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Piden entre tres y cuatro años de cárcel para seis sindicalistas por unos hechos de hace 11 años

Cuatro de los acusados del Caso Expert

Tomeu Ferrer

Barcelona —

La lentitud de la justicia y los procesos que sigue dan pié a historias kafkianas. Una de ellas es la que afecta a los denominados encausados del 'Caso Expert'. El nombre a muchas personas les puede decir poco, pero en la comarca catalana del Penedès es diferente. El próximo 9 de julio, cuatro personas que en 2004 trabajaban en la empresa Expert Polymere (de la población L'Arboç, de poco más dee4.000 habitantes) y dos asesores sindicales de la CGT deberán declarar como encausados. Los seis se enfrentan a peticiones fiscales que van de entre los 3 años y 2 meses de prisión y 4 años y medio de prisión, además de multas económicas.

El 20 de julio de 2004 había negociaciones en torno a un ERE en Expert Polymer de l’Arboç. El expediente era de extinción de puestos de trabajo. Para apoyar a los trabajadores, dos asesores de CGT se habían trasladado hasta la empresa. Al finalizar la reunión los representantes de los obreros informaron a sus compañeros que les eperaban en el interior del recinto, según explican los mismos encausados en una carta abierta publicada en la web xarxapenedès. Durante la reunión se comunicó que cerca de la fábrica había una dotación de la Guardia Civil (en aquel tiempo los Mossos no estaban desplegados). Que hubiera fuerza pública era una constante desde el inicio del ERE, aunque nunca se había producido ningún incidente.

“Al finalizar la asamblea los asesores nos fuimos a buscar nuestro vehículo. Y en ese momento es cuando se produjo la carga de la Guardia Civil, sin que hubiera ninguna provocación”, dice la carta de los acusados y lo ratifica el informe realizado por los miembros del equipo de protección privada que custodiaban la nave y cuya declaración a pesar de haberse pedido por la defensa de los trabajadores, no ha sido aceptada como prueba, según explica un dirigente de CGT consultado por el Diari del Treball.

«La brutal e injustificada intervención policial tuvo como resultado lesiones a tres de los trabajadores que se encontraban en el lugar, los cuales tuvieron que ser evacuados en ambulancia y atendidos en el Centro de Atención Primaria de El Vendrell», afirma la carta abierta de los trabajadores. Y no queda ahí la cosa. Al pasar los dos asesores sindicales frente al recinto y ver el alboroto quisieron poner paz. Pero al intentar intermediar, cuatro guardias civiles se abalanzaron sobre uno de ellos, lo hirieron y posteriormente lo detuvieron.

Los heridos presentaron denuncia en los Juzgados de El Vendrell. Como testigos estaban el resto de trabajadores. Pero, posteriormente, la Guardia Civil presentó otra denuncia contra los trabajadores y contra los testigos. De esta última acción judicial se deriva el proceso penal que se verá el 9 de julio próximo. Un procedimiento que afecta a los dos asesores y los cuatro trabajadores. Destacan los denunciados, que nunca la empresa presentó ninguna denuncia, aunque los hechos se produjeron dentro de sus instalaciones.

Once años después de los hechos los acusados se encuentran frente a una situación inverosímil. Sólo hay que pensar que hay personas que en el momento de los hechos tenían 26 años, como Vanessa, que ahora tiene 37 y dos hijos. Sandra, tiene ahora también 37 años y dos hijos de 8 y 6 años. Yolanda, de 37 años, es madre de dos hijos, de 7 y 12 años. Juan, de 37 años, es padre de una niña de 7 años. Pedro, de 66 años, está jubilado y es padre de dos hijos de 21 y 27 años. Y Juan Antonio, de 67 años, también está jubilado, y tiene 2 hijos y 4 nietos.

CGT ha tomado el caso como sede y ha abierto una cuenta corriente para sufragar los gastos del proceso judicial y de la campaña en general.

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