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El polémico nombramiento de Rafael Moreno y los problemas para cubrir cargos en la Consejería de Empleo

Rafael Moreno (FOTO: rafaelmorenosegura.blogspot.com.es)

Olga Granado

“He tenido una bienvenida abrupta, pero estoy centrado en mi nuevo cometido”, responde Rafael Moreno, cuyo reciente nombramiento como director general de Políticas Activas de Empleo de la Junta de Andalucía ha generado bastante polémica ya que tiene a sus espaldas tres condenas, todas por faltas. “Para mí es un reto y lo afronto como mucha ilusión, trabajando 10 y 12 horas diarias para que se cumplan los compromisos de la presidenta, Susana Díaz, en materia de políticas activas de empleo”, continúa, convencido de que el ruido en torno a su nombramiento irá pasando.

El que ha sido regidor de Huévar del Aljarafe (Sevilla) durante 18 años por mayoría absoluta, hasta que en las últimas elecciones municipales decidió no concurrir para dar paso a “gente nueva”, insiste en que los programas de los que ahora es responsable “necesitan una reactivación” y en ello está inmerso, “visitando a alcaldes de todo color político, a empresas, a agentes sociales...”. No entra a valorar si fue la única opción que le quedó a la presidenta para ocupar el puesto por la resistencia que otros candidatos habían mostrado para ejercer responsabilidades en la Consejería de Empleo debido a la judicialización en la que está inmersa. “Me indigna tener que recibir lecciones de gente que no son ejemplo, pero no voy a entrar en el fango”, concluye.

Son los primeras palabras que concede a un medio de comunicación este hombre que lleva dos semanas sirviendo de arma arrojadiza contra el Gobierno de Andalucía, pero que no deja de ser una consecuencia del distinto rasero con el que los partidos asumen el juego con los señalados, imputados, investigados, y ahora, también condenados, por la justicia, y en este caso, más, porque todos los focos continúan sobre las políticas en materia de empleo.

De hecho, cuando en el último pleno del Parlamento de Andalucía el líder del PP-A, Juan Manuel Moreno, preguntó a Susana Díaz si “¿acaso no había otro?” para haber tenido que nombrar a Rafael Moreno, quizá no sabía que efectivamente no había mucha gente dispuesta para ese cargo. La presidenta recurrió a la vieja fórmula del “y tú más”, y le echó en cara que las listas del PP para las elecciones generales del 20 de diciembre incluyen a la exacaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz) María José García-Pelayo, cuyo nombre figura en el sumario de la trama de la Gürtel, si bien todavía no está imputada. En paralelo, el PSOE-A no ha perdido ocasión de criticar que Podemos lleve en sus listas, como número 1 para el Congreso de los Diputados por Jaén, a otro condenado, Andrés Bódalo, por una agresión contra un edil.

Lo cierto es que el nombramiento se ha producido después de cinco meses con la vacante sin cubrir, igual que ocurría con la de la Dirección General de Relaciones Laborales, que también se revolvió en el Consejo de Gobierno del pasado 10 de noviembre. Los sindicatos habían criticado esto en varias ocasiones, pero el Gobierno de Andalucía estaba encontrando muchas dificultades por la sombra del caso ERE. Lo han confirmado en la propia Consejería de Empleo cuando se ha preguntado por estas plazas, y les consta que antes de que en Rafael Moreno “se pensó en otras personas”. Pero precisamente a este licenciado en derecho que en estos momentos intenta sacarse también geografía e historia, que estaba en el paro desde su salida de la alcaldía, le ofrecieron previamente otras cosas, según confirman desde el PSOE-A, que no le convencieron, como sí lo ha hecho esta dirección general.

Y no había sido fácil dadas otras estampidas cuando se había puesto sobre la mesa la opción de entrar en el equipo de la Consejería de Empleo. Es más, cabe recordar que cuando muchos daban por segura la salida del consejero José Sánchez Maldonado con la constitución del nuevo Gobierno de Andalucía el pasado mes de junio, éste no sólo se mantuvo, sino que asumió otro tema peliagudo: las responsabilidades de formación, inmersas también igualmente en un proceso en los tribunales y objeto de una comisión de investigación y que volvieron a este departamento tras haber pasado por la hasta entonces Consejería de Educación.

