Carta abierta al CEO de Telegram

Señor Pavel Durov, agradezco su mensaje alertando sobre los riesgos para la libertad que entrañan las medidas regulatorias anunciadas por el Gobierno español para restringir el acceso de menores de 16 años a redes sociales y plataformas digitales. Sin embargo, tras leerlo detenidamente, no he podido evitar cierta confusión: ¿qué concepto de libertad maneja usted exactamente? Porque últimamente da la sensación de que la libertad se ha convertido en el concepto más invocado y, al mismo tiempo, más degradado de nuestro vocabulario público. Bajo su bandera se especula con la vivienda, se justifica la elusión fiscal, se mercantilizan los cuerpos y se contamina el planeta. Y también en su nombre, conviene decirlo con claridad, se ha construido un ecosistema digital que genera dependencia y adicción desde edades cada vez más tempranas. Frente a esta noción estrecha y egoísta de la libertad, entendida como mera ausencia de límites a hacer lo que a uno le da la gana sin pensar en las consecuencias, hay una tradición política que va del mundo griego al republicanismo moderno que la ha entendido de forma muy distinta: como una praxis colectiva, una responsabilidad compartida y una construcción deliberada de condiciones materiales e institucionales que la hagan efectiva para todos. Yo entiendo que para alguien que se encuentra entre las mayores fortunas del planeta y que posee la capacidad, mediante un solo clic, de hacer llegar su mensaje a más de mil millones de personas, esta concepción exigente y compartida de la libertad resulte incómoda, pues implicaría renunciar a sus privilegios y situar el bien común por encima de su interés privado. Y, sin embargo, desde ese mismo deber cívico es desde donde muchos ciudadanos sentimos la obligación de rebelarnos ante el desamparo en el que quedan nuestros hijos frente a empresas cuyo modelo de negocio se alimenta de su atención y de su dependencia.  

Su apuesta por reducir la libertad a la mera ausencia de interferencia estatal pertenece a un mundo del pasado frente a los retos que tenemos hoy ante nosotros. Como ya han alertado muy convincentemente autores como Shoshana Zuboff y Jaron Lanier, los sistemas predictivos y los algoritmos dirigidos por el lucro -como los que emplean las redes sociales más populares condicionan con una eficacia extraordinaria lo que millones de niños, niñas y adolescentes hacen, consumen o incluso llegan a pensar. ¿Qué autonomía y criterio pueden desarrollar en ese contexto? ¿Es realmente posible hablar de libertad? El problema no es tanto preservar a toda costa la privacidad, sino que remite a una cuestión más profunda: cómo construir las condiciones materiales, institucionales y culturales que hagan posible una capacidad real de decisión autónoma.  

Habla usted de un gobierno democrático como el español como si se tratara de una especie de Leviatán cuyo fin último fuera controlar a sus ciudadanos. Lejos de la imagen de un Estado todopoderoso e intervencionista, la práctica cotidiana del gobierno en España -y en muchas otras democracias- revela más bien una gran contención. Si algo puede reprocharse hoy al poder público en las democracias liberales es su tendencia a actuar con excesiva cautela, casi siempre a la defensiva, condicionado tanto por el temor a equivocarse como por fuerzas estructurales - económicas y privadas- que constriñen enormemente su capacidad de iniciativa.  

Las posibles derivas autoritarias que usted atribuye a una mayor regulación de las redes sociales -el silenciamiento de disidencias políticas o la restricción del debate abierto-, no son un riesgo hipotético, sino una realidad ya visible en países como Estados Unidos o Hungría, donde precisamente las redes sociales han desempeñado un papel central en el ascenso de fuerzas políticas que simplifican hasta el absurdo la conversación pública, promueven el odio y generan una dinámica amigo-enemigo que erosiona las condiciones mínimas de la convivencia democrática. Son estas redes, más que la acción reguladora del Estado, las que están contribuyendo a debilitar la confianza en la democracia y sus perspectivas de futuro.  

Conviene recordar, además, una advertencia clásica del pensamiento liberal democrático. En 'La sociedad abierta y sus enemigos' (1945), Karl Popper formuló la conocida paradoja de la tolerancia: una sociedad que se muestra ilimitadamente tolerante frente a prácticas y dinámicas intolerantes acaba por socavar las condiciones mismas que hacen posible la tolerancia. No se trata, por tanto, de legitimar la censura ni de restringir el pluralismo, sino de asumir que la democracia necesita reglas que protejan su propio funcionamiento. Aplicado al entorno digital, esto implica reconocer que dejar sin regulación infraestructuras comunicativas que amplifican sistemáticamente el odio, la desinformación o la polarización extrema no es una defensa de la libertad, sino una renuncia a preservarla.  

Compréndalo señor Durov, muchos ciudadanos preferimos que el espacio donde nuestros niños y jóvenes se comunican, se informan y socializan esté regulado por gobiernos elegidos democráticamente y sometidos a control público, y no por un reducido número de empresas privadas movidas exclusivamente por el afán de lucro, como han demostrado reiteradamente estos últimos años. Esa preferencia no es autoritarismo ni censura, sino una defensa elemental de la democracia y de la libertad entendida como bien común.