Las medidas antidesahucio de Baena benefician a su primera familia
Dentro de un salón repleto de fotografías familiares, María Pérez (nombre ficticio para conservar su anonimato por razones familiares) explica y muestra su satisfacción con una medida que le ha evitado el tener que dejar su hogar el pasado 25 de enero. Ella de 41 años, su marido de 46, cuatro hijos y una nieta siguen bajo el mismo techo a pesar de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Baena había mandado ejecutar el lanzamiento hipotecario.
El matrimonio acudió al Ayuntamiento para informar de su inminente desalojo. Adeudaban 93.000 euros a una entidad bancaria. Acudió a las oficinas municipales tras conocer la noticia de que el Consistorio (PSOE) había generado un fondo inicial de 100.000 euros destinado a comprar las casas sobre las que pesa amenaza de desalojo.
María y su familia han sido los primeros en beneficiarse de esta medida. Tras dejar de pagar la hipoteca, la casa ha sido adquirida por la empresa StabfundSpain S.L, que abonó 46.600 euros en el remate hipotecario después de una subasta judicial. Ha sido el propio Ayuntamiento el que se ha puesto en contacto con la empresa propietaria y ambos se han dado un plazo de dos meses para llegar a un acuerdo que pasa, previsiblemente, por que el fondo municipal sufrague la compra del inmueble y luego sea cedido en alquiler a esta familia.
Con cinco años en paro, todas las prestaciones agotadas y un nuevo nieto que nacerá en los próximos meses, la matriarca ve “una triste guasa” que la vivienda en la que habitan desde 2005 se hubiese quedado vacía por no poder hacer frente a una hipoteca. Pérez lamenta esta situación tras una vida intensa de trabajo en la que su marido ha sido “multiusos”, ya sea como albañil, fontanero “o cualquier arreglo” que se precie. Ella, por su parte, ha estado recogiendo aceitunas o de trabajadora en una empresa de limpieza.
Ahora la esperanza se ha instalado en su casa, al menos por dos meses. Los inquilinos esperan que el Ayuntamiento de Baena cierre un acuerdo con la empresa propietaria y puedan pronto vivir de alquiler.
María Jesús Serrano, la alcaldesa, ha dicho que el fondo de 100.000 euros se modificará “las veces que haga falta” para atender “a los posibles casos que vayan llegando”. El Ayuntamiento tiene un estudio facilitado a eldiario.es/andalucia en el que se prevén unas cinco ejecuciones hipotecarias al año, con una valor catastral medio de entre 60.000 y 90.000 euros que, tras la quita del banco, supondría un desembolso municipal de entre los 30.000 y 35.000 euros por vivienda adquirida.
“No es la solución”
Desde la Plataforma Stop Desahucios de Córdoba agradecen esta medida pero aseguran que “no es la solución”. La solución definitiva para esta plataforma pasa por reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil. En opinión del portavoz en Córdoba de dicha plataforma, Rafael Blázquez, está bien “cualquier cosa” que se haga desde una institución local para proteger a las familias, pero esta medida “no puede ser la solución, ya que los ayuntamientos no tienen recursos suficientes como para quedarse con las casas de toda la gente a la que están desahuciando”.
