Huesca aprueba sus presupuestos de 2026 gracias a un ex concejal de Vox: con una mayoría frágil y la mirada puesta en el 8F

La presentación de los presupuestos municipales de Huesca para 2026 ha vuelto a dejar al descubierto la fragilidad política del Ayuntamiento y la dificultad para construir mayorías estables en un mandato marcado por la aritmética y por un contexto autonómico cada vez más determinante. A pocas semanas de las elecciones aragonesas del 8 de febrero, el consistorio oscense encara el próximo ejercicio con las cuentas de 65,5 millones de euros aprobadas, pero también con un clima de tensión política que condiciona las perspectivas de gobierno en el año previo a unas nuevas elecciones municipales.

El equipo de gobierno del Partido Popular, encabezado por la alcaldesa Lorena Orduna, ha logrado sacar adelante el presupuesto gracias de nuevo al apoyo del concejal no adscrito Antonio Laborda, exintegrante de Vox. Su voto ha sido decisivo en la comisión de Hacienda y apunta a serlo también en el pleno del próximo 7 de enero, repitiendo así el esquema que ya permitió aprobar las cuentas de 2025. PSOE y Vox votaron en contra, consolidando un escenario en el que el PP gobierna en minoría y depende de un solo edil para sostener las principales decisiones económicas del mandato.

Desde el equipo de gobierno se defiende que el presupuesto para 2026 “garantiza la estabilidad financiera del Ayuntamiento y permite desarrollar las líneas estratégicas anunciadas desde el inicio de la legislatura”. Entre ellas, destacan el mantenimiento del gasto en servicios públicos, inversiones urbanas y la eliminación de la plusvalía municipal, una medida fiscal que el PP presenta como un alivio para las familias y que ha sido subrayada como uno de los ejes del próximo ejercicio. El discurso del gobierno municipal insiste en que Huesca necesita certidumbre y que la aprobación de las cuentas evita una prórroga presupuestaria que limitaría la acción municipal.

Sin embargo, la oposición cuestiona tanto el contenido del presupuesto como el método empleado para aprobarlo. El PSOE ha criticado la falta de diálogo real durante la negociación y sostiene que el equipo de gobierno no ha incorporado propuestas de calado planteadas por los socialistas, más allá de ajustes menores. Los concejales del grupo municipal socialista denuncian que el PP gobierna “de espaldas” a la oposición y que la aprobación de las cuentas responde más a una estrategia de supervivencia política que a un proyecto compartido de ciudad.

Vox, por su parte, ha endurecido su discurso contra el gobierno municipal tras la salida de Antonio Laborda de su grupo. La formación considera que el PP ha optado por una vía “cómoda” al apoyarse en un concejal tránsfuga en lugar de negociar un acuerdo político estable. Desde Vox se insiste en que el presupuesto no refleja sus prioridades y se acusa al equipo de gobierno de falta de rumbo y de utilizar a Laborda como sostén puntual para evitar concesiones programáticas.

La figura del concejal no adscrito se ha convertido así en el eje de la gobernabilidad municipal. Antonio Laborda justifica su apoyo en la necesidad de evitar bloqueos y garantizar el funcionamiento del Ayuntamiento, un argumento que el PP hace suyo cuando se le reprocha la dependencia de un solo voto. Para la oposición, en cambio, esta situación evidencia una debilidad estructural: cualquier desacuerdo o cambio de posición del edil puede comprometer decisiones clave, desde modificaciones presupuestarias hasta proyectos estratégicos.

Este equilibrio inestable se produce, además, en un momento de máxima tensión política en Aragón. El adelanto electoral tras el bloqueo presupuestario en las Cortes ha trasladado la confrontación autonómica al ámbito local. En Huesca, como en otros municipios, las posiciones se han endurecido y cada votación relevante se interpreta también en clave de campaña. El PP busca proyectar una imagen de gestión y estabilidad frente al PSOE, que se presenta como alternativa de gobierno tanto en Aragón como en la capital oscense, mientras Vox trata de marcar perfil propio tras su ruptura interna en el Ayuntamiento.

Las elecciones del 8 de febrero añaden incertidumbre a las perspectivas de 2026. Un cambio en el Gobierno de Aragón podría alterar las relaciones institucionales y la llegada de inversiones, mientras que una continuidad del actual escenario mantendría la tensión entre bloques. En este contexto, el Ayuntamiento de Huesca aparece como una administración que funciona, pero con márgenes políticos muy estrechos y sin una mayoría clara que permita planificar a medio plazo con comodidad.

A nivel local, los presupuestos aprobados permiten afrontar el próximo ejercicio sin sobresaltos inmediatos, pero no despejan las dudas sobre la capacidad del gobierno municipal para impulsar proyectos de mayor alcance o afrontar debates de fondo, como el modelo de ciudad, la política de vivienda o el desarrollo económico. La oposición seguirá ejerciendo presión desde el pleno, consciente de que cualquier fisura en el apoyo de Laborda puede abrir una crisis política.

Así, Huesca entra en 2026 con las cuentas en orden, pero con un Ayuntamiento condicionado por una mayoría frágil y por un clima político marcado por la confrontación autonómica. La estabilidad presupuestaria contrasta con la inestabilidad política, en un equilibrio que dependerá tanto de los resultados del 8F como de la capacidad -hasta ahora limitada- de los grupos municipales para superar el bloqueo y construir acuerdos más amplios.