El pleno del TC estudia la recusación de sus miembros presentada por Forcadell

El pleno del Tribunal Constitucional ya estudia la recusación de sus doce magistrados que hoy ha presentado la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, con el objetivo de resolver esa cuestión antes de que entren las previsibles impugnaciones de los pasos hacia el referéndum soberanista del 1-0.

El pleno es el encargado de resolver esa cuestión al no existir ninguna instancia superior, han indicado fuentes del Tribunal, que han indicado que el escrito no se ha presentado dentro de ninguna causa concreta.

Otras fuentes han apuntado que la petición será previsiblemente rechazada y tal vez, incluso, inadmitida, dado que la ha presentado Forcadell y no la Mesa del Parlament.

Existe un precedente de intento de recusación de todos los magistrados del TC, el presentado en su momento por el abogado José Luis Mazón.

El asunto terminó en una denuncia ante el Tribunal Supremo, que determinó que ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica del TC está previsto la sustitución de todos los magistrados del Constitucional, “conjuntamente, por causa de abstención o de recusación”.

Forcadell ha presentado su escrito de recusación poco antes del comienzo del pleno ordinario del Constitucional y del arranque del pleno del Parlament en el que está previsto aprobar la ley del referéndum, paso previo a la convocatoria del 1-0.

De hecho, la Mesa del Parlament ya ha admitido a trámite esa iniciativa -impulsada por Junts pel Sí y la CUP- y que será la primera decisión de las que se puedan adoptar hoy que impugne el Ejecutivo, previa reunión del Consejo de Ministros.

Lo hará mediante la fórmula de la ampliación de uno de los incidentes de ejecución de sentencia que el Ejecutivo ya ha presentado y el Constitucional admitido, con lo que no será preceptivo el trámite del Consejo de Estado.

Una vez que el Gobierno remita al Constitucional ese escrito y se cumplan los trámites preceptivos de entrada y registro, el pleno lo incluirá en el orden del día y procederá a la suspensión cautelar automática del acuerdo de la Mesa.

Se trata del mismo mecanismo que se seguiría en el caso de que la proposición de ley fuera aprobada por el pleno de la cámara catalana.

Pero, para ello, el pleno debe primero resolver la recusación de sus miembros solicitada por la presidenta de la cámara autonómica.