Otoño caliente. El anuncio de un referéndum en Catalunya que se celebrará el 1 de octubre ha desatado la cara más reaccionaria de un Partido Popular, más que partido mafia, hasta arriba de casos de corrupción, que está utilizando todos los resortes del Estado para, por qué no decirlo, dejar la democracia en stand-by, convertir al Estado español en un estado de excepción.
Registro de imprentas, suspensión de actos políticos en todo el Estado, citación a declarar a más de 700 alcaldes catalanes por ceder locales para colocar urnas. Lo cierto y verdad es que mientras unos quieren poner urnas para votar, los otros están usando todos los resortes del Estado con carácter represivo. En la práctica, están quedando en suspenso los derechos de afiliación política y sindical, el derecho de expresión y de reunión. Y es que, como dice Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia: “Que el referéndum sea ilegal no significa que se pueda combatir jurídicamente de cualquier manera”.
La última noticia que tenemos es el anuncio del Gobierno de tomar el control del Presupuesto de la Generalitat para evitar el desvío de dinero al 1-O, que es la aplicación en cubierta del artículo 155 de la Constitución Española, sin nombrarlo y sin pasar por el Senado. Todo un despropósito.
La misma estrategia autoritaria y anti-democrática que el Partido Popular está usando en Catalunya para resolver un problema que han creado ellos desde que recurrieron el Estatut y promovieron campañas anticatalanas; están usando en Murcia con la llegada del AVE con un problema que han creado de la misma manera solamente ellos y que no saben resolver si no es con represión y mano dura.
En el caso de Murcia la situación ha sido creada por las tres administraciones, local, autonómica y estatal, gobernadas por el Partido Popular. Tras treinta años de lucha vecinal pacífica por el soterramiento de las vías que dividen en dos la ciudad de Murcia, de mentiras y de promesas incumplidas, el empecinamiento en llevar el AVE a Murcia está provocando una situación explosiva.
La llegada del AVE en superficie provocará la construcción de un muro de 9 kilómetros de largo y 5 metros de alto que convertirá los barrios del sur de Murcia en guetos, dejando a más del 60% de la población del municipio separados del centro de la ciudad donde trabajan, viven y se relacionan, con tan solo dos accesos elevados para la circulación de automóviles.
Los vecinos y vecinas no tienen otra opción que hacer lo que están haciendo, como llevan haciendo treinta años, protestar pacíficamente si no quieren ver cómo construyen un muro a 80 centímetros de sus casas. La solución es sencilla, dejar el AVE provisionalmente en las afueras de la ciudad mientras soterren las vías de acceso a la estación de El Carmen, que sería un coste ínfimo respecto al presupuesto total de la llegada del AVE.
Sin embargo, el Partido Popular elige la deriva autoritaria y represiva que está aplicando en Catalunya. El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, viene a Murcia cual sheriff que se traslada de la capital a un pueblucho del lejano oeste, y ante la imposibilidad de inaugurar un puente por la presión de vecinos y vecinas, manda reprimir las protestas y se va dejando aquí el problema.
El delegado del Gobierno de Murcia, Antonio Sánchez-Solís, conocido por amparar y permitir concentraciones y manifestaciones de extrema derecha y nazis, envía a antidisturbios a desalojar y pegar a vecinas en presencia de niños y ancianos que protestaban de forma pacífica. Si creíamos que la época de los Gobernadores Civiles se había acabado, ahí tenemos a nuestro “querido” delegado que encarna la figura a la perfección. El franquismo tardío ha vuelto, o quizá nunca se fue.
Y por último tenemos al alcalde del municipio de Murcia, José Balleta, tan prolífico él para echarse fotos en todo tipo de eventos y saraos, que es incapaz de estar con su ciudad y con sus vecinos y vecinas, incapaz de defender una ciudada transitable y habitable para todos y todas. Alcalde conocido por coger un coche en la romería de la Virgen de la Fuensanta para evitar pisar el barrio de Santiago el Mayor. La cobardía del “mandao” local.
El Partido Popular está convirtiendo este Estado en un estercolero donde empieza a resultar muy difícil llevar a cabo la sencilla idea de tener una vida plena y feliz. Una vida donde podamos decidir sobre aquellas cuestiones importantes que nos afectan y sobre nuestro bienestar, sea la construcción de un muro en medio de una ciudad, sea elegir y votar el encaje nacional y la autonomía de una parte del Estado.
Esto es lo que nos une a catalanas y catalanes, el poder decidir sobre las cosas que afectan a nuestras vidas. Y si el Partido Popular quiere dar un giro autoritario y anti-democrático en Murcia y en Catalunya, nos encontrará en frente, dignos y dignas, solidarias con todos aquellos que sufren los envites de este régimen decadente, defendiendo nuestra felicidad y nuestros derechos. Seguimos.
*Pedro Luis López Sánchez, Secretario de Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos Región de Murcia y militante de Anticapitalistas
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