Los cobrones de CajaMadrid/Bankia

Pese a que las diligencias sobre la descapitalización de Bankia y demás medios para defraudar a la clientela y acreedores llevan más de dos años abiertas en el Juzgado Central de Instrucción nº 4, ha saltado ahora el tema de las llamadas tarjetas en negro o black cards: la retribución de 85 consejeros, primero de CajaMadrid, luego de Bankia, mediante esos plásticos en dinero y/o en especie fuera de todo control societario, de supervisión y/o fiscal.

La celeridad con que ha llegado esta información al Juzgado llama la atención por lo inusitado. Solo cabe explicarla por el interés de parte de los nuevos rectores de la entidad nacionalizada en limpiar su tarado pasivo. Tarea que no va a ser fácil y será jurídicamente inútil si los mandos actuales no consiguen de los anteriores (o de sus aseguradoras) recuperar el dinero, esos 15 millones de euros gastados en picantes lencerías, mejores caldos y destilados, opíparas cuchipandas, relajantes asuetos vacacionales y atenciones varias al cuerpo más que al alma, sin olvidar el líquido metal para el peculio propio.

Junto a esta celeridad llama también la atención, por un lado, la duración en el tiempo de esta automunificiencia, que iba en aumento uniformemente acelerado a cada ejercicio o nueva etapa del sátrapa de turno. No menor alarma salta cuando se comprueba que la black card, de libre disposición por parte del interesado, sin más finalidad que el propio solaz de su tenedor, era una segunda tarjeta, pues tales conspicuos mandamases ya disponían de otra, esta sí reconcomida en la contabilidad, destinada a los auténticos gastos de representación.

Este lujo asiático, más propio de un pachá que de un ejecutivo, se debería seguramente a que sus beneficiarios, es decir, quienes se beneficiaban del negro plástico, no eran en su mayoría, eso, ejecutivos, sino consejeros sin más funciones que las de asistir a los consejos (entre 12 y 15 veces al año), por lo que recibían las dietas e indemnizaciones estatutariamente previstas.

No es de extrañar que, ante este panorama, el Juez de Instrucción Central nº 4 de la Audiencia Nacional impusiera a Blesa y a Rato sendas fianzas civiles de 16 y 3 millones de euros, para resarcir, con sus intereses, derivadas de un presunto delito de administración fraudulenta. Estos dispendios, que consistieron y avalaron, cuando no organizaron, solo ellos conocían y carecían de reflejo propio en la contabilidad (aunque sí en oscuros e impropios asientos, como quebrantos o errores técnicos) y que, por esas cosas de la vida, ni fueron declaradas a Hacienda, ni al Banco de España, ni a la Consejería de Economía de Madrid y pasaron desapercibidos a los auditores.

A partir del momento en que el Juez abre diligencias todo son excusas: excusas de los imputados (quien veremos enseguida) y excusas tácticas de los revisores privados y de los supervisores públicos y de la Agencia Tributaria. Me temo que una epidemia asola a nuestros revisores, epidemia que provoca tortícolis crónicas y cegueras progresivas.

Ante la excusa de los auditores –bien cobrada la factura girada al auditado- diciendo que eso es muy difícil de ver, cabe preguntarse, si es tan difícil y solo pueden revisar lo fácil, ¿no sería mejor ahorrarse un buen dinero y dejar que, después de todo, la providencia siga su curso y todo se vaya al estado en que se encuentra ahora? No mejoraríamos, pero tendríamos algo más de lana en el bolsillo. Salvo, claro, que este tipo de remuneraciones ignotas y escamoteadas no sea un práctica extendida y que CajaMadrid/Bankia se una rara avis en el honrado panorama de las financias españolas.

Los Gobernadores del Banco de España, está en la memoria de todos, se dedicaban a hablar de reformas, ergo, de reformar el mercado laboral, o lo que es lo mismo, a rebajar el sueldo de los trabajadores. No parece que esa función pedagógica esté entre los objetivos del emisor/supervisor ni que, por contra, hubieran hecho de la disciplina bancaria una actuación virtuosa ni tan siquiera cumpliendo el paripé de pedir a las entidades que controlaban cuáles eran las retribuciones reales de sus directivos y consejeros, por si, siendo como son en última instancia, trabajadores por cuenta ajena, había que, para dar ejemplo, bajarles el sueldo. La Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid no parecía, no ya enterarse de los resobresueldos, que era lo fácil, sino que estaba en la inopia respecto de las operaciones por parte de una caja de ahorros bajo su jurisdicción, como, por ejemplo, la compra de un banco extranjero. Ni la prensa parecían leer en esa Consejería.

