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Los gobiernos europeos usaron un truco legal para ayudar a los fabricantes de coches con sus emisiones contaminantes

Un informe jurídico analiza que los países aprovecharon el mandato de hacer cambios técnicos para suavizar la ley de reducción de emisiones a favor de la industria

Modificar la ley requiere el voto del Parlamento, al que se ha ignorado, lo que permite a los diputados "vetar la decisión de la Comisión Europea", asegura el análisis

"Adecuar los vehículos a estándares rigurosos costaría en general unos 100 euros por unidad", explican en la organización Transport & Enviroment"

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Panel con avisos por contaminacion en Madrid.

Panel con avisos por contaminacion en Madrid.

Los gobiernos europeos utilizaron un truco legal para ayudar a los fabricantes de coches con sus emisiones contaminantes justo después de que se conociera que Volkswagen había estado falseando sus pruebas. La revisión de la normativa sobre vehículos acordada el pasado 28 de octubre, que  les permitirá lanzar hasta un 50% más de dióxido de nitrógeno (NO2) de lo que estableció la ley, "excede las competencias" de la Comisión Europea. Ha modificado "por la puerta de atrás", sin el voto del Parlamento, una ley continental, según un informe jurídico al que ha tenido acceso eldiario.es.

El análisis, realizado por el grupo de abogados de ClientEarth, explica que lo que han hecho los países es utilizar la actualización de los controles técnicos de emisión de gases para cambiar la ley de manera que sea más permisiva con las marcas. La Comisión había recibido el encargo para remodelar los exámenes que deben pasar los coches – los test que Volkswagen había estado falseando en millones de motores– con la idea de que reflejaran las "condiciones reales de conducción". Los gobiernos aprovecharon ese momento para, de hecho, alterar las estipulaciones de la ley sobre la reducción de emisiones de contaminantes de los vehículos.

El resultado fue que de los 80 microgramos por kilómetro máximo que recoge el texto legal, se ha pasado a 120 mgr. Un 50% más. Esa decisión "es incompatible con los objetivos de la ley de ir reduciendo progresivamente la contaminación que producen los vehículos y alcanzar los niveles de calidad del aire", resumen los letrados que creen que el Parlamento tiene argumentos para rechazar legalmente la revisión de los umbrales de emisiones.

El proceso para cambiar la manera en que se mide los gases que expulsan los tubos de escape estaba en marcha en la Unión Europea cuando estalló el escándalo Volkswagen. Sin embargo, la reunión decisiva se produjo después de que la Agencia Americana del Medio Ambiente destapara que la marca alemana había trucado millones de motores. La Comisión Europea proponía exigencias estrictas para autorizar los motores tras los exámenes en "condiciones reales de conducción". Pero algunos países, con España a la cabeza, pidieron que los niveles legales fueran mucho más permisivos.

Finalmente, el comité técnico de países que estudió la propuesta estableció que los vehículos diésel pudiesen emitir ese 50% más de NO2 que lo que marcaba la ley de 2007. El mandato que tenía la Comisión Europea decía que solo podían "remodelar aspectos no esenciales de la regulación, complementándola", según el articulado de la ley. Lo que dice el informe jurídico es que los países han utilizado a la CE para saltarse al Parlamento. Y citan al Tribunal Europeo de Justicia que establece que sólo éste organismo "tiene la capacidad para tomar decisiones políticas que equilibren los intereses comerciales de los fabricantes y los del público en general. La Comisión únicamente puede establecer los aspectos técnicos para aplicar la ley".

Basta con revisar los argumentos que sustentaba la propuesta del Ministerio de Industria sobre los coeficientes que había que aplicar a los controles de motor. En su apartado de "justificación" se incluyen: "el valor neto del mercado de motores diésel; la negativa influencia en la economía española, la debilidad de la competitividad europea en la tecnología del diésel...".

Un 10% del parque cumple el límite al circular

La organización Transport&Enviroment (cuyo estudio junto al Consejo Internacional de Transporte Limpio fue utilizado por EE UU para destapar el engaño de Volkswagen), explica que "actualmente solo un 10% del parque de coches diésel europeos cumple con el límite de 80 miligramos al circular mientras que en EE UU, con una normativa dos veces más exigente, los mismos fabricantes producen coches que cumplen".

La organización añade que "los costes de producción por unidad, en general, rondarían los 100 euros aplicando los límites más exigentes". Este lunes la comisión de Medio Ambiente y Salud del Europarlamento votó en contra de la decisión de la Comisión y los Estados Miembro. Esto llevará la revisión de la norma de motores al Pleno para decidir si se veta y anula la nueva manera de medir la emisión de NO2. El portavoz de Equo en la Cámara, Florent Marcellesi contaba después que "deben recapacitar y aplicar las normas europeas".

En este sentido, la diputada europea Catherine Bearder (del grupo liberal británico) ha comentado que "se están preparando para echar abajo la decisión vergonzosa" de los gobiernos. "El escándalo Volkswagen debería haber servido como una llamada de atención pero los ejecutivos han decidido ponerse una venda en los ojos".

La encargada de transporte limpio de T&E, Juilia Poliscanova, entiende que la inversión que deben acometer los fabricantes "es un precio bajo para un aire limpio. Aplaudimos que los parlamentarios europeos detuviesen el movimiento ilegal de los países productores de coches para perdonar a los instigadores del dieselgate".

Comisión de investigación

El dióxido de carbono y el fraude de los motores salta la víspera de la reunión de los ministros europeos de Medio Ambiente para debatir sobre los nuevos exámenes de motores, prevista para el miércoles. A la oposición de los parlamentarios sobre la manera en que se ha modificado la normativa Euro6, se une el segundo aliento que ha tomado la formación de una comisión de investigación sobre el dieselgate. La petición promovida por el grupo de Los Verdes Europeos se había topado con la oposición de los principales partidos. Sin embargo, según cuentan desde la cámara, los Liberales y Socialdemócratas están virando de postura.

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