Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.

El Ayuntamiento de Zaragoza impulsa una oficina municipal contra la corrupción

Primera reunión del proceso de participación para la Oficina Municipal contra la corrupción..

ElDiarioAragón

Zaragoza —

Siguiendo el ejemplo del consistorio de Manuela Carmena - aunque confían que con mejor fortuna-, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha un proceso de participación para definir el funcionamiento de su propia Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción. Ayer, el alcalde Pedro Santisteve, acompañado por el consejero de Economía, Fernando Rivarés, mantuvo una primera reunión de trabajo con entidades sociales, desde sindicatos a organizaciones empresariales, pasando por asociaciones vecinales y juristas.

Santisteve explicó que, en un contexto en el que las encuestas sitúan a la corrupción como la segunda preocupación de la ciudadanía, solo por detrás del paro, “es obligado generar procedimientos de prevención y lucha contra la corrupción en el ámbito de la administración local, evidentemente en colaboración con entidades que, se ha visto, no alcanzan a cubrir esta lucha de forma adecuada, como las Intervenciones o las Cámaras y Tribunales de Cuentas”.

Justo ayer se conocía que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) había acordado suspender de forma cautelar la labor de inspección de la Oficina Antifraude del Ayuntamiento de Madrid. A este respecto, Santisteve apuntó que, con la redacción del proyecto actual, que “va más allá”, la organismo zaragozano salvaría el escollo provocado por lo que en Madrid el TSJM ha calificado como una invasión de competencias de la Intervención.

Con todo, para acabar de pulir el anteproyecto, se va a someter a consulta pública a través de la web municipal durante los próximos tres meses. En la presentación, alcalde y consejero anunciaron además su intención de buscar el consenso de los grupos municipales para elaborar el reglamento, que deberá ser aprobado finalmente por el Pleno.

Fuentes municipales confían en que este nuevo organismo saldrá adelante con el apoyo de PSOE y Chunta Aragonesista, que incluyeron medidas similares en sus programas electorales. Este fue además uno de los puntos recogidos en el acuerdo de investidura.  

Investigar aumentos del patrimonio

Según recoge el anteproyecto, la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción se plantea como un órgano independiente. Su función será la de alertar e investigar el uso ilícito de fondos públicos, las situaciones de incompatibilidad y conflictos de intereses o los casos en los que haya un aprovechamiento privado de información obtenida en el desempeño de funciones para el Ayuntamiento.

Además tendrá una función preventiva, evaluando áreas de riesgo e impulsando códigos de buenas prácticas que fomenten la ética pública, la transparencia y la integridad de cargos y empleados públicos.

La oficina también sería la encargada de gestionar el Registro de declaraciones patrimoniales y de actividades, pudiendo investigar los incrementos de patrimonio de los cargos públicos con informe motivado que lo justifique. También se ocuparía del nuevo Registro de lobbistas y lobbies.

Un director elegido por mayoría amplia

El anteproyecto de reglamento plantea que al frente de este nuevo organismo haya un director o directora, que deberá ser “una persona de reconocida trayectoria democrática y de prestigio” y que no podrá estar afiliada a ningún partido político, sindicato o asociación empresarial. El nombramiento será propuesto por el Gobierno y aprobado por tres quintas partes del Pleno. Por tanto, Zaragoza en Común, con solo 9 concejales en una corporación formada por 31 ediles, no podría sacar adelante este nombramiento si no es con el apoyo de, al menos, PSOE (6) y Ciudadanos (4), o bien del PP (10).

El anteproyecto del reglamento plantea que el director de la oficina podrá abrir una investigación de oficio o porque se lo solicite el Pleno. Actuará por iniciativa propia cuando al analizar áreas de riesgo considere que hay que realizar una inspección o cuando haya una denuncia externa que, tras ser estudiada, presente indicios razonables de veracidad.

En este sentido, cualquier persona podrá dirigirse a la oficina para comunicar presuntas prácticas fraudulentas, conductas ilegales o corrupción. Se preservará su confidencialidad y la de las actuaciones que denuncie mediante la aplicación del estatuto del denunciante de buena fe. No se admitirán denuncias anónimas.

Cuando concluya su investigación, el director de la oficina informará al órgano competente para que adopte medidas. En caso de que haya presuntas conductas delictivas, lo comunicará al fiscal o a la autoridad judicial.

Etiquetas
stats