Mención aparte merece Hacienda: en 2007 paralizó las inspecciones sobre estas peculiares compensaciones salariales de estos esforzados consejeros en devolver a la economía lo que tan campechanamente percibían.

Una vez más, al equipo de los buenos solo queda el guardameta: la Justicia. Si sale algo mal, es decir, si no dan donde deben dar con sus huesos esta banda organizada que ha dirigido su economía haciéndolo pasar por la Economía nacional, la culpa ya sabemos de quien será: de los jueces. El colmo de la desfachatez.

Rajoy se jactó el viernes pasado de haber sido él y su gobierno quienes habían judicializado el tema. Aun admitiendo pulpo como pisapapeles, su voluntad de que todo se esclarezca tiene un nombre: no reparar en medios personales y materiales para que los jueces y fiscales puedan hacer su labor en este caso, en todo el sumario al que pertenece y a todos los demás sumarios que tienen que ver con la corrupción, que la editora, por falta de espacio, me tiene prohibido enumerar ni en apretada síntesis. Lo demás es seguir tomando el pelo.

En efecto, si como parece, ni Blesa ni Rato van a pagar o a afianzar ni siquiera parcialmente su responsabilidad civil, no es que se den por vencidos, sino por vencedores al sustraer su patrimonio a la perquisición judicial. En este caso, es de esperar que el juez, contrariamente a lo que permite ley (concluir la pieza de responsabilidad patrimonial de los encausados cuando finalice la causa), ha de ponerse manos a la obra para indagar todos los bienes de ambos imputados, tanto en España como en el extranjero (el casa de Bárcenas es un buen antecedente) y bloquear esos activos, empezando por sus indemnizaciones y pensiones, actuales o devengables en un futuro, como la de Rato como ex gerente del Fondo Monetario Internacional. El trabajo es ímprobo y solo con una legión de medios personales y materiales, debidamente coordinados por especialistas en estas tareas, cabe conseguir descubrir e inmovilizar patrimonios ocultos o disimulados. Pero no es tarea fácil ni barata. Ahí veremos cómo se porta el Gobierno que tanto predica una regeneración de la que día tras día se distancia más y más.

Este este caso no nos podemos contentar con una indagación patrimonial sobre estos y otros imputados rutinaria y cansina. Ha de ser una investigación ágil, estratégica y sin limitaciones. Veremos si, al menos en parte, se enmiendan errores, bastantes voluntarios, precedentes.

Dos cosas para concluir. Ya sabemos cuándo algún personaje o personajillo pisa un juzgado, en el arco de metales de la entrada, se deja la memoria y la inteligencia. Los “no lo sé”, “no me consta”, “eso no era competencia mía”, … están cantados antes de empezar la declaración; eso y las legítimas mentiras de quien se defiende. Sin embargo, la mentira tiene un límite: el sonrojo. Quien, como Blesa, es profesionalmente inspector de Hacienda y ha sido asesor fiscal del PP, al negar que no sabe qué ha de tributar y qué no ha de tributar, nos toma por tontos si cree que nos vamos a tragar tamaño delirio. Si como doctor en economía que es, Rato, niega saber cómo se retribuyen a los consejeros de las cajas, cae en el mismo saco que su conmilitón: la regulación de la retribución de los consejeros de las Cajas madrileñas es de 2001, cuando él era vicepresidente económico del gobierno. Es una grosería hacernos creer que en tal condición no sabía cómo se regía la segunda Caja de España, consecuencia de su propia ley estatal. Como es otra grosería, indigna del aparente señorío que sus prendas traslucen, cuando, siendo Presidente de Bankia, afirma desconocer esa misma retribución: cuando se vuelve a reformar la ley autonómica él preside aun Caja Madrid.

En fin, solo esperar que el buen tino y la suficiencia de medios acompañen el enjuiciamiento de estas y otras causas mellizas, que se recupere la mayor parte posible del dinero dilapidado, que respondan penalmente sus autores y, lo más difícil, se extraigan consecuencias preventivas pro futuro.