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El Consell prosigue con la ley que expropiará viviendas vacías pese a la amenaza de inconstitucionalidad

La ley de Función Social de la Vivienda comienza su tramitación parlamentaria con un informe del CJC que alerta sobre la inconstitucionalidad de varios artículos y otras leyes similares ya recurridas por el Gobierno central

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La consellera de Vivienda, Maria José Salvador

La consellera de Vivienda, Maria José Salvador

Les Corts ha rechazado este miércoles la enmienda a la totalidad propuesta por el PP a la Ley de Función Social de la Vivienda. Se trata del primer proyecto de ley que emana del Consell, que lleva cerca de un año y medio trabajando esta norma con la que se pretende garantizar el derecho a una vivienda digna.

Para ello, prevé medidas que han levantado la polémica, e incluso se apunta a la inconstitucionalidad de algunos artículos, como el referente a la expropiación de viviendas desocupadas a entidades bancarias. La ley incluye ayudas públicas para el alquiler a familias con ingresos bajos, contra la pobreza energética, y lo que denominan “fomento del alquiler solidario”: los propietarios harán una cesión de vivienda a la Generalitat, que lo dispondrá para el alquiler durante un máximo de seis años.

El Consell Jurídic Consultiu emitió un informe en el que veía inconstitucional determinados artículos, en especial los que afectan al sentido de la propiedad. El CJC advierte de que no se puede forzar al banco alquilar un piso a una persona desahuciada aunque el impago se produzca por circunstancias de emergencia social. Frente a ello, propone que el alquiler sea de carácter voluntario.

El PP valenciano se escuda en este informe -de carácter preceptivo, no vinculante- que alerta de la posible inconstitucionalidad de la ley para presentar su enmienda a la totalidad.  Cabe recordar que el Gobierno del PP ya ha recurrido ante el Constitucional las leyes contra los desahucios de Andalucía, Navarra, Esukadi y Canarias, invocando el derecho a la propiedad.

Sin embargo, el PSPV ha defendido la constitucionalidad de la ley. "El PP centra el debate desafortunadamente no en una interpretación constitucional del articulado sinó, más grave aún, en una interpretación rancia, inmovilista y desacertada de la Constitución", explicaba el diputado socialista, Rafa Briet. "El texto constitucional delimita las competencias estatutarias, pero su interpretación no debería sustituir la capacidad del estado democrático y plural basado en las autonomías y sus competencias delegadas", continuaba argumentando. 

Los populares han pedido la devolución de la ley al Consell para que éste presente un proyecto nuevo, alegando además que no tiene presupuesto para ello. La línea -pendiente todavía de aprobar- que el Ejecutivo valenciano ha previsto para el primer año de implantación es de seis millones de euros.

Elisa Díaz, portavoz de la formación popular en esta iniciativa, ha espetado al resto de diputados que “es la política de la izquierda echar a la gente de sus casas”, señalando la ley “de desahucios exprés” de Chacón -la exministra de Vivienda impulsó una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para agilizar los desahucios-, mientras que el PP “destina millones para ayudar a las personas”. Durante el debate, desde el PP han repasado las cifras de los desahucios del último año en la Comunidad Valenciana y de la pobreza energética, a través de ejemplos de los barrios de Alicante, de donde Díaz es vecina. La diputada ha justificado el rechazo por ser "un bodrio" y "un texto ineficaz incapaz de solucionar los problemas de las personas y de vivienda.

Los argumentos de Díaz han sido tachados desde la oposición como insolidarios y desde Podemos le han reprochado que intente “hacer política con el dolor de las personas”. La diputada de Compromís Belén Bachero ha censurado la política de vivienda del PP y ha lamentado que en el pleno de este miércoles no haya presentado "una propuesta clara", además de acusar también a este grupo de pretender "retrasar el trámite" de la nueva ley.

Desde Ciudadanos han explicado que comparten el espíritu de la ley, pero no en puntos “inconstitucionales”. Además, su diputada, Maria José García, ha pedido al Consell que no trate de “vender humo”, respecto a la limitación de competencias autonómicas en esta materia.

Decenas de miembros de la PAH han acudido a la presentación de la ley en les Corts, donde, según han criticado, se les ha obligado a quitarse las camisetas de la plataforma y las chapas con los lemas StopDesahucios. Los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que han seguido el debate en les Corts, han explicado que se reunirán este fin de semana para valorar la ley, a la que han presentado 64 enmiendas. La plataforma Stop Desahucios considera que la ley se queda corta, aunque destaca los avances que supone respecto al reconocimiento del derecho a la vivienda.

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