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Bat, bi eta... Hiriko

La investigación de la juez encargada de la querella del fiscal contra seis empresarios implicados en el proyecto Hiriko deberá probar las graves acusaciones vertidas por Izagirre en un proyecto que dilapidó mas de 16 millones de euros de dinero público.

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La consejera Arantza Tapia, junto al portavoz del Gobierno vasco Erkoreka.

"¡Y ahora también Hiriko!", habrá pensado el lehendakari Urkullu después de tene que lidiar la semana pasada con la polémica que ha salpicado a su flamante consejero de Empleo, Ángel Toña. Y no es para menos. Cuando la consejera de Desarrollo Económico, Arantza Tapia, fue preguntada la semana pasada en las habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno sobre si había alguna relación entre la decisión del Ejecutivo de revisar las ayudas a la Investigación y el Desarrollo y los escándalos de Epsilon e Hiriko, Tapia se salió por la tangente. La consejera ligó esos cambios a las recomendaciones que llegaron a principios de esta legislatura de la Unión Europea (UE) en relación con la "monitorización" de los fondos públicos librados por las instituciones y la política de ayudas, subvenciones y avales. Y admitió, además, que Europa también había sacado los colores a las Administraciones vascas por el crecimiento desmesurado de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, al tiempo que recomendaba poner orden en la misma.

Pero Tapia evitó pronunciar las palabras Hiriko o Epsilon. Esta última mucho menos ya que la comisión de investigación parlamentaria apuntó en junio pasado sin citarla como una de las responsables políticas de aquel fiasco monumental donde se perdieron por el sumidero unos 48 millones de euros. El dictamen fijó las "responsabilidades políticas" de cargos del PNV que se sentaban en las instituciones que dieron luz verde a decisiones que supusieron la dilapidación de dinero público.

El pasado martes, la propia Tapia tuvo que volver a hacer de muro de contención ante la avalancha de preguntas, una vez que  el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, había presentado su querella criminal contra seis empresarios relacionados con Hiriko -alguno como Jesús Echave con fuertes vinculaciones con el PNV y otro como Íñigo Antía exedil jeltzale en la capital alavesa-. Tapia dejó claro que el Ejecutivo autonómico hizo un "seguimiento exhaustivo de este proyecto" y de las ayudas concedidas, recordó que se auditaron las cuentas y no se detectó "ninguna irregularidad".

En ambos proyectos se dilapidaron unos 64 millones de euros. Y parecía que aquí no pasaba nada. El fiscal Izaguirre, ayudado por la Unidad de Delitos Económicos de la Ertzaintza, parece con su investigación y posterior querella criminal querer poner las cosas en su sitio. Ahora empieza lo gordo en Hiriko. Ya no se trata de una comision de investigación donde se dirimen responsabilidades políticas. Se trata de ver si esa trama ideada para "detraer" y expoliar fondos públicos y dirigirlos a los bolsillos de sus impulsores que el fiscal dibuja en su escrito es real o no. Los delitos son muy graves malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, blanqueo de capitales, apropiación indebida y falsedad documental y veremos las implicaciones políticas que pueden aparecer a lo largo de la investigación judicial.

El dictamen señalaba a la entonces dirección de la SPRI -que gestionaba los programas de ayudas Etorgai y Ekintzaile- como responsables indirectos de que el proyecto se fuera al traste porque han tenido una "responsabilidad 'in vigilando'" y "un deber de exigencia de auténticos planes de viabilidad y empresariales que en el caso del proyecto Hiriko no han existido de una manera coherente y en consonancia con los planes iniciales".

Las subvenciones de más de 16 millones de euros al coche eléctrico Hiriko, cuyas ayudas públicas fueron objeto de la comisión de investigación parlamentaria el pasado año, también quedaron al descubierto en el dictamen elaborado por el parlamentario y presidente de la comisión, el popular Carmelo Barrio. El informe ya advertía de que las ayudas públicas "corren el riesgo de acabar, bien perdidas definitivamente o bien en manos de empresas privadas" a traves de las patentes, algunas de las cuales fueron liberalizadas. A juicio del informe, el Gobierno "careció de una falta de visión estratégica al no haber apreciado los riesgos en relación con la necesidad de homologación del proyecto Hiriko".

El dictamen señalaba a la entonces dirección de la SPRI -que gestionaba los programas de ayudas Etorgai y Ekintzaile- como responsables indirectos de que el proyecto se fuera al traste porque han tenido una "responsabilidad 'in vigilando'" y "un deber de exigencia de auténticos planes de viabilidad y empresariales que en el caso del proyecto Hiriko no han existido de una manera coherente y en consonancia con los planes iniciales", censuraba con dureza.  Los mismos que han informado al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) sobre esas ayudas y subvenciones públicas para que redacte su informe, cuyo borrador obra en manos del Gobierno desde el pasado mes de diciembre y que el pleno todavía no ha aprobado. ¿Nos deparará alguna sorpresa esa fiscalización? ¿Será coincidente con la investigación desarrollada por la policía y el fiscal?

La comisión rechazó una enmienda de UPyD que apuntaba responsabilidades políticas en el Gobierno socialista de la época. La enmienda que no salió adelante señalaba: "El Gobierno de España presidido por José Luis Rodríguez Zapatero es responsable político por ceder a las presiones políticas del PNV, en el marco de unas negociaciones presupuestarias alejadas del contenido estrictamente presupuestario, dado que conllevaron la concesión de ayudas y subvenciones a Hiriko, sin existir por parte del Ejecutivo central las necesarias medidas de valoración, vigilancia y control que pudieran justificarlas".

Por de pronto,  el Gobierno central, ahora en manos del PP, tiene previsto personarse en la causa. No hay duda de que si la comisión de investigación fue foco de controversia y de sarracinas políticas, lo que pueda dar de si la investigación judicial que ahora arranca no le irá a la zaga.

Primero fue lo de Kutxabank (bat), luego el caso Toña (bi) eta orain Hiriko. El lehendakari no gana ni para sustos. ¿Habrá generalizado su consejero de Salud, Jon Darpón, la colocación por toda la geografía vasca de desfibriladores por eso tal vez?

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