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El negocio de las armas probadas en combate

Israel se ha convertido en el mayor exportador de armas por habitante del mundo, haciendo del conflicto armado y la complicidad de otros estados su modus vivendi.

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Un soldado israelí patrulla por una calle de la localidad cisjordana de Hebrón

Israel se ha convertido en el mayor exportador de armas por habitante del mundo, haciendo del conflicto armado y la complicidad de otros estados su modus vivendi. Dos datos: Israel recibe anualmente en torno a 3.000 millones de dólares de ayuda militar estadounidense y exporta un 75% de su producción militar a más de cien países. Su demanda interna es insuficiente para poder sostener la industria militar necesaria para abastecer y mantener su sistema de ocupación sobre los Territorios Palestinos; un sistema basado en la fuerza militar y el control de la población a través de sistemas de inteligencia y seguridad.

En un intento de aportar información sobre hasta qué punto España está contribuyendo a alimentar la maquinaria militar israelí, el informe ‘Defensa, seguridad y ocupación como negocio’, investiga las relaciones comerciales en materia militar, de defensa y seguridad entre España e Israel.

En el ámbito de la defensa, según los datos recogidos en este informe, el Gobierno español contribuye a la financiación de la industria de guerra israelí con más de 400 millones de euros -como mínimo- con la compra de un armamento que ha sido desarrollado y probado en las numerosas operaciones militares lanzadas contra la población palestina de los Territorios Ocupados. Este es el caso de los misiles Spike (de la empresa Rafael), los Cardom (de Elbit Systems) y de los UAV Searcher (de IAI); todos ellos fabricados por estas empresas militares israelíes y utilizados en Gaza, en muchas ocasiones provocando víctimas civiles, según afirman diversas investigaciones de organizaciones e instituciones internacionales. La propia industria militar israelí destaca esta experiencia probada en combate con fines publicitarios. Las firmas fabricantes de estos sistemas de armas adquiridos por España son las principales empresas militares impulsadas para llevar a cabo la ocupación de los Territorios Palestinos y, hoy día, tres de las compañías que mayor lucro obtienen de la perpetuación de este conflicto.

Por otro lado, las exportaciones españolas de material de defensa a Israel responden en gran parte a envíos de municiones, piezas y componentes enviados a Israel con tres finalidades principales: para consumo interno (de las Fuerzas Armadas de Israel, empresas privadas o públicas y particulares), para su ensamblaje y reexportación, o para ser sometido a pruebas, según especifican las estadísticas oficiales de la Secretaria de Estado de Comercio. Entre los productos exportados se encuentran pistolas y su partes y componentes, cartuchos, tarjetas electrónicas para el procesamiento de imágenes para fuerzas aéreas de países europeos, munición de guerra para pruebas de funcionamiento de la torreta Mini-Samson de la empresa Rafael, sistemas y componentes de misiles para el Ejército español para pruebas en Israel. En la última década, España ha autorizado la exportación de material de defensa a Israel por valor de más de 36 millones de euros, de los cuales ya se han exportado unos 22 millones de euros, lo que representa más del 60% exportado sobre lo autorizado, frente al 25% de media en el total de las exportaciones españolas. Este dato podría señalar un trato preferente a dichas exportaciones y una interpretación excesivamente laxa de la legislación española sobre el control del comercio de armas.

¿ Por qué las transferencias de armas entre España e Israel son controvertidas?

La legislación española sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso regula las exportaciones españolas de armas (no las importaciones). Esta especifica que “las solicitudes de autorización serán denegadas y las autorizaciones, (…) suspendidas o revocadas, en los siguientes supuestos: a) Cuando existan indicios racionales de que el material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos (…)”. A todas luces, España incumple su propia legislación con las exportaciones de material de defensa a Israel.

Pero las exportaciones no son las únicas transferencias cuestionables. También comprando estas armas se crea un ciclo perverso que asegura el flujo de capital necesario para poder financiar la industria militar, abaratar el coste de producción y dejar un suculento beneficio para sus comerciantes. Además, se promociona la inversión en I+D y se incentiva la fabricación de nuevos armamentos, unos armamentos que también serán puestos a prueba en combate. Y a volver a empezar -siempre y cuando continúe la connivencia y complicidad.

Recientemente, Amnistía Internacional publicaba el informe “Trigger-Happy” (Gatillo fácil) denunciando el patrón de uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas de Israel, que causaron la muerte de al menos 27 civiles en Cisjordania (25 con munición real y 2 con balas de goma) y señalaba que algunas de esas muertes podrían constituir crímenes de guerra. En 2009 otra organización, Human Rights Watch, publicaba el informe “Precisely Wrong” donde señalaba el posible uso de misiles Spike en un bombardeo realizado con drones sobre Gaza causando la muerte de decenas de personas y dañando infraestructuras civiles, unos hechos también señalados como constitutivos de crímenes de guerra por diversas investigaciones. Las torretas Mini-Samson de disparos automáticos o por control remoto adquiridas por el Ejército de Tierra español también son usadas por el ejército israelí en las fronteras de la Franja de Gaza. Tal y como señala el mencionado informe de Amnistía Internacional, diversas agencias de la ONU y diversos grupos locales e internacionales para la defensa de los derechos humanos han documentado la existencia de “un patrón de comisión de crímenes de guerra y otras graves violaciones del derecho internacional -tanto del derecho internacional humanitario como de los derechos humanos- cometidas por las fuerzas militares y de seguridad israelíes desde que ocuparon Cisjordania, incluida Jerusalén Este, y la Franja de Gaza en 1967”. En los casos señalados los abusos se cometieron con el mismo tipo de armamento que el Gobierno español ha importado o exportado a Israel en algún momento, ¿nos hace esto cómplices?

Estos son solo algunos ejemplos que ilustran cómo un conflicto armado puede convertirse en laboratorio de pruebas y feria de exposición para el complejo militar industrial dejándolo al margen del derecho internacional. Itamar Graff, consejero jefe de la Delegación de Defensa de Israel en España, reconoció que Israel (refiriéndose también a los Territorios Ocupados) es “un ‘laboratorio’ de medios de combate y de nuevas tecnologías de defensa, por una razón muy sencilla: las amenazas constantes y cada vez más sofisticadas a las que se ha visto y se ve sometido desde su creación como estado y su permanente lucha por sobrevivir“.

Sin duda, unas de las respuestas con mayor potencial para frenar este ciclo perverso se encuentra en el movimiento internacional de Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel (BDS a Israel) como estrategia noviolenta que apela a la acción de la comunidad internacional (gobiernos e instituciones, universidades y empresas, entre otros actores) para impulsar el respeto del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en Israel y en los Territorios Ocupados de Palestina como camino necesario para alcanzar una paz justa entre israelíes y palestinos.


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