La ley de Aznar que permitió la privatización de la sanidad: “Les sirvieron en bandeja un negocio asegurado”

El 10 de abril de 1997, el Congreso de los Diputados aprobó una ley que marcaría el devenir de la sanidad pública en España. Conocida como la 15/97, abrió la puerta a que empresas se lucraran de la necesidad asistencial por parte de la población. Este proceso escalonado y paulatino de normativas legales que han facilitado la entrada de intereses privados en la sanidad pública ha escrito su último episodio con el hospital público de gestión privada, por parte de Ribera Salud, de Torrejón de Ardoz. En él, su responsable alentaba a los subordinados a seleccionar pacientes en función de su rentabilidad para aumentar los beneficios de la empresa.

A pesar de que las competencias en materia sanitaria recaen en las comunidades autónomas, es esa ley estatal sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud la que permite situaciones como las que se viven en diversos hospitales de la Comunidad de Madrid y el País Valencià. No son las únicas. Territorios como Euskadi y Catalunya han sufrido su particular proceso de privatización de la sanidad.

Gobernaba José María Aznar en minoría, pero la norma no tuvo problema en salir adelante con los únicos votos en contra de los nueve diputados de Izquierda Unida (IU) y el Bloque Nacionalista Galego. Los votos de PP, PSOE, CiU, PNV y CC llegaron a los 290, y a los que se sumó una abstención. “Aquello fue el principio del fin. Les sirvieron en bandeja un negocio asegurado por el que no asumen ningún riesgo”, introduce Antonio Liébana, portavoz de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS), entidad que justo este año cumple 20 años de lucha por la sanidad pública.

Este sociólogo y enfermero jubilado se retrotrae a la Ley General de Sanidad, aprobada en 1986, para explicar los inicios de la entrada de empresas privadas en el sistema nacional de salud. En concreto, su artículo 67 recogía los llamados convenios singulares. “Cuando se aprobó la ley había muchas localidades sin infraestructuras ni hospitales propios, así que este artículo permite hacer convenios con instituciones privadas para que atiendan a la población de dichos municipios”, explica Liébana.

El artículo 90, por otra parte, legislaba en torno a los conciertos. “Es lo que todo el mundo conoce y sufre. Cuando el sector sanitario público está desbordado, pueden llevar parte de su actividad a instituciones privadas”, añade el antiguo enfermero. Y esto, que en un primer momento se planteó como una salida para momentos puntuales de tensión en el sistema nacional de salud, es algo que se ha cronificado durante casi tres décadas.

Llega el mecanismo de privatización

Luego llegó la 15/97, ley de artículo único: “En el ámbito del Sistema Nacional de Salud, la gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de protección de la salud o de atención sanitaria o sociosanitaria podrá llevarse a cabo directamente o indirectamente a través de la constitución de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en Derecho”, recoge en su primer epígrafe. Es decir, cualquier empresa podría gestionar un centro, servicio o establecimiento sanitario.

El segundo epígrafe ahonda en la cuestión: “La prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas, en los términos previstos en la Ley General de Sanidad”.

Aquel día de abril, la voz de Ángeles Maestro, diputada de IU, se escuchó por encima de la de los demás. Las palabras exactas de esta política ya retirada se recogieron en el diario de sesiones de aquella jornada: “Hubiéramos querido que grupos parlamentarios que se autocalifican de izquierdas nos hubieran acompañado en la denuncia de lo que es un mecanismo de privatización de la sanidad, que tiene la dudosa virtud de no haber demostrado en ninguna parte del mundo que mejore la eficacia y la eficiencia en la gestión”.

De Alzira a Torrejón

El terreno ya estaba muy abonado para entonces. A pesar de que el PSOE normalmente se ha arrogado la defensa a ultranza de la sanidad pública, fue bajo el Gobierno de Felipe González, en 1991, cuando “se empezó a difundir el bulo de que el sistema sanitario era insostenible y había que hacer algo”, rememora Liébana.

Y lo hicieron. Fernando Abril Martorell lideró la Comisión de Análisis y Evaluación del Sistema Nacional de Salud, creada por el Ministerio de Sanidad, que más tarde pasaría a la historia por los dos apellidos de este antiguo procurador en las cortes franquistas que terminó su vida política en 1982 liderando la lista de UCD por Valencia. Más tarde se demostraría que algunos de sus integrantes estaban vinculados a la industria farmacéutica. “Este hombre llegó a presentar un informe en el Congreso que ya mencionaba los copagos y proponía la entrada de compañías privadas en la sanidad pública”, recuerda el portavoz de CAS.

