Los últimos datos del paro en Cataluña y en el conjunto del estado son aterradores. Según la encuesta de población activa (EPA) correspondiente al primer trimestre de 2013, más de 6.200.000 trabajadores no tienen trabajo (un millón en Cataluña).
La aplicación de la reforma laboral -aprobada en el Congreso por el gobierno del PP con el apoyo de CiU, entre otros- ha marcado un antes y un después en cuanto a los datos de ocupación. Desde la aprobación de este Real Decreto-Ley se destruye un puesto de trabajo cada minuto. Una cifra que no puede soportar ninguna sociedad. Y, más preocupante aún: casi dos millones de familias tienen a todos sus miembros en situación de desempleo. Peores aún son las cifras referentes al paro juvenil, que ya supera el 57%. Es decir, casi seis de cada diez jóvenes no tienen trabajo. Claro que no contamos aquellos que se han ido a servir cafés a Londres como recomendó el exconsejero de Empresa y Empleo, Francesc Xavier Mena.
Con estos datos no nos queda ninguna duda de que este paro indigno lo ha generado la aplicación de la reforma laboral pactada con nocturnidad y alevosía por PP y CiU, la derecha que se pelea públicamente pero se entiende a la perfección en los despachos. Unas cifras de desempleo que están sumiendo a una parte importante de la población, ya muchas familias enteras, en una situación de vida indigna que se acentúa con los recortes de los mismos gobiernos de derechas, que golpean una vez tras otra a los de siempre. Pero es que este paro, además de ser indigno, es también ilegítimo.
Son ya demasiadas las empresas que, avaladas por las medidas de la reforma laboral, aplican EREs a pesar de mantener grandes beneficios, con la excusa de la crisis económica y la coyuntura actual. Empresas como Telefónica, Ercros, Ficosa, Iberia, SECOM Cambrils, Ros Roca, Jocavi... y así podríamos continuar con otras firmas cuyos directivos mantienen su cuota de beneficios a costa de echar, de forma directa o con ERE horario, los trabajadores y las trabajadoras, cargando nuevamente sobre las espaldas de los más débiles la responsabilidad de una crisis diseñada y planificada por el capitalismo con herramientas como la reforma laboral.
Hasta ahora, aceptábamos que una empresa que se encontraba en una situación económica complicada y no podía hacer frente al futuro de su actividad, ya sea por una bajada de las ventas o por un incremento de las inversiones, aplicara un ERE y redujera su plantilla. Ahora, sin embargo, con la reforma laboral, quieren que aceptemos que una empresa con beneficios también pueda despedir cuando lo considere oportuno, y sin demostrar que su viabilidad económica es complicada. Por ello se trata de un paro ilegítimo.
Desde las fuerzas políticas de izquierdas, y sobre todo desde los movimientos sociales y las plataformas, reclamamos que se debería distinguir entre la deuda legítima (aquella que ha ido destinada a financiar los servicios públicos, a garantizar la sanidad o la educación para todos, a mejorar las infraestructuras y los transportes públicos o a generar políticas de empleo) y la deuda que es ilegítima (la que se ha empleado para rescatar bancos, pagar intereses de las entidades financieras o garantizar los beneficios de las élites de este país).
Esta deuda ilegítima, basada en la doctrina teórica de la 'deuda odiosa' planteada por Alexander Sack en 1927, sostiene que la deuda externa de un gobierno creada y utilizada contra los intereses de la ciudadanía no debe ser pagada y, por lo tanto, no es exigible su devolución dado que los prestamistas han actuado de mala fe. Evidentemente aquí no usamos el término 'mala fe' desde un punto de vista moral, sino como figura de derecho jurídico. Esta misma teoría la podríamos aplicar a cómo se ha generado el paro en el conjunto del estado: a través de una medida (reforma laboral) de mala fe que se ha diseñado y planificado para expulsar a los trabajadores y trabajadoras del su derecho al empleo con el objetivo de garantizar el pago de la deuda a los bancos por parte de las empresas, los beneficios de los grandes empresarios y las oligarquías financieras.
La deuda ilegítima se puede resolver de dos maneras diferentes: o bien el estado deudor no paga la deuda establecida con el estado prestatario, o bien se pueden considerar como deudas personales (siendo responsables, según los casos, los monarcas, presidentes de gobierno, directores de bancos centrales o ministros correspondientes). A diferencia de ello, la solución a este paro ilegítimo no es tan sencilla.
Tenemos claro, pues, que este es un paro odioso o ilegítimo dado que ha sido generado por la aplicación de una reforma diseñada contra los intereses del conjunto de la ciudadanía y con pleno conocimiento de los diseñadores (PP y CiU). Esta tesis viene avalada por una sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado de forma definitiva el ERE de la empresa Talleres López Gallego por no entregar la documentación necesaria para demostrar que estaba justificado el despido de 28 trabajadores y, por lo tanto, ha denegado un despido colectivo porque según el tribunal la empresa había actuado “de mala fe”. Así pues, habría que derogar obligatoriamente y con carácter retroactivo la reforma laboral dado que se ha demostrado, por parte del gobierno del PP, 'mala fe' jurídica, es decir, una actitud fraudulenta con ánimo de perjudicar y que es del todo ilegítima y desleal. Si no se deroga, las responsabilidades las deben asumir directamente el presidente del gobierno que aprobó la reforma (Mariano Rajoy) y la ministra de Empleo que la aplicó (Fátima Báñez).
Basta ya de enredarnos y querer imponer unas medidas injustas, indignas e ilegítimas que maltratan el conjunto de los trabajadores y las clases populares. Es hora de exigir todas las responsabilidades, políticas y penales si es necesario, a aquellos que actúan de 'mala fe' y con el único objetivo de perjudicar a la ciudadanía mientras se garantizan los privilegios y los beneficios de los grandes empresarios y las camarillas financieras.
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