El fiscal rechaza por “descabellado” dejar a Ábalos y Koldo García “poder elegir” el tribunal que les debe juzgar

El exministro socialista José Luis Ábalos y quien fuera su asesor Koldo García han lanzado este jueves una última ofensiva en el Tribunal Supremo para tratar de aplazar su primer juicio por corrupción. En la audiencia preliminar, un acto previo al juicio en el que las partes exponen cuestiones que podrían influir en su desarrollo, ambos han impugnado la competencia del Alto Tribunal para enjuiciarles. Su tesis es que “no es competente” tras la renuncia al escaño de Ábalos el pasado 28 de enero. La petición se ha encontrado con la oposición de la Fiscalía, que considera “descabellado” dejar a ambos “poder elegir” el tribunal que les debe juzgar. 

En esta vista se analizarán los contratos de mascarillas que dos entes dependientes del Ministerio de Transportes adjudicaron a la empresa de la trama y la contratación en empresas públicas de una expareja del exministro José Luis Ábalos, que se sentará en el banquillo junto a Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Los tres han estado presentes en esta audiencia, a la que Ábalos y Koldo García han llegado en furgón policial desde la prisión de Soto del Real en la que están internados desde el pasado 28 de noviembre.

“El aforamiento es un privilegio para el investigado y el último límite es el auto de apertura de juicio oral”, ha dicho el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que ha calificado de “descabellado” dejar a una “decisión libérrima” del acusado la “elección” del tribunal una vez que se ha dictado esa resolución. En su intervención, Luzón ha dicho que tampoco procede elevar cuestión prejudicial sobre este asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), tal y como habían reclamado los abogados de ambos. 

Previamente, los abogados de Ábalos y Koldo García habían reiterado la “falta de competencia sobrevenida” del Supremo para juzgar a sus clientes. Han aludido al precedente de 2014, cuando el Pleno de la Sala Segunda estableció que, una vez dictado el auto de apertura juicio oral, la competencia para juzgar el caso se mantiene en el tribunal correspondiente aunque se pierda el aforamiento. Así se pronunció el Alto Tribunal cuando obligó al TSJ de la Comunidad Valenciana a celebrar un juicio en el caso Fitur a pesar de la renuncia a su acta de dos diputadas autonómicas porque ya se había dictado el auto de apertura de juicio oral. En el caso de las mascarillas, esa resolución se dictó el pasado diciembre, mucho antes de que Ábalos renunciara a su escaño.

Marino Turiel, abogado de Ábalos, ha defendido, sin embargo, que la Sala tomó esa decisión ante el “ánimo de dilatar el procedimiento” de esas dos diputadas, que renunciaron días antes del juicio. Y ha dicho que no es el caso de Ábalos, que renunció por cuestiones de tipo “económico y vital” dado que su entrada en prisión motivó que dejara de recibir retribuciones económicas.

Las defensas de Ábalos y quien fuera su asesor consideran que el traslado de la causa a la Audiencia Nacional también les permitiría ejercer su defensa con mayores garantías, dado que los dispositivos que contienen la información que sustenta buena parte de la causa está bajo su custodia. El acceso a estos dispositivos es algo que ambos han reclamado en numerosas ocasiones durante la instrucción. Este jueves, sus defensas también han defendido que esta circunstancia ha supuesto una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso equitativo que podría llevar incluso a anular el caso. 

El letrado José Antonio Choclán, que defiende al comisionista Aldama, se ha opuesto a que la causa se lleve a la Audiencia Nacional. También ha rechazado que el tribunal plantee una cuestión prejudicial a Europa sobre este asunto al no existir “ninguna duda razonable”. Y se ha opuesto, asimismo, a la pretensión tanto de Koldo García como de Ábalos de ser juzgados por un jurado popular. 

También ha defendido la colaboración de su cliente con la Fiscalía Anticorrupción, lo que le ha permitido afrontar una menor petición de cárcel: siete años, frente a los 24 que el fiscal pide para Ábalos y los 19 y medio que solicita para el exasesor. “No hay ningún acuerdo opaco, lo que ha hecho esta defensa es acogerse a una norma penal favorable”, ha dicho Choclán, que ha anunciado que Aldama responderá durante el juicio “a todas las acusaciones y defensas”.

Recusaciones rechazadas

Previamente, el Tribunal Supremo había rechazado la recusación de cinco magistrados planteada por la defensa de Koldo García. El presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, ha explicado que la petición es “extemporánea” dado que la ley establece un plazo de 10 días desde la notificación de la conformación del tribunal. En este caso, esa notificación tuvo lugar el pasado 14 de enero. Los magistrados no han analizado el fondo del asunto. 

En una de sus primeras intervenciones, la defensa del exasesor, que ejerce la letrada Leticia de la Hoz, anunció la recusación por falta de imparcialidad objetiva de cinco de los miembros del tribunal. Se trata de los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Andrés Palomo y Eduardo de Porres, que formaron parte de la sala de admisión, por lo que la defensa consideraba que ya se han “formado un juicio” sobre la causa. 

El quinto es el magistrado Julián Sánchez Melgar, que fue fiscal general del Estado entre 2017 y 2018, elegido por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP). A su juicio, eso provoca que este magistrado tenga una “manifiesta afinidad” con el Partido Popular, que ejerce la acusación popular en este proceso. A la petición de recusación se ha adherido la defensa de Ábalos. Por contra, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, manifestó que se oponía “radicalmente” al considerar que la petición es extemporánea.