UPyD alerta de una factura pendiente de más de 30.000 millones en armas y dice que el despilfarro debilita la seguridad

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha elaborado un nuevo informe sobre la evolución y los costes de los Programas Especiales de Armamento (PEAS) que arrancaron en 1997 y ha concluido que el Estado acumula ya una factura pendiente con la industria armamentística que supera los 30.000 millones de euros y que este “despilfarro” debilita la seguridad nacional y en el largo plazo puede tener “pésimas consecuencias”.

Así lo ha asegurado la portavoz de Defensa de UPyD, Irene Lozano, quien ha presentado las conclusiones del citado informe que se hará público en unas semanas en un encuentro informativo en el que ha estado acompañada por la eurodiputada magenta Beatriz Becerra y por el analista experto en estos temas Bernardo Navazo.

Las conclusiones del informe, que es continuidad de uno presentado en el verano de 2014, se han redactado en forma de preguntas para las que no existen respuestas claras, un método con el que sus autores quieren dejar patente la “opacidad” que existe en torno a los programas de armamento.

LAS ÚLTIMAS CIFRAS, DE 2010

De hecho, la primera conclusión es que, tras toda una legislatura pidiendo datos al Gobierno y entrevistándose con distintos actores, a UPyD le ha sido imposible concretar el coste total de estos programas y la única cifra que manejan oscila entre los 31.000 y los 37.000 millones que se calcularon en 2010.

Los Programas Especiales de Armamento empezaron en 1997, cuando, a través del Ministerio de Industria se puso en marcha un sistema de créditos blandos de 14.000 millones de euros para ayudar a la empresas a arrancar la producción de determinados productos. Pero en todo este tiempo se han producido numerosos retrasos y sobrecostes que han redundado en lo que UPyD califica de “despilfarro”.

En la anterior legislatura el entonces secretario de Estado de Defensa, el socialista Constantino Méndez, realizó una auditoria interna para saber por qué al ministerio cada vez llegaban facturas más elevadas --que superaban con creces los 24.000 millones inicialmente apalabrados-- y algunos materiales no se acababan de entregar, una situación que, además, coincidió con el inicio de la crisis económica.

EL GOBIERNO DE ZAPATERO LO AUDITÓ

Lozano reclamó al Gobierno en 2013 los tres informes fechados en septiembre de 2011 en los que plasmaron los resultados de esa auditoria, pero el ministerio que dirige Pedro Morenés se los negó, alegando que no eran documentos oficiales. Sin embargo, UPyD, que logró hacerse con ellos, defiende su carácter oficial e incluye en sus conclusiones algunas de sus afirmaciones.

De aquella auditoria, el propio ministerio concluyó que como consecuencia del “limitado control” que ejerció Defensa sobre la evolución de los PEAS, “los contratistas adquirieron un excesivo poder”. “No se ejerció control riguroso sobre el resultado de los programas, siento habituales los retrasos y sobrecostes”, admitía en 2011 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que, además, alertaba de que “la industria de Defensa no dudó en aprovechar las ventajas que le proporcionó esta situación”.

Además, pese a que oficialmente se considera “muy positivo” para el país el impacto tecnológico de la prefinanciación de estos programas, aquel informe de 2011, pone en duda esa versión. UPyD reconoce que se ha logrado la excelencia en algunos sectores, pero también cuestiona que aquella inversión inicial de 14.000 millones esté resultando rentable en lo que se refiere a la innovación tecnológica, puesto que sólo se ha conseguido aportar un reducido valor añadido.

Dado que no se ha logrado un “desarrollo tecnológico propio”, varios “sistemas de armas de los PEA no pueden ser exportados” puesto que las empresas matrices extranjeras deniegan los permisos para la exportación y se los reservan para ellas.

“MALA PRAXIS SISTEMÁTICA Y CONSCIENTE”

Lozano ha acusado a Morenés de haber metido “en un cajón” aquel informe en el que se alertaba de los riesgos de los PEAS, lo que ha contribuido a que se hayan perdido cuatro años en los que la situación no ha hecho más que empeorar. Además, ha reiterado que “no fue casual” que Mariano Rajoy colocara al frente de Defensa, a Morenés quien, en anteriores gobiernos del PP, había sido secretario de Estado de Defensa y de Innovación Tecnología y antes de volver al Gobierno había pasado ocho años en la industria del ramo.

Según ha recordado, en 2012 Defensa inició un proceso de renegociación con la industria, pero las únicas beneficiadas fueron las empresas porque lo que se hizo fue darles más tiempo para entregar el material pero a cambio se incrementó el monto total.

“Ha habido una mala praxis sistemática y consciente que daña la seguridad nacional y que en el largo plazo puede tener pésimas consecuencias”, ha avisado Lozano, quien ha insistido en que, al tener que dedicar más dinero a estos pagos, se tienen que detraer fondos de otras partidas lo que redunda, por ejemplo, en deficiencias y en la formación y el adiestramiento de los miembros de las Fuerzas Armadas que se “juegan la vida” por el país.

Y NO SE PENALIZA A LAS EMPRESAS

Como ejemplo de esa “mala praxis”, UPyD destaca el caso de los submarinos S80, cuya entrega por parte de Navantia ha sufrido múltiples rechazos, lo que ha obligado a gastar 43 millones de euros en operaciones de mantenimiento y renovación de los sumergibles en uso, una cantidad que puede seguir incrementándose. Además, denuncia UPyD, no se tienen constancia de que se haya penalizado a ninguna de las empresas que han incurrido en retrasos.

“En muchas ocasiones el Estado no toma decisiones que puedan perjudicar a la industria”, ha admitido Navazo, quien ha revelado que en torno al 96% de las inversiones en este ámbitos va a parar a Santa Bárbara, Navantia a EADS-Casa.

Navazo ha puesto de relieve las trabas con las que se encuentra quien intenta escudriñar en estos asuntos, ha destacado que la reserva que merece la materia es caldo de cultivo para esta mala praxis y ha recordado que desde el inicio de la legislatura el Gobierno ha ido aprobando créditos extraordinarios al margen de los Presupuesto para ir pagando la factura pendiente.

El último crédito extra se aprobó el pasado mes de mayo y ascendió a 856 millones de euros y ya el pasado mes de agosto, el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, adelantó en el Congreso que el próximo Gobierno tendrá que destinar más de 1.000 millones extra sólo en 2016 para abonar pagos pendientes, una cuantía que no se ha recogido en el proyecto presupuestario para el año que viene.