La burbuja inmotecnológica estalla en Girona

El Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Girona (UdG) presentó la semana pasada concurso voluntario de acreedores, ante la imposibilidad de tapar el agujero de 42 millones de euros que arrastran sus balances. Se trata de la medida drástica que se intentaba evitar desde hacía aproximadamente un año, cuando trascendió la crítica situación en que se encontraba el proyecto, nacido en 2007 y formado por varios edificios de nueva planta que suman 36.000 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 70 hectáreas. En la práctica, esto quiere decir que a partir de ahora el juez revisará toda la gestión del parque, y que llegado el caso tomarán el control unos administradores concursales, cuyo principal interés será que los acreedores recuperen el máximo de su deuda y lo antes posible. La administración del Estado, con unos 28 millones en facturas impagadas, es el primero de la lista. Después vienen los bancos.

Fue una noticia puntual, el titular de un día, y en cambio es insólito que embarranque de forma tan estrepitosa una institución de este calado, un proyecto ambicioso y emblemático que promovieron las fuerzas vivas de Girona (además de la UdG, en su patronato se encuentran el Ayuntamiento y la Diputación de Girona, la Cámara de Comercio y la Federación de Organizaciones Empresariales de Girona) con el propósito de convertirlo en el puntal de la innovación y el polo de atracción del talento emprendedor de todo el territorio. La prensa gerundense no ha hurgado demasiado en la herida, pero en sus crónicas deja entrever que los problemas vienen de origen, es decir, de un proyecto ya inicialmente sobredimensionado, que quiso crecer demasiado rápido y que pecó de unas previsiones de ingresos poco realistas. Eso y que la Generalitat convergente no ha aportado el dinero comprometido en tiempos del tripartito.

Sorprende, sin embargo, que hace sólo un mes, el 15 de diciembre, el rector de la UdG y presidente del parque, Sergi Bonet, declarase que por primera vez se cerraría el año con unos pequeños beneficios, y que, en consecuencia, se había iniciado “el camino que nos llevará a la viabilidad”. “En 2015 –añadía–­ el parque estará saneado con respecto a la cuenta de explotación y, por tanto, sabremos de manera clara cómo se puede devolver la deuda. Todo ello dará la tranquilidad al sector industrial y empresarial; estoy convencido”. Unas declaraciones de esta índole no casan demasiado con la presentación del concurso de acreedores, especialmente porque el parque había declarado el preconcurso en septiembre y por tanto faltaba muy poco tiempo para que expiraran los cuatro meses que fija la ley para llegar a un acuerdo con los acreedores.

Pero aún sorprende más el destino de quien fue el director del parque desde sus inicios, el ingeniero industrial Pere Condom, que tuvo que dimitir en mayo de 2014 ante la evidencia de que el pasivo era insostenible y la pérdida de confianza del nuevo equipo rectoral. Y es que hay gente que siempre cae de pie. El 24 de noviembre pasado, Condom fue nombrado director del programa Catalunya Emprèn, un cargo que depende del departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat y que cuenta con una retribución anual bruta de unos 70.000 euros. Condom ha ocupado el vacío dejado por Núria Betriu, la mujer de Manel Prat (ex director general de los Mossos), que previamente había sido ascendida al cargo de consejera delegada de ACCIÓ. El fiasco del Centro Spurna, del que hace unos meses informó CatalunyaPlural.cat, figura en la hoja de méritos de Condom.

Alquileres de saldo

En realidad, el problema no es nuevo ni es exclusivo de la UdG. Es lo mismo que ha ocurrido con muchos contenedores culturales e infraestructuras de transporte, pero ahora trasladado al ámbito de la I+D+i, que parecía exento de los delirios de grandeza que habían afectado a otros sectores. Pero hubo un tiempo en el que, igual que todo el mundo quiso tener su aeropuerto o su museo faraónico, también todo el mundo creyó que podría promover su Silicon Valley del sur del Mediterráneo. Y para atraer el conocimiento primero había que poner los espacios. Pero si los espacios no se llenan, o no se llenan lo suficiente, o sólo se llenan a base de cobrar alquileres de saldo, los números no cuadran.

Al fin y al cabo, buena parte del tinglado es puramente inmobiliario: la principal fuente de ingresos de los parques tecnológicos son los alquileres de las empresas que se alojan en sus instalaciones. Pero, según fuentes internas del parque de Girona, muchas del centenar largo de empresas o entidades allí alojadas pagan un precio irrisorio y tienen contratos en vigor por muchos años. Y en algunos casos (como el del Institut Català de Recerca de l’Aigüa, que ocupa un edificio de 5.000 metros cuadrados) el inquilino está vinculado a la misma UdG. En otras palabras, al tiempo que el ICRA (fundación en la que participa la UdG y la Generalitat) se beneficia de un alquiler bajo o inexistente, el parque (una fundación de la UdG y el resto de instituciones gerundenses) ve mermada o anulada una fuente de ingresos.

Los 'parquetazos'

Este fenómeno que no es nuevo ni exclusivo de la UdG en el sector universitario se conoce como parquetazo. Lo explicaba el pasado mes de abril en una entrevista en El Diari de l’Educació la gerente de la Universidad Politécnica de Catalunya, Olga Lanau: “Los parquetazos son un sistema que se inventó el gobierno español para hacer los parques científicos de las universidades. Iban dando préstamos a las universidades, que en unos años se tenían que devolver con intereses. Con estos préstamos todas las universidades crecimos mucho, la Politécnica también. ¿Y ahora qué nos pasa? Tal vez que crecimos más de lo que necesitábamos, ya que finalmente el número de estudiantes y los proyectos y los contratos y la investigación es más o menos estable. Hemos crecido mucho, tenemos espacios medio vacíos y muchos préstamos que devolver. La UPC tiene que devolver 90 millones de euros en parquetazos en 15 años, que son muchos y afectan a la tesorería”.

La diferencia entre la UdG y la UPC es que en el caso de la Politécnica el parque pertenece a la universidad y no a una fundación, por lo que debe asumir la deuda y no puede recurrir al concurso de acreedores. Curiosamente, Pere Condom fue también, hasta 2007, gerente del Parque de Investigación e Innovación de la UPC.

En Andalucía, otro parque tecnológico vinculado a la Universidad de Córdoba pudo salvar el preconcurso a mediados del año pasado porque llegó a un acuerdo con los acreedores, mientras que uno situado en Jerez de la Frontera (si bien aquí la Universidad de Cádiz tiene un papel muy testimonial) se encuentra en este momento también en fase de preconcurso. Seguramente hay muchos más casos de parquetazos en España, pero el de la UdG es el primero que tiene que recurrir al concurso de acreedores, lo que abre un camino de final muy incierto. Si el juez no encuentra indicios de gestión dolosa y los acreedores aceptan fuertes quitas, podrá remontar el vuelo. Pero si no...