La violencia policial cuando llevas cámara oculta

En realidad, lo que pasó en la tarde del 6 de febrero en la plaza de toros de Valdemorillo, en Madrid, no es nada nuevo: violencia policial y abuso de autoridad por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Nada nuevo. Solo que el activista antitaurino Óscar del Castillo llevaba una cámara oculta y el vídeo que muestra las agresiones físicas y verbales que recibió por parte de un agente de la Guardia Civil se ha convertido en un problema más para el cuerpo del Tarajal. Un problema más para el Gobierno en lo que respecta a su responsabilidad sobre el control de la eufemísticamente llamada Benemérita y otras fuerzas del presunto orden. Y un problema más para los ciudadanos, que estamos indefensos ante semejantes fuerzas, aunque confiamos en que este caso ayude a que sea un problema menos, si tiene las consecuencias judiciales y políticas debidas, Ministerio del Interior a la cabeza: que no quede impune.

Óscar del Castillo llevó a cabo una acción pacífica en la localidad madrileña donde se abre la temporada taurina española: saltar al ruedo mostrando un tarjeta roja y pitando un silbato, con una camiseta con el lema ‘Ni un paso atrás. Abolición’. Cuando fue sacado de la arena por unos agentes, no opuso resistencia, como nunca antes en otros saltos similares. Son acciones que no buscan confrontación sino visibilizar la oposición, mayoritaria, a la barbarie de la tauromaquia.

Los activistas han sido agredidos en muchas otras ocasiones por parte de taurinos (es el caso de Óscar del Castillo, e incluso el mío propio, que no tengo ni media hostia; de las de ellos, quiero decir). Y aunque no se pueda afirmar que los agentes del orden se dejen la piel en defendernos, el mismo Óscar reconoce que gracias a su protección no ha sufrido otras veces agresiones más serias. Para eso están.

Por eso lo que sucedió en Valdemorillo es de una enorme gravedad. Óscar del Castillo fue conducido por la Guardia Civil a un mugriento y apartado rincón bajo las gradas de la plaza, junto a los toriles donde sacan a rastras a los toros que torturan y matan, o como en esta ocasión, a los novillos, crías de entre dos y tres años que iban a martirizar picadores y toreros que ni siquiera tienen experiencia en matar, pues los que participan en las novilladas no suelen haber recibido aún la alternativa. Poco hay que añadir a lo que sucedió en esos bajos fondos de la moral, pues el vídeo habla por sí solo y la brutalidad del agente que agredió al activista es una evidencia: golpes, insultos y amenazas, todo ello con una ira que sí da mucho que concluir.

Concluimos que nuestra seguridad está en manos de violentos, o de quienes con su pasividad son sus cómplices. Es el caso: de los alrededor de siete agentes de la Guardia Civil que están en la siniestra escena, ninguno detiene al agente agresivo. Todo lo más, ese que ejerce de poli bueno mientras el otro golpea y se desgañita. Golpea y se desgañita portando un arma. Golpea y se desgañita teniendo a su merced a un ciudadano desarmado y admirable, antes y después: cuando se atreve a saltar en defensa de los animales víctimas de la violencia y cuando no pierde los nervios a pesar de estar siendo víctima también de quienes tienen el deber de velar por los ciudadanos.

La pregunta es qué habría pasado después de esos hechos si Óscar del Castillo no hubiera llevado una cámara oculta. La respuesta es nada. Y lo cierto es que la gran mayoría de los ciudadanos no vamos por la vida con cámara oculta, de lo que se puede deducir que estos abusos sean habituales y por supuesto queden impunes por indemostrables. Es la palabra del ciudadano contra el corporativismo de los agentes y frente a la desfachatez del Gobierno ante esta clase de hechos. No hay más que remitirse a las terribles imágenes sobre la actuación de la Guardia Civil en la playa del Tarajal (donde murieron 15 inmigrantes y otros 25 fueron expulsados “en caliente” por los agentes) y remitirse después a las versiones sobre las mismas que dio el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. El ministro de la Ley Mordaza, esa que (oh, casualidad) prohíbe grabar a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Aunque te estén dando de hostias o seas testigo de ello.

Estos cuerpos y estos ministros no tienen legitimidad alguna para colarnos sus versiones sobre los hechos violentos en los que se ven involucrados con mucha más frecuencia de la tolerable en un Estado de Derecho. Y después de Valdemorillo, menos. Pero sobrecoge e indigna pensar en todas las veces que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ejercen un abuso de poder sobre los ciudadanos que queda impune. Esa indefensión y esa injusticia de la que son cómplices los compañeros de uniforme, los cargos superiores, los políticos, los jueces. Ha sucedido en las playas, en las calles, en los cuartelillos, en los calabozos, en los CIE. ¿Vamos a tener que llevar siempre los ciudadanos una cámara oculta para poder demostrar que esa violencia existe y que su depuración es obligación de un Estado democrático?

Ante el vídeo grabado en Valdemorillo, la Guardia Civil ya está preparando versiones parecidas a las del ministro Fernández Díaz: han tenido el deshonor y la desvergüenza de poner en duda que la persona que agrede y grita sea un agente de la Guardia Civil. Pero tienen un problema: el vídeo es incontestable.

Y tienen otro problema: esta agresión se suma a las muchas en las que se están viendo envueltos (incluyendo lo de Alsasua y esos turbios tejemanejes que ya han costado la prisión preventiva a varios jóvenes) y los ciudadanos no tienen por qué tolerarlo más. Ni un paso atrás, decía la camiseta de Óscar del Castillo. Y no lo daremos ante su violencia. Ni dentro ni fuera del ruedo de la tortura. Es una cuestión de justicia y de paz que exigimos a la Guardia Civil, al Ministerio del Interior, a la Fiscalía y al Gobierno.

Y, por supuesto, abolición.