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Funespaña va a los tribunales ante la inminente remunicipalización de la funeraria de Madrid

El informe que certificó la “falta de mantenimiento” de los cementerios madrileños y cifraba en 23,8 millones las inversiones necesarias para rehabilitarlos tiene “importantes errores de bulto”, según la filial de Mapfre

El Ayuntamiento madrileño ha obligado a la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid a provisionar 21,9 millones en sus cuentas para acometer esas inversiones

La empresa ha impugnado ese acuerdo “por su carácter lesivo para el interés social” y el Juzgado de lo Mercantil Número 5 de Madrid ha admitido a trámite la demanda

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Nichos en el cementerio de La Almudena, en septiembre de 2013. Foto: cc Jaime Lissavetzky vía Flickr

Nichos en el cementerio de La Almudena, en septiembre de 2013. Foto: cc Jaime Lissavetzky vía Flickr

El enfrentamiento entre Funespaña y el Ayuntamiento de Madrid ante la anunciada remunicipalización de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid (EMSFM), prevista para septiembre, ya está en los tribunales.

Funespaña, filial de Mapfre, la mayor aseguradora española, ha impugnado ante un juzgado de lo Mercantil un acuerdo del consejo de administración de la funeraria madrileña por el que esta aprobó en febrero pasado “aceptar en todos sus términos” un informe técnico sobre el estado de los cementerios madrileños que abonaba la idea del Ayuntamiento de que Funespaña ha incumplido sus compromisos de inversión en los últimos años mientras se lucraba con la gestión de la EMSFM. 

El informe certificaba la “ falta de mantenimiento” de las instalaciones y cifraba en 23,8 millones de euros las inversiones necesarias para rehabilitarlas. Pero Funespaña considera que ese dictamen tiene "importantes errores de bulto". La demanda de impugnación fue admitida por el Juzgado de lo Mercantil Número 5 de Madrid el pasado 18 de mayo, según ha informado Funespaña en un escrito publicado este miércoles en la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El escrito responde a un requerimiento de información del regulador bursátil que se interesa, entre otros aspectos, por la no aprobación de las cuentas anuales de 2015 de la EMSFM, de la que Funespaña tiene un 49% y el Ayuntamiento, el 51%.

Ese acuerdo, que Funespaña ha llevado a los tribunales “por su carácter lesivo para el interés social”, se aprobó con el voto favorable de los siete consejeros del Ayuntamiento en la EMSFM y el rechazo de los seis vocales nombrados por la filial de Mapfre. Tras aprobar el acuerdo impugnado, la EMSFM se ha obligado, en base a las necesidades de inversión identificadas en ese informe técnico, a provisionar 21,9 millones en sus cuentas.

El informe de la discordia fue encargado por el Consistorio a la empresa de ingeniería Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra (Cemosa). Advertía, entre otras cosas, de que sólo el 16,8% de los edificios de los cementerios madrileños están en condiciones aceptables.

Pero, según Funespaña, es un estudio “de parte”. En su opinión, adolece de “importantes errores de bulto en perjuicio de la EMSFM tales como repetir partidas como las de mobiliario público, incluir un exceso evidente de metros cuadrados a asfaltar, computar obras necesarias sin tener en cuenta el estado de los edificios e instalaciones en el momento de la concesión”, que “en algunos casos era ya de grave deterioro e incluso ruina”, y “no distinguir entre lo que resulta mejorable de lo que es obligatorio durante el periodo de la concesión”.

"Cumplido con creces"

La filial de Mapfre, que ha propuesto sin éxito encargar un nuevo informe “a un experto, independiente tanto al Ayuntamiento como a Funespaña”, dice que ha “cumplido con creces con el presupuesto de inversiones al que venía contractualmente obligada” y considera que existe “una evidente situación de conflicto de intereses en los consejeros designados por el Ayuntamiento de Madrid” en la EMSFM.

Funespaña pretende lograr una compensación del Consistorio por la próxima extinción de la concesión tras haberse embolsado, según el Ayuntamiento, cerca de 64 millones de euros en beneficios desde la polémica privatización de la EMSFM en 1992.

En concreto, de cara a la extinción de la empresa mixta en septiembre, Funespaña quiere participar en el reparto de las reservas voluntarias de la sociedad. “De lo contrario, se privaría a Funespaña SA de su derecho a participar en los beneficios sociales, sin que la eventual imposición a la EMSFM de obligaciones adicionales en un momento posterior pueda justificar la privación definitiva y confiscatoria de dicho derecho esencial”, dice el escrito.

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