A los 11 años, M. se encontró declarando ante un consejo de guerra sobre sus experiencias de 16 meses atrás, cuando unos soldados entraron en el sótano donde él y su familia, y otros residentes del edificio, se escondían de los disparos en el exterior. Los soldados dispararon a la puerta y luego entraron. Se llevaron a los hombres a un lugar situado junto a los trasteros y ordenaron a las mujeres y a los niños que se agruparan en un rincón. M. declaró ante los tres jueces militares que entonces se le acercaron dos soldados. “Me agarraron de la camisa; en el pasillo me oriné encima. Me llevaron a las duchas (donde los residentes que habían huido de sus apartamentos habían puesto sus bolsas) y luego hicieron así con la mano y me di cuenta de que querían que abriera una bolsa”. M. agarró la camisa del fiscal militar para mostrar lo que hicieron los soldados: “Me agarraron del hombro, luego me oriné encima y luego pude abrir la primera bolsa, pero no pude abrir la segunda” (estaba cerrada con llave). “Después me abofetearon en la cara y me pusieron a dos o tres pasos de la bolsa […] Ellos se retiraron cuatro o cinco pasos y dispararon a la bolsa”. Fiscal militar: “¿Qué sentiste cuando el soldado disparó a la bolsa?” M.: “Tuve miedo de que fueran a matarme”. Fiscal militar: “¿Qué pasó después de que el soldado disparase a la bolsa?” M.: “Me llevaron de vuelta con mi madre.”
El uso de civiles —sean menores o adultos— como escudos humanos es un crimen de guerra. Esto es lo que establecen el derecho internacional y el derecho penal nacional de la mayoría de los países del mundo. Los crímenes de guerra pertenecen al grupo de crímenes que se considera que violan los valores comunes de toda la comunidad internacional. De hecho, en la inmensa mayoría de los países, y sin duda en todos los países democráticos, la legislación nacional penaliza los crímenes de guerra. En Australia, por ejemplo, las leyes nacionales establecen una pena máxima de 17 años de prisión para quien sea declarado culpable de usar un escudo humano, y la cadena perpetua cuando su uso cause la muerte de una persona.
Los israelíes no podemos cometer crímenes de guerra. No porque tengamos algún tipo de inmunidad genética para perpetrar estas atrocidades, sino porque el derecho israelí no tipifica ningún delito como crimen de guerra. La Ley de Castigo de los Nazis y de los Colaboradores de los Nazis penaliza los crímenes de guerra y otros crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial en las zonas sometidas al control de las potencias del Eje. Sin embargo, las leyes israelíes guardan silencio sobre la posibilidad de penalizar los crímenes de guerra que se cometen en la actualidad. Cuando el Tribunal Supremo debatió este asunto, determinó que mientras sea posible enjuiciar a israelíes que hayan cometido delitos considerados crímenes de guerra por medio de delitos “ordinarios” tipificados en los códigos, y mientras las personas declaradas culpables de estos delitos sean castigadas con arreglo a la gravedad de sus actos, el statu quo es suficiente.
Sin embargo, el statu quo no es suficiente. Los dos soldados que obligaron a punta de pistola a M., que aún no había cumplido 10 años, a abrir unas bolsas que podían contener artefactos incendiarios fueron juzgados por sus actos. Puesto que la ley israelí (tanto la militar como la ordinaria) no tipifica el delito de uso de escudo humano, fueron enjuiciados por la infracción semi-disciplinaria de “desviación de la autoridad equivalente a poner en peligro la vida o la salud” (infracción para la cual la pena máxima es de tres años de prisión). Puesto que los procesados tenían el rango de sargento primero, también se les acusó del delito complementario de “conducta indecorosa” (un año de prisión). Tras un prolongado juicio, ambos procesados fueron declarados culpables de las infracciones de las que estaban acusados y condenados a una pena condicional de tres meses de prisión, que cumplirán en el caso de que en los dos años siguientes sean declarados culpables de estas mismas infracciones militares. También se les degradó al rango de sargento. La pena se impuso alrededor de 18 meses después de que ambos condenados terminasen el servicio militar.
