La esperanza para ocho familias se llama El Gancho
Un edificio de cuatro plantas, el número 41 de la calle Mariano Cerezo, es la esperanza de ocho familias del barrio zaragozano de El Gancho. Es también la primera iniciativa de la Obra Social de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Aragón, que busca la recuperación ciudadana de viviendas vacías fruto de ejecuciones hipotecarias. Ahora el colectivo intenta negociar con la Sareb, propietaria del inmueble, un alquiler social para los 11 adultos y 5 niños que viven en el bloque.
Francisco Javier Acerete es el inquilino más antiguo del edificio, entró en 2006 y en julio se enfrenta, junto a otras tres familias, a una orden de desahucio. Ha contraído una deuda de 6.000 euros, 12 cuotas del alquiler que, asegura, intentó pagar, “aunque este es un precio superior al del contrato y no se corresponde al del mercado, ni a una zona como esta”.
Explica que sus problemas comenzaron en 2012, cuando la promotora propietaria del inmueble quebró y el bloque pasó a manos de Caja España. “La entidad no nos dio un número de cuenta para realizar los pagos ni un contacto para preguntar por ellos, por lo que dejamos de abonarlos”. En 2013 el inmueble fue adquirido por la Sareb, a la que también acusan de no ofrecer un interlocutor para tratar sus propuestas.
Stop Desahucios Zaragoza ha bautizado este bloque como la Esperanza de El Gancho “porque es la única alternativa para algunas de estas personas”, asegura su portavoz, Pablo Híjar. Es el caso de Pilar García, vecina desde hace cinco años, que apenas puede subir y bajar las escaleras. Sufre artrosis en cadera y rodillas y obesidad mórbida. Sigue un tratamiento psiquiátrico y se encuentra a la espera de recibir el Ingreso Aragonés de Inserción. Comparte el piso con su hija, de 20 años, también en paro, quien recrimina que los propietarios se han desentendido del estado de las casas.
Las facturas del mantenimiento del edificio suman 5.800 euros. Han cambiado la puerta principal, el tejado, los calentadores y han arreglado los trasteros tras varias inundaciones. “Este edificio sólo ha tenido dueño para decirnos que hay una deuda, nadie se ha acordado de nosotros cuando el ascensor ha dejado de funcionar o han reventado el portal para entrar a dormir”, apunta la hija de Pilar.
Contratos falsos de alquiler
Desde Stop Desahucios aseguran que la situación en algunas zonas de la ciudad es insostenible y alertan de que se han comenzado a dar contratos falsos de alquiler. En el barrio Oliver “existen grupos que se están lucrando de las necesidades de las familias, pidiéndoles 600 euros por abrirles casas, proporcionarles acceso a suministros y apañar su empadronamiento”, señala Híjar.
Este portavoz señala que en la calle Las Armas, también en El Gancho, la ocupación ha llegado extremos inimaginables desde hace unos años: “Se ha declarado la guerra por los trasteros. Hay personas que pelean por dormir bajo techo y hacen guardia para conseguir estos 'cobijos de una sola noche', que abandonan al punto de la mañana para evitar encontronazos con la policía”.
Casos como estos han llevado a la Obra Social a apoyar la recuperación de otros seis pisos en distintos puntos de la capital aragonesa, “porque no queremos que impere la ley de la selva”. Las familias con las que trabajan desde la asamblea cuentan con informes de trabajadores sociales que acreditan que cumplen los requisitos para acceder a un alquiler social. Y esta es la demanda que esperan comenzar a negociar en breve con la Sareb.
Por su parte, fuentes de esta sociedad aseguran que están estudiando cada uno de los casos para distinguir entre antiguos inquilinos y nuevos ocupantes y, entonces, actuar. Destacan que “no están al margen” de la situación de la vivienda en España y apuntan, respecto a La Esperanza del Gancho que “el procedimiento habitual ante una ocupación ilegal es denunciar los hechos, por su responsabilidad como propietarios y por motivos de seguridad”.
El banco malo tiene conocimiento de que Stop Desahucios ha solicitado reunirse con un mediador en varias ocasiones, sin embargo señalan que “es imposible atender a todos los colectivos” y que “es con las comunidades autónomas con quienes van a sentarse a negociar porque son estas las que tienen las competencias en vivienda”. En este sentido, apuntan que Aragón es una de las ocho regiones que se beneficiarán de la puesta en marcha de un parque de 2.000 pisos con “buenas condiciones”.
Stop Desahucios ha buscado el apoyo de los grupos municipales de cara a mediar en la negociación con la Sareb y encontrar una solución en el plazo de un mes para que no se produzca el desalojo. La intención de Izquierda Unida y Chunta Aragonesista es sacar adelante, con el respaldo del Partido Socialista, una moción en el pleno del Ayuntamiento y que, al menos, las familias cuenten con amparo institucional.
