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Pedro Antonio Sánchez, el quinto presidente autonómico del PP que abandona la política por corrupción

Al perder el aforamiento retrasará el comienzo del juicio por la trama Púnica, que ahora volverá a la Audiencia Nacional

Con la renuncia al escaño, Sánchez suma su nombre a los de Esperanza Aguirre, Ignacio González, Jaume Matas y Francisco Camps

Sánchez contó durante meses con el apoyo de varios ministros, que salían al paso de cada novedad judicial en su contra

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Sánchez: El PP no esconde a sus candidatos detrás de una marca inocua

Pedro Antonio Sánchez y Mariano Rajoy en un acto del PP. EFE

"Antes de tirar la toalla, me la trago", enunció poco después de su primera imputación. Pedro Antonio Sánchez aguantó en el cargo de presidente de Murcia cada embate de los tribunales, hasta que la defensa que de él hacían los altos cargos del PP y del Gobierno empezó a menguar. Cada nueva revelación de los casos Púnica y Auditorio resquebrajaba el muro levantado por los líderes de su partido. Primero presentó su dimisión como presidente autonómico y ahora abandona también su escaño en el parlamento, lo que implica que perderá su aforamiento y provocará un retraso en las causas en las que está imputado.

Sánchez integra con su abandono la lista de dirigentes autonómicos del PP que han dejado la política empujados por sus problemas con la corrupción. La última en hacerlo fue Esperanza Aguirre, el pasado mes de abril, después de que detuviesen a su sucesor al frente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. A él le habían apartado de la candidatura a presidente autonómico por unas sospechas de corrupción que luego se demostraron ciertas.

Antes que ellos, dirigentes históricos del PP como Jaume Matas -que llegó a ser ministro- se habían batido en retirada enfangados por la corrupción. En el caso del expresidente balear, ese fango se traduce en un sinfín de causas judiciales nacidas del Palma Arena, una macrocaso de corrupción que ya le ha hecho pisar la cárcel.

También se alejó de la política, aunque en su caso tras ser absuelto, el expresidente Francisco Camps, que había gobernado en la Comunidad Valenciana en los años en los que Gürtel convirtió ese territorio en su mina de oro. Aún colean las causas por aquellos desmanes, y en una de ellas varios empresarios han admitido que financiaron al PP con Camps a su cabeza.

Sánchez contó con el apoyo de los líderes del partido hasta el final. Ministros como Jorge Fernández Díaz -que llegó a cuestionar el trabajo de la Guardia Civil-, María Dolores de Cospedal -quien dijo que el contrato con Púnica "nunca se celebró"- o Rafael Catalá -que atacó a las fiscales que pedían su imputación- salieron en su defensa tras cada nueva información sobre su implicación en los dos casos que le han llevado a dimitir.

Cuando los indicios cristalizaban en escritos judiciales, su respaldo se diluyó y el PP propició que se apartase para dejar paso a Fernando López Miras, y con ello preservar el feudo electoral que es Murcia.

Su dimisión retrasará el juicio de Púnica

La causa por los amaños con la trama Púnica viajó de la Audiencia Nacional al Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM). Ese tribunal se iba a encargar de juzgar solo la parte que afectaba a Sánchez, a quien se le acusa de contactar con la trama para pagar con dinero público una campaña de imagen para lograr su designación como candidato. El objetivo era contrarrestar las malas noticias que surgían por su otra pesadilla judicial, el caso Auditorio.

Sánchez no llegó a firmar el contrato con el empresario Alejandro de Pedro porque este fue detenido, pero ya se había reunido en varias ocasiones con él -bajo vigilancia de los agentes- y había concretado todos los detalles del acuerdo. Su defensa consiste en que no firmó, pero las fiscales del caso sostienen que eso no excluye la comisión de los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada.

La acusación popular presentó hace unos días un escrito en el que pedía nueve años de cárcel para Sánchez. El juez estaba a la espera de que la Fiscalía entregase su escrito de acusación para abrir juicio oral contra el expresidente. Fuentes conocedoras del caso apuntan a que esa decisión era inminente y que el proceso podía comenzar antes de finales de año.

Si Sánchez hubiese esperado a la apertura del juicio oral para dimitir, su decisión no habría influido en los tiempos judiciales. El juicio se habría celebrado en el TSJM. Pero la pérdida del aforamiento implica ahora que la causa debe devolverse al juzgado de la Audiencia Nacional del que salió.

Fuentes cercanas al proceso apuntan a que esto supondrá un retraso. Los trámites en el TSJM, con menos carga de trabajo, eran más ágiles que en la Audiencia Nacional, que tiene esta pieza “atascada”, y que previsiblemente no abrirá juicio a Sánchez y al resto de imputados hasta el próximo año. Sin embargo, esas mismas fuentes apuntan a que su decisión podría ser perjudicial para sus intereses, porque en la Audiencia Nacional tiene menos posibilidades de salir absuelto.

Lo mismo ocurre con el caso Auditorio, que investiga el proyecto de un gran centro cultural en Puerto Lumbreras, donde Sánchez era alcalde. El Ayuntamiento pagó a las empresas con el 38% del proyecto sin terminar y con cargo al Plan de Proveedores de 2012. Sánchez, está imputado por prevaricación, fraude, falsedad documental y malversación, en un caso que investiga también el destino final de la subvención que se entregó para pagar las obras. El caso volverá al juzgado de Lorca donde están imputadas otras 19 personas.

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