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Efecto Can Vies: prisiones preventivas, detenciones, identificaciones masivas y violencia policial

Los abogados no descansan para combatir legalmente todos los abusos que consideran que ha habido durante las protestas

Hay dos personas en prisión preventiva, se ha detenido a 67 manifestantes y ya hay una denuncia de un joven por haber sido agredido por los Mossos d'Esquadra

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Manifestación de apoyo a Can Vies por el centro de Barcelona / Enric Català

Policías de paisano detienen a un manifestante / Enric Català

Pasada la semana de manifestaciones en las calles de Sants y del centro de Barcelona contra el desalojo de Can Vies, los abogados que defienden a los detenidos durante las protestas -las dos personas en prisión preventiva o las que denuncian abusos policiales- no han parado de trabajar. El balance de estos días les preocupa, ya que consideran que, a nivel judicial, se han tomado decisiones "más mediáticas que judiciales". Así lo explica Jaume Asens, de la comisión de defensa de los derechos de la persona del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.

Los casos más extremos son los de dos de las personas detenidas, para las que se decretó prisión preventiva. Nahxeli Beas, abogada de Sergi, uno de los presos, considera que la medida no tiene fundamento jurídico. "Es una medida de locos, porque Sergi no tiene antecedentes, tiene arraigo, no hay posibilidad de fuga y no tienen ninguna prueba", asegura.

Sergi, de 29 años, trabaja como auxiliar de enfermería de forma intermitente en una clínica y un hospital y "tiene una red social muy grande", remarca Beas. Es un miembro muy activo de los Castellers de Barcelona y desde su detención ha recibido apoyo de sus compañeros, que fueron a levantar un castell frente a la prisión de Brians, donde se encuentra encarcelado. También han pedido su libertad otros castellers, que han mostrado su solidaridad.

"Dice el atestado policial que lo vieron en un grupo que volcaba y quemaba contenedores, pero no detallan absolutamente nada, ni cómo ni con quién, y no pueden porque él no lo ha hecho", explica la abogada. Defiende que Sergi no participó en altercados, pero añade que aunque lo hubiera hecho, la prisión preventiva sería una medida desproporcionada. "Tenemos una persona en prisión por supuestamente volcar dos contenedores", remarca. En cambio, si se le condenara por los desórdenes públicos que se le imputan probablemente no llegaría ni a entrar en prisión.

Prohibiciones de asistir a manifestaciones

A otras personas detenidas en Sants tampoco se las ha juzgado ni condenado, pero sí se les ha prohibido acudir a cualquier manifestación hasta que sean juzgados en enero. Si lo hacen, la sentencia establece que ingresarán en prisión preventiva. Andrés García Berrio, del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la UB (OSPDH), considera que esta es una "interpretación extensiva y excepcional de la ley" y asegura que en la mayoría de casos estas medidas cautelares han sido recurridas.

Asens explica que "el juzgado argumenta que así se evitará que participen en desórdenes públicos, pero ya está prohibido participar en desórdenes; prohibirles participar en manifestaciones sin criterio es una exclusión política". Los dos letrados remarcan que un auto anterior de la Audiencia de Barcelona cuestionaba esa misma medida por restringir los derechos de reunión y manifestación.

García Berrio considera que esta medida "aparta a toda una parte de la población". "Si sumáramos todos los detenidos en manifestaciones en estos últimos años podríamos llegar a cerca de 300 personas privadas del derecho de manifestación", remarca. Y lamenta que la medida esté "generando paranoia". "En Barcelona se hacen muchos encuentros y manifestaciones, y al ser la prohibición tan amplia, los afectados no sabrán qué pueden hacer y qué no", explica.

Manifestación de apoyo a Can Vies por el centro de Barcelona / Enric Català

Manifestantes detenidos por un gran despliegue policial en la Gran Via / Enric Català

Identificaciones masivas con fotografías

Una de las actuaciones policiales más polémicas ocurrió el sábado, cuando los Mossos retuvieron a más de un centenar de manifestantes durante más de dos horas en una esquina de la Gran Via. Los identificaron y tomaron imágenes a todos. A algunos, además, la policía les obligó a ponerse prendas de ropa o las capuchas que llevaban antes de tomar las imágenes. El mismo García Berrio apareció durante esta operación y comunicó a los Mossos que estas medidas eran ilegales. Ahora, explica, están recogiendo pruebas para iniciar una acción judicial al respecto.

"Es una escena inédita que no había visto en los 20 años que llevo ejerciendo de abogado", asegura Jaume Asens. "Aparte de la restricción ambulatoria, que es algo que ya hemos visto en otras ocasiones, es inédito que obliguen a la gente a participar en sesiones fotográficas donde se ponían prendas incluso a la fuerza, como se puede ver en un vídeo", explica.

"Esto afecta tu derecho a no aportar pruebas contra ti mismo, que era el objetivo de hacerlos participar en estas sesiones de fotos en la vía pública, sin abogado ni que participara un juez", aclara Asens. "En pruebas que son contra ti mismo no te pueden obligar a participar –sean fotos o una prueba de ADN– no te pueden obligar a participar, y menos forzarte físicamente como se ha visto en este caso, después el juez valorará tu negativa", añade.

Denuncias de violencia policial

Desde que comenzaron las protestas, la Plataforma Antirepressiva Rereguarda (Retaguardia) denuncia varios casos de violencia policial. "Conocemos casos de alrededor de veinte personas con lesiones importantes y muchas personas con diferentes situaciones complicadas a nivel psicológico, de angustia, miedo, o ansiedad, vinculadas a la actuación policial", asegura García Berrio.

De momento, ya ha interpuesto una querella una persona que recibió un golpe de porra en la oreja mientras cruzaba la plaza de Sants en bicicleta, y el abogado asegura que se pondrán más. Otro caso sonado es el de un chico con síndrome de Tourette y un 66% de discapacidad que pasó una noche en comisaría después de que le fracturaran la nariz con dos golpes de porra, según explica.

Rereguarda abre una oficina de apoyo legal y psicosocial para dar apoyo a las personas que puedan haber sido agredidas durante las protestas por Can Vies. "Aparte del apoyo legal, debemos poder ofrecer un profesional a las personas que están sufriendo a nivel psicológico", asegura García Berrio. "Se está generando una situación de miedo importante a mucha gente, porque muchas personas se encuentran por primera vez en esta situación, y esto rompe con tu esquema vital", remacha el abogado.

La plataforma sigue denunciando posibles abusos policiales y ayer mismo publicó un video donde se ve a un policía disparando a un balcón:

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