El derecho a tener derechos

Aunque es legítimo pensar que la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de abrir un proceso de regularización de inmigrantes ahora es un trampantojo para desviar la atención del trágico accidente de Adamuz o un enésimo intento con el que retejer los apoyos que hicieron posible su investidura, hay algo que está por encima de todo eso: el derecho a tener derechos. 

Y ante esto no caben equidistancias ni medias tintas. O se está con el modelo Trump, en el que una policía fuera de control, asesina manifestantes y participa en redadas indiscriminadas con tácticas de ocupación militar o se está por sacar de la clandestinidad a cientos de miles de personas que viven y trabajan entre nosotros, pero no tienen reconocidos sus derechos. 

Que el PSOE ha ganduleado con la decisión, que es consecuencia de una iniciativa legislativa popular que llegó al Congreso en 2024 con más de 600.000 firmas y el apoyo de 900 organizaciones sociales, es un hecho indubitable. Pero, en un momento en el que la ola ultra crece en cada rincón del planeta y España no es una excepción, resulta inaplazable elegir el lado de la historia en el que cada cual quiere aparecer: el de las puertas o los muros; el de la acogida o la expulsión; el de la humanización o la cosificación; el de los derechos o la represión. Sánchez ya lo ha hecho y Feijóo, también.

El presidente del Gobierno ha decidido erigirse en contraparte de Trump y todas sus políticas. Lo hizo con el reconocimiento del estado palestino en plena ofensiva de Israel sobre la Franja, en su negativa a incrementar al 5% el gasto militar, en la defensa del Derecho Internacional con motivo de la operación militar que acabó con el secuestro de Maduro en Venezuela, ante la amenaza sobre Groenlandia, en la negativa a formar parte de la mal llamada Junta de Paz y ahora con una política migratoria claramente antagónica de la del presidente de EEUU. 

A Feijóo, por su parte, no se le ha escuchado una sola palabra de condena contra las inhumanas operaciones migratorias de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que espoleados por Trump se ocultan detrás de máscaras y practican redadas indiscriminadas dejando imágenes de persecuciones, detenciones, allanamiento de residencias, separaciones de familias y asesinatos que hielan la sangre. Ha pasado en Chicago, en Los Ángeles, en Nueva Orleans y, en las últimas semanas, en Minneapolis, donde el presidente de los EEUU ha llegado a animar a los agentes al uso de tácticas violentas en contra de manifestantes, como el gas lacrimógeno o las balas de pimienta.

Y, sin embargo, sí ha puesto el grito en el cielo con la regularización anunciada por el Gobierno, pese a que hace casi dos años votaron a favor de que se tramitara la iniciativa popular legislativa promovida, entre otros, por la Conferencia Episcopal Española. Para el líder del PP, ahora la regularización -la séptima que se hace en democracia- es una “cortina de humo, es inhumana y es indecente”, y Sánchez ha puesto “una alfombra roja para convertir la ilegalidad en una forma de residir” en España. 

Inhumano es que quienes viven y trabajan en nuestro país tengan obligaciones pero no derechos. Los extranjeros ni son ilegales ni son invisibles. Son personas que, en contra de la machacona campaña de intoxicación de las derechas, cuando adquieran el permiso de trabajo en España no podrán hacerlo en el resto de Europa y tampoco formar parte del censo electoral porque regularizar no es lo mismo que nacionalizar, aunque Ayuso y todos sus buleros de cabecera no llegaran a esa parte del temario, a pesar de que es de primero de Derecho electoral.  

Feijóo ha asumido, sin disimulo alguno, la agenda de la ultraderecha en esta materia como en otras muchas, tal y como demostró ya en la presentación de su plan para la inmigración presentado en Barcelona el pasado octubre. Un documento que resultó ser un refrito de ideas con el que competir con la extrema derecha de Abascal y con el que demostró un desconocimiento de la realidad social y económica tan palmario como preocupante en alguien que aspira a ser alternativa de Gobierno.

Aquí algunos datos, de fuentes oficiales, que es donde el CES (Consejo Económico y Social) recomienda acudir para evitar la propagación de bulos o percepciones distorsionadas y para garantizar que las políticas públicas se basen en cifras rigurosas y verificables:

– Las personas migrantes tienen una tasa de actividad mayor que la media (69% frente al 59%), según datos de la EPA.

– El Banco de España estima que en torno al 20% del crecimiento de la renta per cápita en España desde 2022 se debe a la aportación de la población extranjera. Y hasta la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha admitido que el “sólido desempeño del PIB de España se debe en gran medida a la contribución de mano de obra extranjera”.

– Ya hay más de tres millones de trabajadores extranjeros, que es el 14,2% del total y suponen el 16% del total de afiliados.

– La población migrante aporta el 10% de los ingresos a la Seguridad Social y solo representa el 1% del gasto.

– Diversos estudios de la ONU, la Comisión Europea, la Airef o el Banco de España calculan que nuestro país necesita del orden de 300.000 trabajadores migrantes al año hasta 2050 para sostener el Estado del Bienestar.

– Y, aunque está muy extendido el bulo de que la mayoría de extranjeros cobre el IMV, el 83% de los beneficiarios de esta prestación son españoles, en su mayoría mujeres con menores a cargo.

Conclusión: la inmigración regulada es esencial para sostener el crecimiento económico, el empleo y las pensiones. Jubilaciones a las que, por cierto, el PP también ha dicho “no” en la votación sobre su revalorización con la excusa de que en el mismo decreto el Gobierno ha incluido medidas que fomentan las “okupaciones”. Falso una vez más. Lo que se incluye es una moratoria en los desahucios que afectan a familias vulnerables, pero el miedo a Vox y el invento del término 'inquiokupación', que no es más que el impago del alquiler o el incumplimiento del contrato, pesan más que la verdad.

Sobre ello también hay datos. Aunque sea un término inventado para infundir temor en la ciudadanía y no se trate de un término jurídico reconocido, menos del 1% de las consultas que llegan a los canales oficiales del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana tienen que ver con las llamadas 'inquiokupaciones'. Es más, el éxito de las oficinas creadas por PP y Vox en distintas comunidades para denuncias sobre este asunto es irrisorio: 30 llamadas en 6 meses en Extremadura; 23 en dos años en Andalucía; dos llamadas al mes en Valencia; una en Alicante y 27 en Castilla y León desde 2023. 

Y así todo. Da igual que el debate sea la inmigración, las pensiones o la vivienda. Feijóo carece de criterio propio. Y si el influjo de Vox no termina de devorarlo, puede que lo hagan los suyos.