La Diputación de Valencia sí valoró en otro traslado las categorías que obvió para que la pareja de Pérez Llorca ganara la plaza

El fichaje de la pareja del presidente del Gobierno valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca, por parte de la Diputación de Valencia por medio de una comisión de servicios ha puesto en el foco este tipo de procedimientos tan habitual en la función pública como discrecional por la ausencia de criterios objetivos y preestablecidos para valorar los procedimientos. Se trata de un mecanismo destinado a favorecer la movilidad de los funcionarios.

De hecho, los requisitos que se exigen para concurrir a estos procesos y valorar los méritos de cada aspirante aunque se trata de idénticas plazas son cambiantes sin que exista un marco legal que establezca unas condiciones homogéneas, lo que implica que se pueda favorecer a determinados aspirantes.

Para prueba un botón. Como informó este diario, la Diputación ofertó el pasado 28 de enero en comisión de servicios una plaza secretaria de dirección, en este caso para el Centro de Asistencia a Municipios de la institución provincial. La oferta se publicó dos meses después de la toma de posesión de Pérez Llorca como presidente. Una vez presentadas las cinco candidaturas al puesto, la corporación provincial escogió una fórmula de valoración que tan solo tuvo en cuenta los días trabajados en la categoría C1 en funciones específicas propias de puestos de secretaria de dirección y no la experiencia en otros puestos con rango C2, lo que descartó al resto de aspirantes con más años como funcionarias. En la resolución del proceso publicada el 3 de marzo, se especifica que el puesto está caracterizado como C1.

Sin embargo, en mayo de 2024 la corporación provincial resolvió otra comisión de servicios para cubrir otro puesto de secretario de dirección, idéntico al que se trasladó Vanesa Soler, “caracterizado como C1/C2”, al que podían presentarse por lo tanto auxiliares administrativos de las dos categorías.

Al respecto, fuentes de la Diputación de Valencia han explicado que “las secretarías de dirección son puestos de libre designación, vinculados a la confianza del diputado o del grupo político correspondiente” y han añadido que por acuerdo plenario de 24 de septiembre de 2019, se crearon y transformaron 16 puestos de secretario de dirección, singularizados mediante la definición de sus funciones, asignándoles la clasificación C1 21 C3, acorde con su nivel de dedicación y responsabilidad, sin estar abiertas a otras administraciones.

Actualmente, han detallado las mismas fuentes, hay aproximadamente una treintena de Secretarías de Dirección y todas abiertas a otras administraciones. Alguna de ellas, como el caso de la plaza de 2024, se abrieron a que pudieran ser C1 o C2 porque “en otras administraciones se dispone también de personal auxiliar administrativo que puede ejercer perfectamente tales funciones”. Además, han advertido que la persona que ocupó esa plaza, A. V. G., funcionario de carrera del Ayuntamiento de Llíria, “cobra menos”.

La Diputación de Valencia cuenta con un protocolo que regula las comisiones de servicio en el que no se concreta los aspectos que se deben valorar en cada convocatoria, por lo que queda a expensas del responsable del servicio al que se adscribe la plaza (el que será su jefe) la elaboración de un “informe de idoneidad” para escoger quién se queda con el puesto. “Dicho informe deberá fundamentarse en las competencias y capacidades de la persona propuesta para el cumplimiento de las funciones específicas del puesto”, señala el protocolo.

El informe, además, se realiza una vez todos los candidatos han presentado la documentación requerida, principalmente formación y años de experiencia en la función pública en general, y en la categoría de la plaza que se va a cubrir en particular. De esta forma, se trata de revestir o argumentar la adjudicación de una plaza que no deja de ser de libre designación, pero que genera unos derechos para el futuro.

La pareja del presidente tenía una retribución como administrativa del Ayuntamiento de Finestrat del que Pérez Llorca fue alcalde de 25.652 euros al año, sin contar pluses, según los datos oficiales de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). El pasado 1 de abril, en la sesión de control de las Corts, el jefe del Consell aseguró que Vanesa Soler salió del Consistorio cobrando 38.017,88 euros, lo que arroja un aumento de casi 13.000 euros con respecto al salario de su categoría, un C1. Ahora, en su nueva plaza como secretaria de dirección del Centro de Asistencia a Municipios de la institución provincial, cobrará un mínimo de 52.070,50 euros brutos al año.