1.717 personas migrantes muertas o desaparecidas: el año de la pandemia bate récords de pérdidas humanas en la frontera sur de España

Nabody, la niña de dos años que falleció este domingo en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria donde estaba ingresada desde que la semana pasada fuera rescatada de una patera en estado crítico, ha sido la última víctima de las rutas migratorias por la frontera sur de España (Levante, Alborán, Estrecho de Gibraltar y Canarias). En el pasado año 2020, un total de 1.717 personas migrantes murieron o desaparecieron en su intento de encontrar una vida digna, según el seguimiento que cada año emite la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y que en eta ocasión supone una cifra récord en el histórico. “Los procesos migratorios son inevitables, es imposible acabar con ellos y bloquearlos, lo que hay que hacer es poner en marcha una gestión de las migraciones que garantice rutas legales”, ha insistido Rafael Lara, coordinador área de Solidaridad Internacional de la APDHA, durante la presentación del 'Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2021'.

“La pandemia ha sido otra excusa más para seguir vulnerando los derechos de las personas migrantes y para seguir criminalizándolas”, ha comentado en rueda de prensa on line Ana Rosado, del área de Migraciones y del equipo Frontera Sur que anualmente elabora el informe, que analiza los datos de los flujos migratorios hacia España y el impacto de las políticas migratorias sobre los derechos humanos de las personas migrantes que buscan un lugar mejor para vivir con dignidad, como también ha expresado Diego Boza, coordinador general de APDHA.

Más allá de las cifras, desde la APDHA se ha incidido en que “la responsabilidad de esta masacre está en la política migratoria criminal de la Unión Europea y del Gobierno de España, que provoca mucho sufrimiento y muchas muertes” durante los últimos 30 años. “Las miraciones son consustanciales a la humanidad”, ha repetido Lara, denunciando que “tratar de contener ese impulso a base de represión y militarización está condenado a fracasar”. “Hemos vuelto a echar de menos algunas palabras de condolencia o solidaridad con las familias o la comunidad de origen, que ven cómo cada día sus seres queridos se convierten, en el mejor de los casos, en meros titulares que posteriormente pasan al olvido”, recoge también el informe, que cifra en un 29% el incremento de las personas que -en 2020 y respecto a 2019- lograron acceder a territorio seguro a través de nuestra frontera (41.861 personas).

Según APDHA, “todos los recursos destinados a las políticas migratorias se enfocan exclusivamente en evitar que lleguen o en expulsar a las personas que jugándose la vida, intentan llegar a al Estado español por la frontera sur, a pesar de que curiosamente significan tan sólo el 4,3% del total de las personas que entran en España”.

En ese sentido, se destinan “ingentes recursos” van desde la implantación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), cuyo coste supera ampliamente los 300 millones de euros, hasta los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), los centros de detención llamados CATE (Centros de Atención Temporal de Extranjeros) y repartidos por toda Andalucía, los CETI (Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes) en Ceuta y Melilla o las vallas en ambas ciudades que, en palabras de la asociación, constituyen el “verdadero pozo sin fondo de los recursos del Estado”. También el despliegue de patrulleras o de Frontex (la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) y “la compra millonaria mediante cooperación indecentemente condicionada de países terceros (Marruecos, Mauritania, Malí, Sudán, Chad, Guinea Conakri, Gambia, Costa de Marfil o Senegal…) para que ejerzan de países tapón y gendarmes de las fronteras de la Unión Europea”. Todo ello, critican, “a costa de incontables violaciones de derechos humanos en las que el Gobierno de España resulta ser cómplice”.

APDHA ha expeusto que, si bien en un primer momento la pandemia ralentizó los flujos migratorios, finalmente ha espoleado el efecto huida de miles de jóvenes del Sahel, Sáhara, Marruecos o Argelia. Se está comprobando, han añadido, cómo trabajadores del sector turístico, pescadores y trabajadores precarios con las medidas anti COVID se han quedado sin ningún recurso y optan por intentar cruzar el Atlántico para migrar, o facilitar el tránsito migrante con sus embarcaciones.

En cuanto al detalle de las rutas migratorias hacia España, el incremento de llegadas a Canarias en 2020 ha sido de un 756%, “y la respuesta del Gobierno ha sido de manual represivo y antihumanitario: miles de personas encerradas en condiciones inhumanas, con falta absoluta de garantías de respeto de los derechos humanos, miles de personas durmiendo al aire libre y a ras del suelo en los puertos, insuficiente asistencia legal, madres separadas de sus hijos, cuarentenas eternas, condiciones insalubres, hacinamiento…”. Todo ello “evidencia la absoluta falta de recursos destinados a la acogida por parte de este Gobierno, como en 2018 en las costas de Cádiz, según han recordado.

La organización ha lamentado que “el Gobierno ha decidido abandonar cualquier proyecto de vías legales y seguras, que se encontraba en el acuerdo del Gobierno de coalición, y ha optado por la represión, la violación de los derechos humanos y la criminalización de las personas migrantes, como han hecho anteriores gobiernos del Partido Popular”.

La APDHA plantea que, para abordar democrática y humanamente los desplazamientos de personas en este mundo global, “son imprescindibles políticas dignas de acogida y establecer vías legales y seguras, como único camino para evitar que miles de personas pierdan la vida para encontrar un futuro con dignidad”. Además, consideran de vital importancia seguir denunciando las violaciones de los derechos humanos a las que se somete a las personas que intentan migrar, desde el origen, el trayecto y la llegada a las puertas de Europa. Por ello, la organización ha lanzado un crowdfunding para financiar el informe Derechos Humanos en la Frontera Sur del próximo año, un trabajo lleva realizando durante dos décadas y que incluye el análisis de los flujos, de las políticas migratorias y entre otros muchos aspectos, un trabajo de recuento del número de personas que mueren o desaparecen en su intento de aspirar a una vida mejor.