No van contra el código ético

El nombramiento no va contra el código ético del PSOE porque no está condenado por los temas que específicamente figuran en el documento como motivos para vetarlo: “delitos relacionados con la violencia de género o la libertad e indemnidad sexuales (acoso, abuso o violación) o contra la integridad moral, o aquellos ligados a la corrupción”. En este sentido, desde el PSOE-A, que arroparon a Rafael Moreno cuando este martes se pasó por el mitin de Susana Díaz en un hotel de Sevilla, insisten en meter en un contexto de “batalla política” en el propio municipio, de 3.000 habitantes, las causas que ha habido contra él.

En concreto, las tres condenas contra Rafael Moreno son: en 2011, 20 días de multa a razón de 10 euros diarios, más las costas, por una falta de injurias a un policía local -que él insistía en que hacía campaña con los populares- usando su perfil de Twitter; una multa de 600 euros ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en 2014 por enviar una carta a todos los vecinos y difundir un vídeo a través de Youtube en vísperas de las elecciones autonómicas; y en 2015, una multa de 320 euros por una falta de agresión contra un árbitro en un partido de fútbol con el equipo de su pueblo, una sentencia de 30 folios que está recurrida en la Audiencia de Sevilla porque tiene testigos que demostrarían que no fue él quien le pegó.

Sin embargo, hay quien en el PSOE-A sugiere que hubiera sido más conveniente esperar, por lo menos hasta que pasaran las elecciones generales, porque han dado alas a la oposición. “Ni siquiera están haciendo toda la sangre que podrían”, comenta un cargo del PSOE-A, que como otros, prefiere no expresarlo públicamente. Estos críticos con el nombramiento, que en realidad cuesta encontrarlos porque en el PSOE-A han hecho piña con la decisión, vienen a compartir el comentario del líder de C's, Juan Marín. Éste se ha limitado a decir que “no es un acierto”, la expresión más tibia que desde la oposición se ha hecho sobre el asunto y que lógicamente ha venido desde el partido que mantiene un pacto de no agresión con el Gobierno de Susana Díaz.

Para la mayoría de la oposición, no obstante, el asunto es grave. Comenzando por el PP-A, que ha pedido ya la comparecencia del consejero para que “dé explicaciones”. La secretaria general del PP-A, Dolores López, ha opinado que “se ha puesto al zorro a cuidar las gallinas”, en referencia a la deuda de 20 millones de euros que dejó con la Seguridad Social en las arcas municipales. “Ni queriendo se puede hacer peor”, ha dicho la número 2 de los populares, convencida de que se trata de “una ofensa y una vergüenza”. El tema también aparecía en el mitin que este martes ofrecían los conservadores en Tomares (Sevilla), donde Juan Manuel Moreno volvió a arremeter contra este nombramiento.

Mientras, el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, ha manifestado que el nombramiento es “absolutamente desacertado” y que Susana Díaz “se está luciendo” con estas decisiones. En su opinión, lo que se necesitaría es a una persona con “competencia, liderazgo y capacidad para desarrollar y desatascar las políticas activas de empleo que tanto daño están generando en Andalucía”.

Por el contrario, José Sánchez Maldonado ha salido en defensa de Rafael Moreno, por entender que le avala su trayectoria de varios mandatos gestionando con mayoría absoluta el Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe, donde ha obviado la millonaria deuda con la Seguridad Social que ha dejado y que durante meses acumuló nóminas sin pagar a los trabajadores municipales porque no es el único consistorio en esta situación. En este sentido, el consejero ha valorado que, en su nuevo cometido, “habrá que dejarle que empiece su labor y darle al menos 100 días”. En términos parecidos se expresaba el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, esta semana: “El que nunca haya tenido una multa de tráfico o haya cometido algún tema administrativo que levante la mano”.

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