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El fin de la guerra de avales y el blindaje del líder: el PSOE de Pedro Sánchez ya tiene nuevas normas

Los estatutos del PSOE reducen el número de firmas que los aspirantes a liderar el partido y las federaciones deben recoger para entrar en la competición

Las nuevas reglas incluyen el nuevo sistema de primarias con doble vuelta, las consultas a los militantes y la votación de los afiliados para echar al secretario general

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Pedro Sánchez, junto a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, el secretario de organización, José Luis Ábalos, y la vicesecretaria general, Adriana Lastra. EFE

El diseño del nuevo PSOE está en marcha. Los socialistas tienen ya estatutos, la norma máxima del partido y trabajan en el desarrollo o actualización de reglamentos específicos, como el de primarias o de las consultas a los militantes. Pero las reglas del PSOE de Pedro Sánchez ya están redactadas, con la incorporación de algunas de sus propuestas estrella –las que salieron aprobadas en el 39º Congreso Federal–, que quedan especificadas. Los 51 folios que ocupa la normativa del partido destilan un cierto aprendizaje de la guerra que ha atravesado en los últimos meses. 

No a la guerra (de avales)

Los aspirantes a liderar el PSOE o sus federaciones tendrán que seguir presentando avales para entrar formalmente en la competición de las primarias, pero se introducen dos novedades: el número mínimo de firmas se reduce y se fija un tope máximo. Con la primera medida se allana el camino a candidatos desconocidos –o alejados del aparato–. Para los procesos federales el porcentaje mínimo que se debe recopilar es el uno (estaba fijado en el cinco) mientras que para los procesos autonómicos se sitúa en el dos (hasta ahora el mínimo era el 10%).

Con la fijación de un máximo de entrega de avales –solo se pueden presentar el doble de los establecidos para poder concurrir con el fin de evitar que los posibles fallos de forma o duplicidades dejen al aspirante fuera de la competición–, se evitan las demostraciones de fuerza. 

Sánchez planteó que en el enfrentamiento con Susana Díaz y Patxi López se impusiera un máximo a la recogida de avales. Los partidarios de la andaluza se negaron pues que contaban con hacer una demostración de poderío orgánico que dejara K.O. a su rival. No lo consiguieron. Es más, se llevaron una sorpresa cuando el outsider Sánchez se colocó a apenas 5.000 firmas de la que hasta entonces era la favorita

Control de gestoras: censo cerrado durante su mandato

La gestora que se hizo con el control del PSOE tras la salida de Sánchez fue cuestionada en todo momento. Acusaban al órgano controlado por Javier Fernández y Mario Jiménez de falta de imparcialidad. Primero por querer prolongar su mandato al pensar que el tiempo diluiría al sanchismo y facilitaría el aterrizaje de Díaz. No se cumplió. La propuesta del secretario general de limitar a 90 días la duración de las gestoras que se hacen cargo de la dirección en periodos de interinidad cuando desaparece la ejecutiva está ya reflejada en la normativa interna. 

Otro de los reproches de los sanchistas a la gestora fue el control del censo. El equipo de Sánchez denunciaba que no se daba de alta algunas fichas procedentes de territorios 'hostiles' mientras que estaban convencidos de que se estaba afiliando de forma masiva a quienes creían iban a decantarse por Díaz.  "Durante el mandato de las comisiones gestoras, el censo de afiliados del nivel orgánico y territorial correspondiente no podrá modificarse", recogen los estatutos.

Los afiliados directos se quedan

En la larga campaña de primarias también se cuestionó la figura de los afiliados directos (aquellos que se dan de alta por Internet y no están adscritos a una agrupación local y, por tanto, tienen limitada su capacidad de actuación). El argumento esgrimido era similar: la facilidad para darse de alta (por solo 15 euros) permitía, según los detractores de esta figura, hinchar el censo para inclinar la balanza hacia uno u otro candidato. A pesar de la polémica, los afiliados directos siguen existiendo en el nuevo PSOE. 

