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Cuando el silencio atruena

La Plataforma Círculos de Silencio, integrada por organizaciones sociales, cumple un año saliendo a la calle para visibilizar la precariedad en la que viven miles de familias.

Las trabas y los retrasos en el pago de las ayudas sociales por parte de Lanbide centran sus protestas.

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Un círculo integrado por más de 100 personas da vueltas en el centro de Vitoria. Se mueven en silencio, como si no quisieran llamar la atención. Pero es justo lo contrario. Sí quieren llamar la atención de la ciudadanía y clamar contra la precariedad en la que viven miles de familias. Es la Plataforma Círculos de Silencio, integrada por las organizaciones y grupos sociales que trabajan con la realidad más marginal de la ciudad y que ven la necesidad de informar sobre esas situaciones y buscar soluciones. Se trata de personalizar esas injusticias desde el silencio y denunciarlas públicamente.

Círculo de Silencio tiene su origen en Francia en 2007 y que se ha ido extendiendo por diversas ciudades del resto de Europa. En Vitoria, sus integrantes se concentran el primer jueves de cada mes en pleno centro para visibilizar las necesidades que sufren miles de ciudadanos y, a la vez, para denunciar las trabas que ponen las administraciones para que puedan acceder a sus servicios.   

Rosana Ortiz de Elguea, una de las promotoras de la plataforma, se afana durante la concentración del pasado jueves en repartir los folletos con las denuncias. “Círculos de Silencio”, explica, “tiene dos líneas de trabajo. Por un lado, se trata de sensibilizar a la ciudadanía acerca de las injusticias que se producen en el ámbito local y que a menudo se desconocen. Por otra parte, trabajamos y presionamos a la institución correspondiente”. La estrategia de la plataforma es no acudir a los responsables políticos hasta que “no hemos realizado varias concentraciones. Así podemos ir avalados por el apoyo de la gente. Y entonces los políticos sí se sienten presionados por estas movilizaciones”.

En nuestra ciudad hay personas que no tienen lo necesario para vivir dignamente y hay que denunciarlo y buscar soluciones

Círculos de Silencio acaba de cumplir un año de vida en Vitoria y, de momento, ya han conseguido dejar oír su voz en las administraciones. Su primera denuncia fue el endurecimiento de los requisitos para acceder a los comedores sociales subvencionados por el Ayuntamiento. Rosabel Argote, integrante de la plataforma y representante de la Comisión Ayuda al Refugiado de Euskadi, recuerda como la presión social ejercida permitió que el Consistorio cambiara la ordenanza municipal y flexibilizara las condiciones. “El primer lema de la plataforma fue En esta ciudad se pasa hambre. Una vez logrado el cambio en la ordenanza ahora nos centramos en denunciar la vulneración de derechos sociales que se producen a diario en las oficinas de Lanbide”.

Retraso en el pago de ayudas

Rosabel se refiere a la actual gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) por parte del Servicio Vasco de Empleo, que a juicio de la plataforma está “privando del cobro puntual” de las prestaciones económicas a personas sin recursos.

“Lanbide”, señala, “está funcionando mal. Hoy por hoy si a una persona se le retrasa el pago de la RGI dos o tres meses, ¿de qué come?, ¿Dónde duerme? Este mal funcionamiento tiene unas consecuencias muy graves para la dignidad de la persona. Se desconocen muchas cosas de las ayudas sociales. Se cree que solo son inmigrantes los que reciben la ayuda, pero la realidad es que ahora hay muchos otros colectivos que sufren estos desfases en el cobro de la ayuda.

El Departamento de Empleo y Políticas Sociales, del que depende Lanbide, se ha comprometido a mejorar la gestión, a cumplir los plazos, a derivar  colectivos que ahora acuden al Servicio Vasco de Empleo hacia otros dispositivos. Y todo para después de julio. “Estaremos atentos para ver si se cumplen los plazos”, advierte Rosabel.

Las principales reivindicaciones de la Plataforma se centran en que la concesión de la RGI y su pago no exceda los dos meses a partir de su solicitud; que los criterios de suspensión sean “justos, claros y reversibles en caso de que se subsane el error”, y mayor flexibilidad en los procedimientos de gestión.

“En nuestra ciudad”, remata Rosana, “hay personas que no tienen lo necesario para vivir dignamente y hay que denunciarlo y buscar soluciones”.

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