El PP evita llamar a Alfonso Alonso a que comparezca sobre el alquiler que cuesta 650.000 euros
Los grupos de la oposición de Ayuntamiento de Vitoria han asegurado, durante la primera sesión de la comisión de investigación, que todos solicitarán la comparecencia del actual portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, para que aclare los términos en los que se efectuó el contrato de alquiler del inmueble de la calle San Antonio “tan lesivo” para la institución municipal y la ciudadanía de Vitoria. Dicho contrato tiene un coste anual de 650.000 euros durante los próximos 14 años.
El Partido Popular, por contra, no va a incorporar a su listado de comparecientes, cuyo plazo de presentación finaliza el próximo viernes, el nombre del dirigente popular ya que consideran que Alonso “nada tiene que aportar en estos momentos” a esa investigación, aunque sí llamarán a declarar a Patxi Lazcoz, su sucesor en la Alcaldía, y a la concejala de Haciendade dicho Gobierno socialista, Marian Gutiérrez. A ambos dirigentes, los populares les pedirán explicaciones sobre las razones de la continuidad de ese contrato durante su legislatura y los motivos por los que entonces, “no consideraron necesaria una investigación profunda como la que sí se plantean ahora” durante el mandato del popular Javier Maroto.
En cualquier caso, Alfonso Alonso no tiene obligación de acudir al foro municipal como tampoco la tienen los concejales socialistas, que sí han manifestado su intención de colaborar pese a que no están obligados por reglamento.
El contrato sellado en el 2007 por Alfonso Alonso con la empresa propiedad del que fuera presidente del Alavés, Gonzalo Antón, está blindado durante 20 años. Esta claúsula única, que no se repite en ningun otro convenio municipal a lo largo de la historia del consistorio, junto a la desorbitada tarifa acordada, generaron entonces duras críticas por parte de la oposición. Años más tarde, el Gobierno del socialista Patxi Lazcoz, secundado por el resto de grupos excepto por los populares, ya reclamó una revisión de lo pactado sin éxito. Ahora, a raíz de la presentación de un informe jurídico elaborado por la Secretaría General del Pleno a solicitud del PNV y que ha reprobado este alquiler, se abre la investigación.
La presidenta de la comisión, Maite Berrocal, explicaba a los presentes que el objetivo de las indagaciones no es otro que la defensa del interés público y por ello solicitaba agilidad y eficacia durante el desarrollo del proceso, una opinión que compartían el resto de grupos de la oposición. Su compañera de filas Marian Gutiérrez insistía en la urgente necesidad de encontrar un “resquicio jurídico” al que agarrarse para acabar “con esa sangría económica”. Por su parte, el concejal de Bildu Antxon Belakortu, declaraba que no se trata de hacer un linchamiento público a ningún político -en referencia a Alfonso Alonso- sino de depurar responsabilidades y mejorar el contrato. El peneuvista Borja Belandia proponía que “bien negociadamente o judicialmente” se deben modificar las condiciones acordadas en su día.
