos son ejemplo de lo que Amnistía Internacional denuncia.

Mohamed consiguió que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos fallara en su favor en enero de 2013. Evitó el derribo de su vivienda, situada en La Cañada Real y en la que residía junto a su mujer y su hija que quería efectuar el Ayuntamiento de Madrid.  El Tribunal solicitó que el derribo fuera paralizado hasta que el Gobierno español no proveeyera información precisa y rigurosa sobre las medidas que habían tomado las autoridades locales para asegurar una vivienda adecuada y servicios sociales a dicha familia. En 2006, la familia pidió una vivienda de protección oficial, y al recibir la orden de desalojo solicitó una vivienda por especial necesidad. Ninguna de las dos solicitudes ha sido resuelta y a fecha de hoy no cuentan con una vivienda alternativa pero, al menos, la justicia le dio la razón. Fue un paso adelante. El primero de una larga batalla que aún continúa.

Consuelo, por su parte, era una de las miles de personas que se manifestó en apoyo de la marcha de los mineros de julio de 2012. Recibió un impacto de una pelota de goma de uno de los policías que se encontraba a unos 30 metros de distancia. Como consecuencia del impacto de la pelota, tuvo que permanecer dos meses ingresada en el Hospital de la Princesa, con un traumatismo cerrado en hemotórax derecho, fracturas en las costillas y en las vértebras e insuficiencia respiratoria. Consuelo padecía además una insuficiencia renal que se vio agravada al recibir este golpe, y tuvo que recibir un total de 20 sesiones de rehabilitación. A pesar de presentar varios testimonios y grabaciones de lo ocurrido, su denuncia ha sido sobreseída al no ser posible identificar al presunto agresor.

Finalmente, la verja no se abre para el vehículo, aunque las firmas se entregan a pie. La furgoneta emprende el camino de regreso, no sin antes volver a pasar por los Ministerios implicados y el Congreso de los Diputados. La voz de la gente puede traspasar cualquier muro. “Hasta que nos escuchen, nos van a oír” #NoEscuchan

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