Esa fue la base sobre la que se redactó la ley 15/97, normativa que propició la apertura en 1999 del primer hospital de España de características público-privadas o Public Private Partnership (PPP), ubicado en el municipio valenciano de Alzira. En este caso, la empresa privada concesionaria asume la construcción, puesta en marcha y mantenimiento de la infraestructura, pero también la prestación de servicios asistenciales bajo el compromiso de mantener los principios de atención gratuita y universal del Sistema Nacional de Salud. A cambio, la Administración le paga por cada uno de los pacientes que se le haya asignado más un plus por cada uno de aquellos que atiende y no le corresponde.

El modelo Alzira se expandió del País Valencià a otras regiones como Galicia, La Rioja y la Comunidad de Madrid. La comunidad liderada por Isabel Díaz Ayuso, a día de hoy, alberga cuatro de los ocho hospitales con la asistencia sanitaria privatizada, entre los que se encuentra el de Hospital de Torrejón de Ardoz, en manos de Ribera Salud, a los que se suman el Infanta Elena de Valdemoro, el Rey Juan Carlos de Móstoles y del General de Villalba. Fuera de Madrid figuran el hospital de Denia (Alicante); Manises (Valencia); Vinalopó (Elche) y el Policlínico Riojano Nuestra Señora de Valvanera.

Alianza con la privada en Euskadi

Euskadi, sin embargo, sufrió su particular recorrido hacia la privatización del Osakidetza, su sistema regional de salud. Mati Iturralde, profesional de la medicina rural ya retirada y sindicalista en LAB, cita al plan de Azkuna y Bengoa, inspirado en el Informe Abril Martorell, como la puerta de entrada de las empresas privadas en la sanidad pública vasca. “Sabían que sería un negocio muy importante así que dijeron que el sistema era difícil de gestionar allá por 1991, cuando se acababan de traspasar las competencias, por lo que cerraron una especie de alianza con las empresas para compartir la asistencia sanitaria”, describe.

Más de tres décadas después de aquello, Iturralde sostiene que la sociedad de Euskadi lo que más aprecia a día de hoy es el deterioro del sistema público sanitario. “A partir del Covid han sido muy flagrantes el aumento de las listas de espera, la desorganización y la precariedad en los hospitales públicos que ha llevado a un incremento increíble de los seguros privados”, recalca. Y es eso en lo que se fija la población, “a la que todavía le falta dar un paso más y ver que este proceso de privatización empezó hace muchísimos años y es desde ahí donde hay que revertirlo”, defiende esta activista por la sanidad pública.

El sistema público, comprador y proveedor de servicios

Catalunya fue la primera comunidad de España que adquirió las competencias en sanidad. Era 1981 y gobernaba Jordi Pujol. Manel Riscos ha sido enfermero más de 30 años en el Hospital de Bellvitge de Hospitalet de Llobregat, en Barcelona: “Aquí la situación ya era desastrosa. Aquel año, solo el 27% de las camas eran del sistema público, todas las demás eran concertadas a fundaciones, entidades religiosas o mutuas”, recuerda.

Desde el punto de vista de este enfermero ya jubilado, Pujol sabía muy bien lo que se hacía en aquel lustro anterior a la aprobación de la Ley General de Sanidad. “No contento con eso, en 1990 aprobaron en Catalunya la ley regional de ordenación sanitaria, que consolidaba el sistema de provisión mixta. A partir de entonces, el sistema sanitario público se convirtió en un comprador y proveedor de todo tipo de servicios”, describe Riscos. 

Por eso, la 15/97 apenas golpeó en la comunidad catalana. El activista denuncia que estas normativas han facilitado el cierre paulatino de camas. Según ejemplifica, en Bellvitge había 1.042 en 1972, y actualmente cuenta con unas 720. “Desaparecen las camas cuando llega el verano, que cierran varias plantas del hospital. Si cierran 30, abren con 20. Así se destruye la sanidad pública, sin llamar la atención ni crear alarma”, concretiza.

La izquierda no deroga la 15/97

Riscos también opina que la sociedad cada vez es más consciente de lo que está sucediendo con el sistema nacional público de salud. Eso es lo que CAS lleva intentando desde hace 20 años. Decenas de manifestaciones a sus espaldas, un número inimaginable de asambleas junto a diversos colectivos y una ardua tarea de entendimiento con las fuerzas políticas avalan su lucha. A pesar de algunas ideas y venidas con los grupos de izquierdas a lo largo de todo este tiempo, estos nunca han llegado a apoyar la derogación de la 15/97. 

“El desmantelamiento de los sistemas estatales de salud no es una cosa solo de España, sucede desde Suecia a Italia. Eran necesarios después de la Segunda Guerra Mundial para mantener sana a la mano de obra, pero ya no son necesarios para el capitalismo del siglo XXI”, finaliza el portavoz de CAS.