De modo similar, los enjuiciados por dos incidentes adicionales que habían sido acusados de usar escudos humanos fueron declarados culpables de infracciones menores y no cumplieron ni un solo día de prisión. A los soldados declarados culpables de golpear y maltratar a detenidos que están esposados y con los ojos vendados —delitos que, en ciertas circunstancias, constituyen crímenes de guerra— se les condena por delitos relativamente menores a penas benignas. Lo mismo ocurre en otros casos juzgados por los tribunales militares. Ante el silencio del derecho penal, estos tribunales no han desarrollado una política judicial para cubrir esta laguna. Los “crímenes de guerra” no tienen cabida y no aparecen en ninguna sentencia que lleve el distintivo de las Unidades de Tribunales Militares.
Además, hace unos tres años se aprobó la enmienda 61 a la Ley sobre Jurisdicción Militar. Aunque el objetivo de esta enmienda era facilitar el regreso a la vida civil de los soldados condenados por delitos menores, también desembocó en la eliminación de los antecedentes penales de la mayoría de los soldados declarados culpables de delitos graves contra ciudadanos palestinos. En virtud de la enmienda, los antecedentes penales de los dos soldados condenados por usar como escudo humano a un niño menor de 10 años que tuvo miedo de que estuvieran a punto de matarlo y se orinó encima también fueron borrados. En febrero, la Comisión Turkel, nombrada para analizar la compatibilidad de las leyes israelíes con las normas de la guerra del derecho internacional, presentó su informe final al primer ministro. La primera de sus numerosas recomendaciones, titulada “Legislación de los crímenes de guerra”, propone que el Ministerio de Justicia introduzca leyes penales israelíes que llenen el vacío existente al respecto. Pese a los meses transcurridos desde entonces, no hemos tenido noticias sobre ninguna iniciativa de este tipo.
Se espera que el ministro de Justicia estudie seriamente esta recomendación de la Comisión Turkel. El “principio de complementariedad” del derecho internacional da precedencia al país de origen para investigar, enjuiciar y castigar a quienes cometan crímenes de guerra. Sin embargo, dado que el Estado de Israel carece aún de las herramientas jurídicas necesarias para este fin, el gobierno expone a los ciudadanos israelíes que podrían estar implicados en estos actos a riesgos jurídicos en el extranjero. Al ministro de Justicia le convendría actuar sin demora para promover unas leyes israelíes que tipifiquen y castiguen los crímenes de guerra.
Amnistía Internacional ha publicado hoy
el informe “Gatillo fácil: El uso de la fuerza excesiva por Israel en Cisjordania”, “Gatillo fácil: El uso de la fuerza excesiva por Israel en Cisjordania”
en el que expone el derramamiento de sangre y los abusos contra los derechos humanos, derramamiento de sangre y los abusos contra los derechos humanos,
cada vez mayores, cometidos por el uso de la fuerza innecesaria, arbitraria y brutal
contra los palestinos por parte de soldados y policías israelíes desde enero de 2011
en los Territorios Palestinos Ocupados.
El documento analiza como en todos los casos examinados por Amnistía Internacional,
los palestinos que han perdido la vida a manos de soldados israelíes no parecían los palestinos que han perdido la vida a manos de soldados israelíes
representar una amenaza directa e inmediata para la vida.
Asimismo, explica como en algunos casos hay indicios de que fueron víctimas
de asesinatos deliberados que equivaldrían a crímenes de guerra.
Sobre este blog
Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de socios, socias, activistas y simpatizantes que se toman la lucha contra las injusticias como algo personal. Combatimos los abusos contra los derechos humanos de víctimas con nombre y apellido a través de la investigación y el activismo.
Estamos presentes en casi todos los países del mundo, y somos independientes de todo Gobierno, ideología política, interés económico o credo religioso.
