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Cara a cara entre Iberdrola y Endesa para abordar el cierre definitivo de Garoña

La eléctrica vasca lidera la opción de clausura porque la planta es "inviable económicamente", pero debe contar con el apoyo de Endesa, copropietaria al 50% de la planta

Endesa prefiere esperar a que el Gobierno del PP tome una decisión sobre la posible reapertura, plazo que no vence hasta agosto

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La central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos.

Aunque el Gobierno del PP tiene de plazo hasta agosto para tomar una decisión sobre Garoña, después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) diera el pasado 8 de febrero luz verde a prolongar la vida útil de la central, son las empresas eléctricas Iberdrola y Endesa las que van a decidir la suerte de la planta burgalesa. Este miércoles se reúne el consejo de administración de Nuclenor -la sociedad que explota la central, participada al 50% por ambas eléctricas- para abordar el posible cierre de Garoña. La planta nuclear de Garoña se encuentra parada y desenganchada de la red desde el 1 de enero de 2013.

Previamente a la reunión vespertina del consejo de Nuclenor, Endesa tiene previsto celebrar por la mañana la junta general de accionistas para dar cuenta de los resultados de la eléctrica en 2016. Fue precisamente el pasado 31 de marzo, en la junta de accionistas de la empresa vasca en la que su presidente, Ignacio Sánchez-Galán oficializó lo que era un secreto a voces: que Iberdrola no quiere reabrir Garoña. Galán dijo que  la central nuclear burgalesa "económicamente, no es viable" y anunció que habían pedido "a su socio el desistimiento" sobre reabrir la planta.

Iberdrola había mandado previamente un burofax a Endesa para forzar una reunión de Nuclenor para " tratar la presentación del escrito de desistimiento de solicitud de renovación de la explotación de la Central Nuclear Santa María de Garoña", situada en el valle burgalés de Tobalina y  la planta más vieja del parqué nacional nuclear.

Galán, ante los accionistas.

Ignacio Sánchez-Galán, ante los accionistas.

Las cuentas de Nuclenor parecen dar la razón a Sánchez-Galán en relación a la continuidad de la planta: en 2016 registró unas pérdidas de 67 millones de euros y ha desembolsado ya 330 millones de euros en Garoña durante los últimos cuatro ejercicios, según datos oficiales. A esos datos habría que añadir la inversión que ambas empresas deberían realizar para cumplir  con las exigencias del Consejo de Seguridad Nuclear.

Pero Endesa, que se ha mantenido en todo este tiempo en un discreto segundo plano, no parece tener prisa a dar carpetazo a la planta nuclear, ni comparte la postura de la eléctrica vasca sobre Garoña. Diversas fuentes apuntan a que prefiere esperar a que el Gobierno se pronuncie sobre la autorización de reapertura de la planta. El Gobierno, mientras tanto, sigue "escuchando a todas las partes", antes de tomar la decisión final.

Auditoría para ver la viabilidad de las nucleares

El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, considera que el cierre definitivo de Garoña, "no supondría un cambio respecto a la situación actual", ya que está parada desde hace años. Pero recuerda que "esa decisión está por tomar y pensamos que corresponde oír a todo el mundo, pedir opinión a agentes externos, evaluaciones y tener un consenso entre todos de qué es lo mejor de seguir adelante. En Garoña y, con carácter general, en lo nuclear", ha señalado este martes tras comparecer en el Congreso.

Para el Gobierno, lo fundamental es  cumplir con el pacto con Ciudadanos y hacer una auditoría de costes de las energías nuclear e hidráulica. "Esa es la vía que nosotros vemos para resolver esto", ha precisado a preguntas de los periodistas.

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