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La crisis constitucional, la distensión en Catalunya y sus enemigos

Reconducir la masa electoral del independentismo hacia posiciones de pacto obligará a tender puentes, abrir escenarios de negociación y emprender reformas, evitando que se atrincheren los nacionalistas y que se imponga una visión intransigente de la unidad de España.

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Celebración de la independencia

Celebración de la declaración de independencia en Catalunya.

Hemos de agradecer a Carles Puigdemont que alguien como Mariano Rajoy haya dado, de pronto, una imagen de estadista. La sobreactuación del independentismo catalán había quemado tanto terreno y había enrarecido el ambiente hasta tal punto que la convocatoria electoral se convirtió en la única opción lógica, su opción. Pero no. Ganó la tentación de hacer la jugada unilateral de declarar la secesión, pese a que dejaba en manos del Gobierno del PP el jaque mate, es decir, la  convocatoria inmediata de elecciones como decisión razonable para justificar la intervención del autogobierno de Catalunya. Rajoy lograba con ello alcanzar su objetivo con el menor coste posible. No es la peor de las consecuencias de la estampida soberanista en Catalunya.

A fuerza de ondear banderas, convocar a las masas, forzar los mecanismos legales desde la mayoría parlamentaria y articular el desbordamiento del marco constitucional desde la plataforma del poder autonómico, el independentismo llegó a un estado de excitación que liberó todas las inhibiciones, hasta el punto de preferir la consecución de un fetiche sobre cualquier consideración del destrozo institucional y civil que tal operación conllevaba.

Así que el tótem de esa independencia declarada en vano, del que es correlato el exilio de Puigdemont en Bruselas, ya forma parte del imaginario político de un país abocado a resolver su destino en unas elecciones en las que el procés habrá pasado a la historia, pero sus consecuencias prometen condicionar cualquier solución. Una solución que pasa por políticos encarcelados gracias a un exceso de celo de la justicia que ha inducido el Gobierno a través del Fiscal General y ha asumido la Audiencia Nacional, en contraste con el Tribunal Supremo, en medio de una erupción de españolismo de lo más agresiva.

Puede que los independentistas vuelvan a ganar las elecciones el 21 de diciembre o puede que no. De todas maneras, el futuro de Catalunya, y también de España, depende de poner en práctica una reforma del sistema autonómico que permita reconducir la enorme base electoral independentista hacia posiciones de pacto, algo que no será posible sin una negociación, probablemente una amnistía y un referéndum. Pero el éxito actual de Rajoy, consecuencia directa de la demagogia soberanista, no ayuda en ese sentido.

Rajoy no ha hecho nada por restar inercia a la escalada secesionista. No ha esbozado ni una mínima autocrítica sobre la irresponsable maniobra del PP que culminó con la demolición de un Estatut aprobado en instancias parlamentarias y votado por los catalanes en referéndum. Ha hecho sucumbir, impasible, todas las oportunidades de diálogo ante la intransigencia de su inmovilismo. Su minoritaria presidencia del Gobierno se yergue ahora sobre los cascotes de parte de un sistema autonómico por cuya viabilidad y reforma tenía la obligación de velar. Dirigentes de su partido en todas las latitudes siguen empeñados en agrandar las grietas de un edificio político gravemente dañado.

Por otra parte, algunos medios se han impregnado en su apoyo incondicional al Gobierno de una furia justiciera que apela más a las vísceras que a la razón o a la voluntad de entendimiento. Es un síntoma agudo de ruptura que alerta sobre el peligro de que colapse el modelo de convivencia para dar paso a una concepción intransigente de la unidad de España, con su reflejo resistencialista en Catalunya. Si la vigencia de la Constitución tiene que llegar al punto de imponerse por la fuerza a la contestación activa de dos millones de catalanes es que algo grave falla. Y habría que empezar a actuar con valentía y sensatez para rebajar la fiebre y corregir el rumbo. Ante problemas extraordinarios hay que plantear soluciones extraordinarias o, dicho de otra manera, no sirve de gran cosa limitarse a aplicar la ley como si no existiera la política.

Para conseguir la imprescindible distensión podrían utilizarse los puentes que se conservan intactos, y que son escasos. El lehendakari vasco Íñigo Urkullu ha mediado sin éxito para evitar el naufragio de Puigdemont y su tropa, pero la suya es todavía una posición constructiva y viable. Al sur de Catalunya, el presidente valenciano, Ximo Puig, ha mantenido una actitud moderada, compungida ante el lamentable espectáculo y orientada a reclamar diálogo y entendimiento.  Un nacionalista vasco que rechaza la ruptura unilateral con el Estado y un socialista que preside un gobierno de coalición con los valencianistas de Compromís, quienes defienden como hace Podemos la vía de la reforma constitucional y el referéndum pactado, son dos piezas del elenco de presidentes autonómicos con las que contaría cualquier dirigente sensato en el escenario que se avecina.

A su vez, en el ojo mismo del conflicto, el resultado electoral determinará las opciones de cada cual, pero es muy probable que el PSC de Miquel Iceta y la Catalunya en Comú de Ada Colau tengan que asumir el reto de modular las posiciones extremas a partir de las alianzas para formar gobierno con el objetivo de  que no se atrincheren. También en el Congreso de los Diputados tendrá el PSOE de Pedro Sánchez que activarse, y jugársela, a favor del diálogo y la reforma. Su responsabilidad es grande porque sin su concurrencia, aunque tenga formalmente el PP mayoría absoluta en el Senado, no habría tenido el Gobierno respaldo suficiente para aplicar el artículo 155 de la Constitución en Catalunya. En su mano está evitar que se produzca una involución del sistema.

Advertía Ximo Puig esta semana de que  el problema territorial en España “no es solo Catalunya” porque la Comunidad Valenciana arrastra desde hace años la reclamación de una reforma del sistema de financiación, que hipoteca gravemente las cuentas de  la Generalitat y multiplica su endeudamiento. El 18 de noviembre se ha convocado una manifestación unitaria en Valencia para exigir una financiación justa. Y el PP no solo se ha desmarcado de ella, sino que su presidenta regional, Isabel Bonig, se ha esforzado estos días en jurar bandera y ha amenazado: “Así empezó Catalunya”. A la convocatoria de CCOO y UGT se han adherido instancias tan peligrosas como la Confederación Empresarial Valenciana.

Mientras el presidente valenciano abogaba por “buscar fórmulas de entendimiento dentro de la legalidad” en la vecina Catalunya, Bonig insistía en acusar a Puig y a la vicepresidenta Mónica Oltra de “seguir el juego” al independentismo catalán. “No creo que la salida sea el frentismo”, insistía el dirigente socialista en unas declaraciones, “tiene que haber más puentes de diálogo”. El problema es que la derecha sigue empeñada en volarlos.

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