¿Qué acredita y qué no el dosier interno del PP contra Pérez Llorca y por qué le abre una vía de agua a su candidatura?

El dosier contra Juan Francisco Pérez Llorca que ha circulado en el seno del PP ha ahondado en el freno de la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo a la designación como candidato del sucesor de Carlos Mazón a las próximas elecciones autonómicas. Además, el PSPV-PSOE anunció que llevaría el informe ante la Fiscalía Anticorrupción. Y hay entidades vinculadas a la extrema derecha que anhelan conseguirlo para plantarse en un juzgado. Pero, ¿qué acredita y qué no este ya famoso informe interno contra Pérez Llorca y por qué le abre una vía de agua a su candidatura?

El informe, realizado por un investigador privado y desvelado por elDiario.es, acredita que el presidente de la Generalitat y su familia tienen un importante patrimonio inmobiliario, sobre todo en el municipio de Finestrat, donde Juan Francisco Pérez Llorca fue concejal de Urbanismo y alcalde entre 2007 y 2025. Es la parte más bien hilada y la que impacta directamente en la gestión municipal del jefe del Consell. La que más le debe preocupar, como ha venido desgranando esta semana este periódico.

Las pesquisas orquestadas para la guerra sucia contra Pérez Llorca vinculan el decreto de consulta pública del documento consultivo del Plan General Estructural (PGE) de Finestrat, firmado el 5 de noviembre de 2025 por Juan Francisco Pérez Llorca poco antes de convertirse en president de la Generalitat, con las propiedades familiares del entonces alcalde de la localidad de la comarca de la Marina Baixa en la picota.

Sin embargo, tal como ha informado este diario, el PGE permanece bloqueado, entre críticas de la oposición municipal socialista por lo que consideran una tramitación opaca. Al no estar aprobado, el Plan General no ha consolidado derechos para los propietarios de terrenos que pasen de rústico a urbanizable, pero sí erosionaría al president de la Generalitat si alguna de la veintena de propiedades de Pérez Llorca y su familia estuvieran entre las que podrían conseguir importantes plusvalías.

La empresa de la que es accionista el presidente de la Generalitat (Rancallosa I SL) adquirió cuatro inmuebles rústicos entre 2013 y 2020 siendo Pérez Llorca concejal de Urbanismo y alcalde. ¿Alguna de estas viviendas se podría ver afectada por el nuevo PGE o por otras normas subsidiarias aprobadas en los mandatos de Pérez Llorca en el ayuntamiento?

El dosier también sostiene que Pérez Llorca firmó la adjudicación de las obras de reurbanización de la avenida de Benidorm de Finestrat, una de las arterias principales del municipio, teniendo terrenos colindantes propiedad de las sociedades familiares. Justo la vivienda sita en esa avenida fue adquirida por una empresa de la que Pérez Llorca es copropietario y reformada de manera importante.

Por otro lado, el dosier alude a supuestos seguimientos a David Serra, el exdiputado autonómico del PP condenado en el 'caso Gürtel' y cuyo despacho fue adjudicatario de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Finestrat, en encuentros con el director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental de la Generalitat, Miguel Ángel Ivorra. 

El propio Serra reconoció a este diario que se había visto en la taberna La Raspa con el alto cargo del Ejecutivo autonómico de Pérez Llorca, que forma parte del círculo más cercano al president. Pero se desconoce el nombre de los empresarios con los que supuestamente se habrían reunido Serra e Ivorra.

Por otro lado, el informe también dedica apenas un párrafo al contencioso que mantiene la familia de Juan Francisco Pérez Llorca con el empresario hispano-ruso Konstantin Viktorovich Sokolov Medvedev a cuenta del hotel Allon Mediterrània de la Vila Joiosa. El dosier sugiere que se trata de un apartado “útil para ampliar el relato patrimonial, pero exige prudencia para no parecer sensacionalista”.

Terminología abiertamente ambigua

El informe pasa de puntillas por los contratos de emergencia de la dana adjudicados bajo la batuta de otro alto cargo cercano al president, el secretario autonómico de Infraestructuras, Javier Sendra. También afirma que Sendra habría adjudicado, como director gerente de la empresa pública EPSAR, casi 60 millones de euros a “empresas vinculadas a la órbita PP” y insinúa que Pérez Llorca “mantiene corresponsabilidad institucional por vocalía”, usando una terminología abiertamente ambigua. No aporta pruebas.

Además, el documento repasa las propiedades del secretario autonómico Javier Sendra y de su hermano, el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana (COACV), Luis Sendra, en Planes, localidad de la que el primero fue alcalde. Y reprocha, sin más, que el COACV “ha desplegado actividad formativa en el municipio gobernado por el sujeto sin que conste convenio publicado en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Planes” y alude a un supuesto “patrón sistémico de nepotismo”.

En otro apartado, el autor del dosier reprocha a Sendra que las subvenciones de la Diputación de Alicante, de la que fue diputado provincial, al Ayuntamiento de Planes, del que era alcalde, se aprobaron con su voto sin que “conste abstención”. Una aseveración que indica el desconocimiento total del funcionamiento de las diputaciones.

Sin embargo, el fragmento que menos atina embiste con malas artes contra el abogado David Serra y su mujer, la vicepresidenta segunda de las Corts Valencianes, Magdalena González La Red, de quienes dice falsamente que cuentan con “patrimonio extranjero opaco”. Lo hace basándose en las cuentas anuales de una de las mercantiles que comparten (Delamain Tecnología SL), que anotó un importe soportado en el extranjero de apenas 447,47 euros al que se le aplica la Deducción por Doble Imposición Internacional. Es decir, que no se trata de dinero opaco. A pesar de ello, el informe desliza —“a título indicativo”— que el matrimonio podría tener fondos en Andorra, Luxemburgo, Países Bajos o Reino Unido. Nada de ello acreditado.

Un dosier para la desestabilización

A pesar de los errores de bulto y de las insinuaciones malintencionadas del dosier, su mera existencia y el hecho de que haya sido encargado y haya pasado de mano en mano en el seno del PP ya compromete y desestabiliza enormemente a Pérez Llorca.

Además, ha agudizado la guerra interna en la que ya estaban inmersos los populares valencianos. En estos momentos, en el PP nadie se fía de nadie. El entorno del jefe del Consell señala a una supuesta entente ente el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, y el expresident Francisco Camps. Ambos niegan haber instigado el dosier. También se quejan de que el eurodiputado Esteban González Pons o los diputados Fernando de Rosa y Macarena Montesinos (muy próxima a Carlos Mazón) estén erosionando la imagen de Pérez Llorca ante la dirección nacional.

El actual president, tras la dimisión de Carlos Mazón, ha logrado aprobar un presupuesto con el apoyo de Vox y ha rebajado algo la tensión social por la catastrófica gestión de la dana. Sin embargo, no ha conseguido hacer lo mismo en el PP valenciano. El dosier ha abierto una vía de agua en el proyecto de Juan Francisco Pérez Llorca y podía convertirse en un boquete si no ataja rápidamente las dudas y ofrece explicaciones convincentes.

El informe aporta vías de investigación novedosas. Y para colmo, algunas fuentes del PP aseguran que existe un segundo dosier sobre Pérez Llorca que ha aterrizado en la calle Génova.