La ley de Transparencia de Navarra detecta una invasión de políticos en las empresas públicas

La introducción de la transparencia como un principio en la gestión de los asuntos públicos tiene consecuencias. Una vez que comienza a aplicarse, las vergüenzas quedan al descubierto. Es lo que ha ocurrido en la Comunidad de Navarra que aprobó el 21 de junio de 2012 una Ley de Transparencia y del Gobierno Abierto y puso a disposición de los ciudadanos una página web desde la que responde con diligencia a las demandas de información sobre asuntos públicos de los ciudadanos.

A partir de esa fecha, algunos haces de luz han penetrado en el entramado administrativo navarro y han dejado al descubierto, con profusión de cifras y detalles, algunos usos que vienen de antiguo. Tales usos no hablan bien de la forma de administrar las instituciones y los dineros públicos por parte del actual Gobierno Foral y de sus antecesores. Con base en este descubrimiento, nos hacemos una idea de lo que podríamos averiguar sobre otras administraciones que mantienen tozudamente su opacidad, si es que algún día se apuntan al ejercicio de la transparencia.

Por el simple efecto del levantamiento del velo que oculta los entresijos de las actividades públicas, se puede constatar, por ejemplo, que el Gobierno Foral utiliza un sector de empresas públicas autonómicas (creadas por él mismo y por sus antecesores con una discutible utilidad) para colocar a personas del partido (o partidos) en el poder y para ofrecer sobresueldos, como miembros de sus consejos de administración, a toda suerte de personas afines.

Por obra de la ley de Transparencia se sabe que en los consejos de administración de las 13 empresas públicas que dependen del Ejecutivo de Pamplona se sientan 156 personas. De ellas 143 (el 91,6%) están directamente relacionadas con el partido que gobierna en minoría en la comunidad, Unión del Pueblo Navarro (UPN).

Según un informe elaborado por Noticias de Navarra, entre los directivos y consejeros se encuentran (citados con sus nombres y apellidos) dos asesores de la presidenta, Yolanda Barcina, la totalidad de los directores generales de su Gobierno y tres de los ocho jefes de gabinete. Otro colectivo bien representado en los consejos es el de los alcaldes de UPN. 14 de ellos son a su vez consejeros. A su lado se sientan dos extitulares de carteras en el Gobierno, dos exparlamentarios, tres concejales del municipio de Pamplona, un miembro de la Ejecutiva de UPN, un exdirector de la agencia tributaria, un expresidente de una empresa pública y el hijo de un expresidente de la comunidad autónoma.

Todos reciben una remuneración en concepto de dietas por participar en los órganos directivos de las empresas públicas. Las cantidades distribuidas por este concepto ascendieron a 637.174 euros, una media de algo más de 4.000 euros por consejero. En alguna de las sociedades las dietas suben a 6.000 euros.

Tiempos peores

Pese a lo impactante de las cifras destapadas, hay que señalar que en etapas anteriores la situación era aún más aparatosa. La presidenta Barcina acometió en 2012 una “profunda reorganización del sector público empresarial navarro”. Antes de esta reforma, el Gobierno contaba con 39 empresas y el número de consejeros ascendía a 322. Su remuneración superaba el millón de euros y varios consejeros recibían al año hasta 20.000 euros.

Gracias al milagro obrado por la Ley de la Transparencia en Navarra, los ciudadanos pudieron contemplar cómo tras la ruptura del Gobierno de coalición entre UPN y el PSN-PSOE en junio de 2012, los aproximadamente 30 consejeros que los socialistas habían logrado colocar en los consejos de las empresas públicas eran sonoramente relevados y sustituidos por otros tantos políticos afines a UPN.

El informe de Noticias de Navarra menciona entre los socialistas que fueron apeados de los consejos (también con nombres y apellidos) a un expresidente del partido, al responsable de organización y a un miembro de la Ejecutiva. También cita a un exconcejal, a un exconsejero del Gobierno y a un alcalde del partido en una gran población de la comunidad. Con estos ceses fulminantes y el nombramiento de sustitutos, quedaba claramente al descubierto cuáles eran las “competencias y conocimientos” que les habían llevado a estas personas hasta los órganos de dirección de las empresas públicas.

Otro espectáculo que nos ha brindado la ley ha sido la aprobación en el pleno del Parlamento de Navarra el 25 de enero, con el voto en contra de los parlamentarios de UPN, de una moción que insta al Gobierno foral a introducir cambios en el sistema de retribuciones variables de los altos cargos de empresas públicas y que pide al Ejecutivo una mayor concreción sobre objetivos logrados.

Como consecuencia de la aplicación de los principios de la transparencia, se sabe que en 2012 los directivos de las sociedades autonómicas cobraron unos sobresueldos variables que oscilan entre los 55.000 y los 77.000 euros. Sin embargo, ni los ciudadanos navarros ni los parlamentarios de la oposición han sido informados de los méritos que les hacen merecedores a ellos.

Marcha atrás

Los quebraderos de cabeza que ha acarreado a sus impulsores la ley de trasparencia han espoleado a la presidenta Barcina a poner freno a tanto caudal de claridad. Desde comienzo de este año, el Gobierno de UPN obliga a los demandantes de informaciones sobre actividades públicas vía Internet a que se identifiquen mediante DNI electrónico.

Las organizaciones que luchan por el derecho a la transparencia, Acces Info y Civio, han denunciado esta vuelta atrás. “Requerir un certificado digital para poder enviar solicitudes telemáticas es excluyente, y no es una solución pensada para todos: hoy en día en España hay 2.967.238 certificados digitales activos, lo cual representa solo un 6,4% de los españoles”, dicen en una carta enviada al Gobierno.

Navarra es la única entre las 17 autonomías que ha incorporado hasta hoy una ley de libre acceso a las informaciones sobre asuntos públicos. Ahora que el Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido dotar a la Administración del Estado de una normativa de transparencia quizá no sea el mejor momento para advertir sobre son los resultados de su aplicación, no vaya a ser que se eche para atrás en el último momento.

Limitaciones en la futura ley

Las organizaciones Acces Info y Civio denuncian las limitaciones que se pretende imponer al libre acceso a la información de las administraciones públicas en los borradores del proyecto de Ley de Transparencia que maneja el Gobierno de Rajoy. Recuerdan las cinco reglas de oro que, como mínimo, debe contener esta normativa “si quiere ser efectiva y creíble”. Primero, ha de reconocer el acceso a la información como un derecho fundamental. Segundo, la transparencia debe aplicarse a todas las instituciones que funcionan con presupuestos públicos. Tercero, incluirá el derecho de acceso a todo tipo de información sin importar su naturaleza o formato. Cuarto, limitará el silencio administrativo negativo, que afecta hoy en España a más del 50% de las peticiones. Por último es imprescindible que el organismo de revisión sea independiente del Gobierno.