Acusan al Ayuntamiento de Granada de intentar legalizar una discoteca investigada por la Fiscalía

IU ha acusado ante la Fiscalía al Ayuntamiento de Granada de “admitir de facto” irregularidades al permitir la construcción de una discoteca en una zona de dominio público. Argumenta el partido de izquierdas que el Consistorio granadino está intentando legalizar a posteriori la actuación, que actualmente investiga la Fiscalía de Granada tras la denuncia de un funcionario municipal, con una innovación Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), lo cual considera, en sí mismo, otra infracción.

Desde el pasado verano, la fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo investiga si desde el Ayuntamiento granadino se cometieron delitos contra la ordenación del territorio, de prevaricación urbanística y de maquinaciones para alterar el precio de las cosas al permitir que se contruyese una discoteca y sala de fiestas en un espacio donde, según la licencia que daba la misma administración local y preveía el PGOU, debía situarse un parque infantil.

Es más, la discoteca se construyó con los permisos para cinco columpios, y el 'canon' a pagar por su explotación al Ayuntamiento, de 1.000 euros al mes, es de los columpios infantiles, y no es de la construcción que haya actualmente en funcionamiento. En la denuncia del funcionario jubilado se incluían sus propios informes, en los que señalaba como prácticamente cada decisión tomada por los promotores de la discoteca se saltaba alguna norma.

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura, ha denunciado en rueda de prensa que el gobierno municipal estaría “admitiendo” las irregularidades tras intentar “legalizar” parte de las actuaciones en una ordenanza sobre edificación de mayo de 2013, y que la Junta de Andalucía denunció por la vía de los tribunales de lo Contencioso-Administrativo.

Puentedura señaló que en el pleno municipal del pasado diciembre de 2013 se presentó una propuesta de innovación del PGOU que aprobaría, con efecto retroactivo, los mismos cambios recogidos por la ordenanza paralizada. Por ello, el edil de la coalición de izquierdas insistió en que se trata de “admitir las irregularidades” y que por ello se ha puesto en conocimiento del Ministerio Público.

Además, un informe de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio solicitado por Fiscalía ha confirmado las numerosas y diferentes anomalías que detectaba el funcionario, quien denunció apenas un día después de jubilarse de un puesto directivo en el área de Urbanismo. Entre otras irregularidades, que la concesión del parque infantil se dio 2006, a los mismos promotores del centro comercial, pero no se ejecutó hasta que finalizó la obra del mismo, ya en 2012.

Además, el recinto de la sala de la sala de fiestas comunica directamente con el del centro comercial y su explotación económica está asociada, vallando además una parcela de dominio público, cosa por definición ilegal.

Entre los responsables directos de los posibles delitos, la denuncia y la fiscal apuntan al alcalde de Granada, José Torres Hurtado, y la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, ambos del PP, así como a varios funcionarios del área, incluido el Director de Obras, Manuel Lorente, también imputado en el 'caso Palacio de Hielo'.