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PSOE exige al Gobierno madrileño y el CGPJ que aclaren si Indra pagó a jueces como asesores en un proyecto tecnológico

El secretario de Política Federal del PSOE, y responsable de Justicia dentro de la Ejecutiva, Antonio Pradas, ha exigido este lunes a la Comunidad de Madrid y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que aclaren si la empresa Indra pagó a jueces, magistrados y secretarios judiciales como asesores de un proyecto tecnológico para introducir mejoras informáticas en los juzgados.

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PSOE exige al Gobierno madrileño y el CGPJ que aclaren si Indra pagó a jueces como asesores en un proyecto tecnológico

En un comunicado, el dirigente socialista ha expresado su "sorpresa" por la información que publica 'El País', según la cual un total de 32 jueces, fiscales y secretarios judiciales habrían recibido más de 200.000 euros desde 2011.

Pradas ha instado al Ejecutivo madrileño y al máximo órgano de gobierno de los jueces que "aclaren la procedencia de este tipo de asignaciones a autoridades judiciales que, a priori, tienen un estricto régimen de incompatibilidad para desarrollar cualquier trabajo remunerado".

En su opinión, "resulta muy llamativo que los encargados de validar la implantación de una aplicación informática perciban remuneraciones de la empresa interesada, lo que sin duda, le resta credibilidad a esta validación".

EMPRESA "INVESTIGADA EN LA PÚNICA"

"No es la primera vez que la sombra de la duda sobrevuela sobre la implantación de aplicaciones informáticas por parte de gobiernos del PP", ha denunciado, para después recordar las "sospechas despertadas en su día en relación a la privatización por parte del gobierno de Rajoy de los registros civiles", señala el comunicado, que recuerda que Indra "está siendo investigada dentro de la 'Operación Púnica' en la Comunidad de Madrid".

Para el responsable socialista, "sería muy grave que quienes deben juzgar el comportamiento de una administración y de una empresa en un procedimiento judicial relacionado con presuntos delitos de corrupción, puedan estar cobrando sobresueldos de esa administración a través de la intermediación de la empresa investigada".

"Precisamente para evitar esta barbaridad, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece un régimen tan estricto de incompatibilidades que obliga a pedir conformidad a la hora del desempeño de cualquier actividad remunerada", ha insistido Pradas.

El dirigente socialista ha recalcado que estos comportamientos "hacen que la ciudadanía desconfíe de la independencia judicial y de la ética de los gobiernos" y ha subrayado que, en el caso de la Comunidad de Madrid, "está tan extendida esta imagen, que se hace urgente una regeneración ética y política que encarna, mejor que nadie en este momento, Ángel Gabilondo".

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