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Movimiento social para proteger y enseñar el idioma leonés

Cinco asociaciones de León, Zamora y Salamanca envían un escrito a las Cortes de Castilla y León reclamando que se "proteja y se enseñe" el leonés.

El Estatuto de Autonomía de esta región recoge que el "leonés será objeto de protección específica por parte de las instituciones por su particular valor dentro del patrimonio lingüístico de la Comunidad".

El Consejo de Europa, en 2011, pidió al Gobierno regional "actuaciones decididas" para proteger esta lengua.

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Cinco asociaciones de León, Zamora y Salamanca exigen protección a la lengua leonesa. Furmientu

Cinco asociaciones de León, Zamora y Salamanca exigen protección a la lengua leonesa. Furmientu

Cuando se reconoce a León como cuna del parlamentarismo, por parte de la Unesco; cuando en León se habla con más intensidad, en algunos foros universitarios, de la importancia de volver al Reino de León, un grupo de cinco agrupaciones de León, Zamora y Salamanca han lanzado un órdago a la Junta de Castilla y León para que enseñe y proteja el idioma leonés, denominado asturiano o bable en el Principado de Asturias y mirandés en Portugal.

El artículo 5.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León dice: “el leonés será objeto de protección específica por parte de las instituciones por su particular valor dentro del patrimonio lingüístico de la Comunidad. Su protección, uso y promoción serán objeto de regulación”.

A este artículo se aferran cinco asociaciones en defensa de la lengua leonesa, Faceira (León), Furmientu (Zamora), El Teixu (Asturias, León, Zamora y Bragança), Documentación y Estudio de El Rebollar (Salamanca) y La Caleya (Astorga), para reclamar esa protección a la lengua leonesa.

Y, además, exigen a las Cortes de Castilla y León “una ley y una política lingüística” y denuncian que la situación actual “vulnera la Constitución, el Estatuto y la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa”, según un escrito al que ha tenido acceso La Meseta.

Nicolás Bartolomé Pérez, presidente de Faceira, reconoce a que es “poco o nada optimista” ante el resultado que se pueda obtener con el escrito remitido. En su opinión, “está recogido en el Estatuto de Autonomía, se aprobó una Proposición No de Ley para proteger el idioma y, hasta ahora, no se aporta ninguna cantidad económica a leonés”.

Sin embargo, resulta llamativo, a juicio de Bartolomé Pérez, que “se proteja el gallego con cerca de medio millón de euros en los Presupuestos de Castilla y León y haya cero euros para este idioma”.

En la búsqueda de razones que justifiquen esta “desidia”, el presidente de la asociación Faceira reconoce que existen “prejuicios” y una “falta de interés” por parte de “la derecha de esta tierra” que tiene una visión “distorsionada de la realidad cultural de León”.

Además, la Junta de Castilla y León  hace caso omiso a la recomendación del Consejo de Europa, que en el año 2011 ya pidió “actuaciones decididas” para proteger al leonés y se le recuerda al Gobierno regional que “el simple reconocimiento del leonés en el Estatuto de Autonomía no es suficiente para su promoción y protección, y que se necesitan medidas concretas y prácticas para facilitar y promover el uso del leonés en la vida pública”, según añade Nicolás Bartolomé.

En ese informe europeo se le pedía a la Junta que ofreciera el leonés como “una parte integral del plan de estudios, al menos como una asignatura, y con carácter preferente en aquellas zonas donde se habla”.

Por tanto, el presidente de Faceira reconoce un “incumplimiento absoluto” por parte del Ejecutivo de Castilla y León, a quien acusa de falta de “voluntad” y de una actitud “negativa y obstruccionista” a la lengua leonesa.

En el escrito remitido a las Cortes regionales, las cincos asociaciones añaden que pese a que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León dispone que “el leonés será objeto  de protección específica” y que “su protección, uso y promoción serán objeto de regulación”, las instituciones de la Comunidad Autónoma mantienen una “inactividad absoluta” en materia lingüística.

Asimismo, denuncian también que la “omisión de las obligaciones autonómicas en cuanto a la protección del leonés significa además una política discriminatoria entre los hablantes de las lenguas minoritarias de la comunidad, pues la promoción del gallego y del euskera que realiza la Junta, aun siendo insuficiente, contrasta con la indefensión en que se mantienen al leonés y sus hablantes, pese a ser una lengua con una regulación estatutaria de mayor entidad”.

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