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El derecho a la vivienda se podrá exigir ante los jueces

La futura ley de Vivienda recogerá el derecho subjetivo de todos los ciudadanos a disponer de un techo en alquiler.

Los ciudadanos con menos recursos podrán acceder a un piso público con una renta ajustada a su situación y si no hay casas protegidas se le dará una prestación para acudir al mercado libre.

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La futura ley de Vivienda verá la luz tras dos años de trabajos parlamentarios.

La futura ley de Vivienda verá la luz tras dos años de trabajos parlamentarios.

PSE, UPyD y EH Bildu han hecho oficial los acuerdos alcanzados en torno a la futura ley de Vivienda, un texto con el que no está de acuerdo el Gobierno vasco. El acuerdo parte de socialistas y UPyD y ha obtenido el visto bueno de EH Bildu, que lo refrendará con su voto en junio, cuando se lleve a pleno de manera definitiva. La principal novedad del texto reside en el reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda, es decir, que los ciudadanos podrán exigir ante los jueces su derecho a un techo. Así, Euskadi equipará el derecho a la vivienda al que ahora mismo tienen los ciudadanos a la sanidad o la educación.

De ese derecho subjetivo se podrán beneficiar los ciudadanos con menos recursos, que podrán acceder a un piso público en alquiler con una renta ajustada a su situación, que nunca podrá exceder del 15% de sus ingresos si se trata de un arrendamiento de tipo social. En caso de que el Gobierno no tenga disponibilidad en su parque público de alquiler, le dará una prestación para acudir al mercado libre. Y si estos dos supuestos fallan, es cuando el ciudadano podrá recurrir a la justicia para hacer efectivo el derecho.

La futura ley de Vivienda lleva dos años de trabajos parlamentarios, pero su origen es una norma comprometida y elaborada por el Gobierno socialista de Patxi López, que no pudo fructificar aunque llegó hasta el Parlamento. Tanto el PNV como el PP bloquearon el texto la legislatura pasada y por eso los socialistas han insistido con el mismo texto en el actual mandato. Y de nuevo ha contado con el rechazo de PNV y PP, pero en esta ocasión se han quedado en minoría.

En septiembre de 2014, en el pleno de Política General, la nueva secretaria general del PSE, Idoia Mendia, ya advirtió al PNV contra la tentación de “parchear” la ley. “Si optan por el parcheo en lugar de por el derecho, será para cobijarse bajo la sombra del PP. Para ejercer una vez más el victimismo y huir de su responsabilidad. Esperarán a ver si el Gobierno de Rajoy paraliza esa ley acudiendo al Constitucional, Y entonces sí, aparecerá ese PNV defensor de lo propio y de los débiles”.

Lo cierto es que una vez aprobada la ley, el Gobierno vasco, dirigido por el PNV, tendrá que desarrollar de manera más específica la norma por medio de los correspondientes reglamentos. “Estaremos muy vigilantes para que no se produzca ningún retroceso”, han recalcado los portavoces de los tres grupos que impulsan el texto.

Canon para las viviendas vacías

Junto al derecho subjetivo, el documento también recoge la aplicación de un canon para las viviendas vacías, que excluye los pisos que se encuentren a la venta, las residencias de verano o segundas viviendas. Después de dos años desocupado, un piso será gravado con 10 euros de multa por metro cuadrado y año. La cuantía irá subiendo un 10% cada año hasta un tope de tres veces la cuantía inicial. Por ejemplo, para un piso de 60 metros cuadrados, el impuesto el primer año ascendería a 600 euros y podría llegar hasta los 1.800 euros anuales al tercer ejercicio.

Por otro lado, toda la vivienda de protección oficial impulsada por la administración será de alquiler. De entrada, el porcentaje se fija en un 80% para llegar al 100% en el plazo de cinco años. Además, se crea una única sociedad pública que regule todas las políticas de alquiler y que sustituya a las que existen en la actualidad y que, según la oposición, contribuyen a la “dispersión y las duplicidades”.

El acuerdo también recoge la expropiación forzosa de aquellas viviendas que hayan conseguido los bancos mediante desahucios, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos. Principalmente, que las personas desahuciadas puedan caer en la exclusión social. La intención es que las casas sigan en manos de las familias bajo un régimen de alquiler, aunque pierdan la titularidad del inmueble.

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