El Gobierno impulsa un año más una rebaja en el poder adquisitivo de salarios y pensiones

Nueve años después de que comenzara la crisis y más de tres años después de que estadísticamente comenzara la recuperación, los empleados públicos, los pensionistas y los asalariados siguen sin ganar poder adquisitivo. Pese a que en algunas intervenciones (cada vez más espaciadas) el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, había dado alas al sueño de tener una mejora en el sueldo de los funcionarios, las cuentas públicas de 2017 recogerán una subida de las remuneraciones del 1%.

Esta subida hará mella de nuevo en el bolsillo de los funcionarios, ya que el consenso de analistas indica que en 2017 la inflación media alcance el 2,3%. Solo en los meses de enero y febrero los precios ya han avanzado por encima del 3%. En marzo, el indicador ha registrado un crecimiento del 2,3%. De hecho, el objetivo de lo que se considera una inflación “sana” para el Banco Central Europeo es un 2%, muy por encima de lo que subirán los salarios de millones de españoles. Se prolongará un año más el efecto de devaluación interna pese a los efectos contraproducentes que tienen estas rebajas.

Esta pérdida de poder adquisitivo, con una economía creciendo en los dos últimos años a ritmos también del 3%, llueve sobre mojado. En 2010 el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció un recorte salarial del 5% de media para todos los empleados públicos. Desde entonces, el colectivo ha encadenado congelaciones salariales y nuevos recortes en forma de eliminación de paga extra.

CCOO estima que desde ese año la pérdida de poder adquisitivo oscila entre el 13% y el 15%. UGT calcula que solo desde 2012 la pérdida ronda el 13%. A estas cifras habrá que añadir el nuevo arañazo de 2017.

Pensionistas a menos

Los pensionistas perderán aún más poder adquisitivo. Tal y como impone el factor de sostenibilidad aprobado en 2012, estas prestaciones solo podrán crecer el 0,25%, embridadas por el mal estado de las cuentas de la Seguridad Social que, mientras siga en negativo, no permitirá subidas superiores a ese porcentaje mínimo. Esto supone que la pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas será de casi dos puntos.

Paradójicamente, uno de los mantras más reiterados por el Partido Popular para formar Gobierno y lograr el apoyo a las cuentas públicas tenía como eje vertebral que, sin una nueva formulación de los presupuestos, no se podrían revalorizar los sueldos de los funcionarios.

Después de este periplo, las alforjas del Gobierno solo traen esta subida del 1% que, eso sí, a diferencia de otros años podrá mejorar la oposición a lo largo del trámite parlamentario.

Pese a que los casi tres millones de funcionarios se apretarán el cinturón un año más, la masa salarial ligada al empleo público subirá con casi toda probabilidad más de un 1%. Este será el resultado de mejorar la oferta pública de empleo y de hacer los concursos oposición necesarios para regularizar las plazas de interinos que afectan a alrededor de 300.000 personas y convocar hasta 67.000 nuevas plazas en 2017.

Decisión ejemplarizante

La subida del sueldo de los funcionarios tiene un importante efecto contagio en toda la economía y llega en un momento especialmente delicado en el que ha encallado la negociación entre patronal y sindicatos para pactar la subida de los sueldos en el sector privado.

En 2016, los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme se reunieron para tratar de llegar a un acuerdo sobre la evolución de los salarios en 2017. Bien entrado el año, sin embargo, no hay acuerdo y las negociaciones son inexistentes.

Las propuestas de una y otra parte parecen irreconciliables. Para los sindicatos, es imprescindible un acuerdo que frene la pérdida de poder adquisitivo y plantean una subida salarial de entre el 1,8% y el 3% que pueda adaptarse a sectores y circunstancias. La patronal, sin embargo, plantea una subida de hasta el 1,5% y otro 0,5% adicional “en función de la productividad y el absentismo”.

El conflicto está enquistado en la expresión “hasta” de la propuesta de la CEOE. Eso implicaría que podría haber convenios que firmaran congelaciones salariales o subidas mínimas del 0,5% por ejemplo, que supondrían pérdida de poder adquisitivo. Se trata de un planteamiento inaceptable para los sindicatos, que en varias ocasiones han repetido que no asumirán una propuesta que pueda implicar congelación salarial.

Sindicatos y patronal se han intercambiado cartas con propuestas y reproches, pero el diálogo está paralizado. CCOO y UGT han convocado en los últimos meses movilizaciones y manifestaciones para exigir a la CEOE que tenga en cuenta sus peticiones. 

Los sueldos no remontan

Por lo pronto, la última estadística que rastrea la evolución de los salarios ha dado como resultado una caída del 0,8% en el último trimestre de 2016, la mayor caída de los salarios desde 2012. Con todo, la estadística muestra que este descenso está más relacionado con el menor número de horas que trabajan los asalariados que por la remuneración que se paga por hora.

Así, los convenios colectivos pactados hasta febrero de 2017 muestran un subida media del 1% en los sueldos firmados en 2016. En enero y febrero de 2017, empresas y patronales han rubricado alzas en los convenios del 1,2% cuando, recordemos, el IPC en esos dos meses alcanzó el 3%.

En su creencia de que las acciones del sector público tienen una alta incidencia en el sector privado, el Ejecutivo puso en marcha este año la ley de desindexación de la economía. Esta ley obliga a que una empresa que contrate con el Estado no impute en los costes de actualización del servicio mejoras en la mano de obra superiores a las de los empleados públicos. Si una contrata mejora en un 2% los salarios a sus empleados, cuando actualice el coste del servicio al Estado solo podrá atribuirle el 1% (que es la mejora de los funcionarios) a la mano de obra. Es una buena forma de disuadir a la empresa privada de hacer subidas salariales que luego no podrá trasladar al que suele ser su principal cliente.