Unos 15.000 cuidadores de dependientes han perdido sus cotizaciones a la Seguridad Social desde 2011
El número de altas de cuidadores no profesionales de personas dependientes en la Seguridad Social ha descendido en 7.839 en la provincia de Valencia, desde que gobierna el Partido Popular, según ha informado esta mañana el secretario general provincial del PSPV y diputado nacional José Luis Ábalos.
Los datos confirman, en opinión de Ábalos, “el ataque directo que desde el Gobierno de Rajoy se está llevando a cabo contra las personas dependientes. Se está reduciendo de forma drástica la financiación del sistema poniendo en riesgo su sostenibilidad, recortando derechos y desmantelando la Ley”.
En noviembre de 2011 en la provincia de Valencia, 8.315 personas figuraban de alta en la Seguridad Social como 'cuidadores no profesionales'; en julio de 2014 el número ha descendido hasta las 476 personas, “con la excusa de la crisis estamos asistiendo a un peligroso cambio de modelo que demuestra que el Partido Popular desprecia a los más vulnerables”. Ábalos entiende que el Gobierno “se ha desentendido de las personas dependientes reduciendo drásticamente la aportación del Gobierno para financiar la dependencia, poniendo en riesgo su sostenibilidad, recortando derechos y desmantelando la Ley”.
El líder socialista ha insistido en la denuncia ya que denuncia que la Comunitat Valenciana es doblemente perjudicada, “los dependientes además de soportar los recortes de financiación por parte de Rajoy tienen que hacer frente al copago impuesto por el Consell de Fabra. Es vergonzoso que una vez más sea la justicia las que le pare los pies al PP –en referencia a
decisión del TSJ de anulación del decreto del copago–; pero más vergonzoso es que no tengan ni la sensibilidad de reconocer su error y amenacen con la aprobación de una ley para regularlo“.
Según Ábalos, las prioridades del PP “están claras, pero desde el PSPV vamos a seguir peleando para atajar este tipo de medidas, porque es fundamental -ha insistido el diputado valenciano-, garantizar de forma efectiva el derecho de las personas en situación de dependencia y la sostenibilidad del Sistema”. Un sistema que “genera empleo y tiene un importante retorno en la creación de puestos de trabajo, sobre todo para las mujeres”.
En la Comunitat Valenciana, en menos de 5 años se ha pasado de casi 16.000 afiliados a la Seguridad Social en la categoría de 'cuidadores no profesionales' a los 1.031 actuales. En este momento Alicante cuenta con 424 (de 6.094 que tenía en 2011) y Castellón 131 (de 1.510 en noviembre de 2011).
Datos nacionales
Según los datos de la respuesta parlamentaria del Ejecutivo al Grupo Parlamentario Socialista (GPS) la evolución de cuidadores no profesionales de personas dependientes afiliados a la Seguridad Social en España pasó de 172.363 en el año 2011 a 14.594 en julio de 2014 (más del 90%).
El retroceso sostenido que sufre la Dependencia desde que gobierna el PP se hace también evidente en los presupuestos y en el número de beneficiarios: hay 2.265 millones menos para el sistema de Dependencia; el número de beneficiarios ha descendido de 738.587 en diciembre de 2011 a 721.512 en agosto de 2014 (17.075 menos); 177.000 dependientes con derecho reconocido están desatendidos, a los que hay que añadir las 314.000 personas de Grado I, cuyo derecho a atención aún no es efectivo por el retraso en el calendario de aplicación de la Ley.
Los socialistas recuerdan que, entre otras medidas, el PP “paralizó el calendario de aplicación de la Ley, impidiendo a las personas con dependencia moderada acceder a una prestación o servicio; eliminó de los Presupuestos Generales del Estado la partida para el nivel acordado, que ascendía a 283 millones; suprimieron los dos niveles en que se dividía cada grado; se redujo en un 13% la aportación del Estado para la financiación del nivel mínimo; se rebajó en un 15% la prestación económica por cuidados en el entorno familiar; se eliminó la cotización de los cuidadores no profesionales; y se introdujo la incompatibilidad de las prestaciones”.
Además, se ha producido un gran retroceso en la financiación estatal del sistema, ya que de soportar el 40% del coste del sistema en 2009, la administración general del Estado ha pasado a hacerse cargo del 19% en 2013 y el copago de los usuarios casi se ha duplicado.
En definitiva, “el Gobierno ha reducido el contenido esencial del derecho y ha realizado importantes recortes presupuestarios, con el dramático resultado de que los beneficiarios están recibiendo servicios y prestaciones claramente insuficientes, al tiempo que se encuentran sin atender cientos de miles de personas en situación de dependencia”.