Tampoco varía el proceso de elección del gerente, a pesar de que los tres candidatos defendieron que fuera el máximo órgano del PSOE (el congreso) el que aprobara su nombre. Fue, de hecho, la excusa que utilizó la gestora para justificar el despido anticipado de Gregorio Martínez. Sin embargo, los estatutos mantienen que es la Ejecutiva la que designa al responsable de las cuentas, como hizo la dirección en su primera reunión

Los candidatos, fuera de la dirección

La sombra de la duda sobre la imparcialidad de los aparatos en los procesos internos ha llevado a los redactores de los estatutos a incluir una cláusula que afecta directamente a los candidatos: no podrán ocupar puestos de responsabilidad en el partido si aspiran a una primarias. Según la redacción, Sánchez deberá abandonar temporalmente la secretaría general durante el proceso de primarias si opta a la candidatura a la presidencia del Gobierno.

"Para una mayor imparcialidad en los procesos de primarias, los y las
candidatos/as y los representantes designados por la candidatura que ocupen
puestos orgánicos en Comisiones Ejecutivas, durante los procesos de primarias,
quedarán suspendidos de su cargo, quedando delegadas automáticamente sus
funciones en la persona u órgano que las normas prevean que lo sustituye en
sus funciones temporalmente", recogen los estatutos. 

Con esa norma, Ximo Puig o Guillermo Fernández Vara tendrían que apartarse del liderazgo del PSOE en sus federaciones hasta que acaben las primarias y delegar sus funciones. También tendrían que renunciar temporalmente los miembros de sus candidaturas que formen parte de órganos de dirección. En Ferraz dicen que tendría que salir de ellos dar un paso atrás y que son laxos en la aplicación de estas normas para los procesos regionales que están teniendo lugar y que se prolongarán hasta octubre. 

De hecho, Sánchez dio a elegir a las federaciones que se rigieran por las normas que salieron del congreso de junio o por las anteriores para los congresos regionales. Guillermo Fernández Vara eligió, por ejemplo, la nueva normativa. Así, sus primarias serán a doble vuelta (si ninguno de los tres candidatos logra el 51% de respaldo el 16 de julio los dos más votados se enfrentarán de nuevo el 23 de ese mes) y estableció un mínimo y un máximo de avales. La mayoría de federaciones que han convocado los procesos siguieron las normas anteriores. 

Voto secreto para echar al líder

Los estatutos incluyen la propuesta de Sánchez para blindar al secretario general. La dimisión de la mitad más uno de los miembros de la Ejecutiva federal, no supondrán la caída inmediata del secretario general. Cuando 17 dirigentes renunciaron en septiembre, los "bandos" del PSOE se enzarzaron en una batalla legal por la falta de precisión de las normas internas. Ahora queda aclarado. 

Para echar al secretario general es necesario que se pronuncie el conjunto de la militancia. La propuesta de expulsarle debe partir del 20% de los miembros del Comité Federal y contar con el respaldo del 51% para pasar a la ratificación por parte de todos los afiliados. El voto de una moción de censura en el Comité Federal deberá ser secreto, según se fija en las normas. El anonimato del voto que defendieron sin éxito los partidarios de Sánchez en el Comité Federal del 1 de octubre fue uno de los principales focos de enfrentamiento en aquella convulsa reunión. 

El PSOE varía la fórmula para elegir los miembros de ese órgano, que tendrá en este periodo 396 miembros. 132 han sido elegidos ya en el 39º Congreso Federal. Otro tercio saldrá de los procesos regionales y la novedad es que el tercio restante será elegido por el voto directo de la militancia. La fórmula está aún por desarrollar en un reglamento específico, según figura en el documento publicado por el PSOE. 

Lo mismo sucede con las consultas a los militantes. Sánchez prometió una mayor participación de los afiliados a través de preguntas sobre asuntos de relevancia, que no figuran en los estatutos y que se concretarán en un reglamento posterior. Lo que sí figura ya como obligatorio es que se pregunte por los acuerdos de gobierno de los que participe el PSOE y sobre la posición de voto en las investiduras "que supongan facilitar el gobierno a otro partido político". Las normas prohíben ahora lo que hizo la gestora al permitir el Gobierno de Mariano Rajoy. 

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