El 92% de los 77.800 contratos del sector público de la Generalitat Valenciana con Mazón, adjudicados sin control o a dedo

“En siete entidades se han recibido bienes y servicios sin el oportuno expediente de contratación, incumpliendo los principios generales de la contratación pública”. Esta es una de las irregularidades más graves detectadas por la Intervención de la Generalitat Valenciana en su auditoría del Sector Público Instrumental (SPI) relativa al ejercicio 2024, con Carlos Mazón aún al frente de la presidencia, como ha informado elDiario.es.

El expresidente del PP, que se mostró tremendamente crítico con la gestión del Gobierno del Botánico tras cada informe relativo a sus años de gestión, anunció la creación de una comisión de investigación del sector público en las Corts que se cerró el pasado mes de marzo por acuerdo del PP y de Vox sin que se produjera ni una sola reunión. Ese mismo mes, la interventora general de la Generalitat Valenciana, Amparo Adam, y el viceinterventor, Ignacio Pérez, firmaron una demoledora auditoría sobre todo el sector público instrumental (SPI) de la administración autonómica relativo al ejercicio 2024 que arroja un rosario de irregularidades y despilfarro. Pese a que el informe se firmó hace tres meses, fue este jueves 4 de junio cuando se ha colgado en el portal de la Conselleria de Hacienda.

El documento hace especial énfasis en el abuso de los contratos menores y en la recepción de bienes y servicios sin el oportuno expediente de contratación. De hecho, señala que “en catorce entidades del SPI se ha realizado un uso incorrecto de la contratación menor, en tanto que se trata de necesidades recurrentes que se repiten año tras año o se producen fraccionamientos de contratos para eludir la tramitación de procedimientos no menores, incumpliendo los límites que disponen los artículos 29.8 y 118 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP)”.

Los datos hablan por sí solos: el 92% de los 77.800 contratos del sector público de la Generalitat Valenciana durante el año 2024 se realizaron sin el preceptivo expediente de contratación o fueron menores, es decir, a dedo. En concreto, se otorgaron 11.138 contratos menores por valor de 34,2 millones de euros y 60.328 gastos sin expediente por valor de 157,7 millones de euros.

Con respecto al año 2023, Mazón incrementó el número de contratos a dedo (aunque la cuantía fue ligeramente inferior) y de gastos sin expediente. Así, en ese año se produjeron 10.500 contratos menores por valor de 35,1 millones y 53.350 gastos sin expediente por valor de 149 millones de euros.

En el área de personal, se cifra en 22.562 el total de trabajadores del sector público instrumental de la Generalitat, 2.591 más que en 2023, lo que supone un aumento de gasto de 62 millones de euros a pesar de que Mazón siempre criticó al Gobierno del Botánico por el exceso de gasto o de “grasa administrativa” y prometió adelgazar la administración para ahorrar.

Además, la auditoría oculta uno de los aspectos más criticados por el PP de Mazón y de Pérez Llorca como son las contrataciones de personal laboral temporal sin permiso de Hacienda, un dato que hasta ahora siempre aportaban estos documentos y que era munición para la oposición. Se trata del personal de sustitución que necesita una rápida tramitación, especialmente en servicios sociales o sanidad. En el informe de 2023 se destacaba que 2.750 contrataciones de personal laboral temporal no había contado “con la preceptiva autorización de la Dirección General de Presupuesto”. Una situación que cada año se da en mayor o menor medida y que en esta ocasión no aparece.