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Vox vuelve a tensar al Gobierno andaluz de PP y Cs al pedir la identidad de funcionarios que evalúan la violencia machista

La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, evita valorar la polémica porque la plantilla señalada por Vox depende del vicepresidente Juan Marín, quien asegura que no corren peligro

El Parlamento andaluz analizará el miércoles la petición del diputado Francisco Serrano para obtener los "nombres y apellidos" de los funcionarios que evalúan los casos de violencia machista con el objetivo de "depurar" informes "ideológicos"

Los expertos en la Ley de Protección de Datos creen que la Cámara denegará la solicitud a Vox, pero advierten de que como grupo político puede tener más acceso a información que un ciudadano cualquiera

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Juan Marín, líder de Ciudadanos y vicepresidente de la Junta, junto a Francisco Serrano, de Vox. EFE

La tranquilidad del recién estrenado Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos se ve alterada cada vez que Vox, el partido que sustenta esta coalición de centro derecha, ejercita su agenda, sus políticas y sus prioridades. La formación de Santiago Abascal es clave para la estabilidad de la legislatura, pero de momento da más sobresaltos al Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla que el PSOE de Susana Díaz, líder de una oposición todavía desdibujada. 

La solicitud formal que Vox ha trasladado al Parlamento andaluz para que la Junta le proporcione la lista, con nombres y apellidos, de los empleados públicos que evalúan los casos de violencia de género ha convulsionado al Gobierno andaluz, sostenido por esta formación ultraderechista. De paso, también ha vigorizado las filas del PSOE y  de Adelante Andalucía (Podemos-IU), que ya se están movilizando para plantar a los partidos de derechas el próximo 8 de marzo, Día de la Mujer trabajadora.

Mientras la oposición ha puesto el grito en el cielo, el Ejecutivo de Moreno Bonilla ha reaccionado con un perfil bajo, como todo lo que le toca digerir de sus socios de Vox. El presidente andaluz ha respondido con la misma fórmula que viene usando cada vez se ve obligado a replicar las iniciativas del grupo ultraconservador sobre este asunto: "Ni un paso atrás en la lucha contra la violencia de género". La Consejería de Presidencia también ha declinado valorar el tema. Y la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha esquivado el asunto alegando que no es de su competencia, puesto que la plantilla de empleados que evalúan los casos de violencia machista dependen de la Oficina Judicial de la Junta, adscrita a la Consejería de Justicia, y en manos del vicepresidente y líder de Ciudadanos, Juan Marín.

Ruiz, sin embargo, tiene en sus manos todas las políticas de igualdad y subvenciones a mujeres maltratadas que emanan de esos informes de Justicia que Vox cuestiona, de modo que su inhibición en esta polémica ha cabreado mucho a los grupos de izquierdas, que sí lo consideran "un paso atrás". Ya entrada la noche, la consejera de Igualdad publicó un tuit denunciando las "ocurrencias de Vox". El vicepresidente Marín ha zanjado el asunto cuando le han preguntado si estos trabajadores "corren peligro" con la iniciativa de Vox. "En absoluto. "Vox no va a conseguir que Cs se mueva ni un milímetro de las posiciones que ya hemos marcado".

La Cámara legislativa andaluza es la primera institución autonómica de España donde la formación de Santiago Abascal, con sus 12 diputados, puede empezar a articular sus políticas. Su primera iniciativa parlamentaria, registrada el miércoles, antes de la celebración del primer Pleno ordinario, ha ido encaminada a destapar "los informes de profesionales no cualificados y altamente ideologizados de los que depende la libertad de un acusado [por violencia machista] o el futuro de niños". El escrito registrado por el presidente del grupo Vox, el juez en excedencia Francisco Serrano, busca rastrear en la plantilla de los trabajadores públicos de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, un órgano dependiente del Instituto de Medicina Legal, y adscrito a la Oficina Judicial de la Junta, para "depurar los casos ideológicos".

El escrito remitido al Parlamento pide literalmente "una relación detallada con nombres, apellidos, número de colegiados en sus respectivos colegios profesionales, si estuvieren dados de alta en ellos con la reseña de dichos colegios profesionales, y si no también, de todos los psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses que han integrado las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género; Equipos Psicosociales de los juzgados de Familia y equipos de menores en las ocho provincias de Andalucía, entre el año 2012 y 2019 completos". Es decir, los empleados públicos  que elaboran los informes sociales y psicológicos sobre mujeres víctimas de malos tratos, que luego sirven como atenuante en los juzgados, si las mujeres deciden denunciar a su agresor, y que también son tenidos en cuenta por la Junta a la hora de conceder ayudas públicas a mujeres agredidas por sus parejas. "Hay que saber todos los detalles para comprobar que el dinero ha sido empleado correctamente y los objetivos se han cumplido", advierten desde la formación ultraconservadora.

El propio Serrano ha explicado así su iniciativa en las redes sociales: "Se están violando sentencias de Altos Tribunales que exigen la colegiación. Los jueces dictan sentencias en base a informes de profesionales no cualificados y altamente ideologizados y de los que depende la libertad de un acusado o el futuro de niños". Desde Vox han explicado a esta redacción que esa lista de nombres les servirá para "depurar" entre quienes están "formados y acreditados" para elaborar dichos informes y quienes se mueven por "motivos ideológicos".

En manos de letrados

El gabinete jurídico de la Junta de Andalucía estudia ahora si la solicitud de Vox al Parlamento puede rechazarse alegando que vulnera la Ley de Protección de Datos. El Ejecutivo de Moreno Bonilla se inclina por negarle esa información a su socio de investidura, aún a riesgo de enfadar aún más a los ultraderechistas. Pero, según expertos consultados, la solución jurídica no está tan clara. Serrano no ha solicitado estos datos al Portal de la Transparencia de la Junta como un ciudadano más, se ha servido de su condición de diputado, amparado en el artículo 7 del reglamento del Parlamento, en un escrito dirigido a su presidenta, Marta Bosquet.

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Las expertos consultados subrayan ese matiz: "Los representantes públicos en su función de control al Gobierno tienen derecho de acceso a información y datos que están vetados al resto de los ciudadanos. Si la petición está bien fundamentada jurídicamente y tiene sentido podrían acceder a esos datos", advierten las fuentes consultadas. Pero también vierten dudas sobre la formulación en la consulta de Vox: "Se suele aplicar el criterio de ponderación que responde a la pregunta de cuánta información es necesaria para responder a lo solicitado. Si no es necesaria la identificación se puede ofrecer pseudonimizada, es decir, sin nombre y apellidos. Suele estar justificado si se dan casos de desvío de poder o nepotismo dentro de la función de control al Gobierno. En este caso, si el objetivo es conocer la cualificación profesional de los funcionarios [que evalúan los casos de violencia de género], una lista identificativa no satifacería su deseo de información", concluyen.

La Mesa de la Cámara, órgano rector del Parlamento donde están todos los grupos representados, se reunirá el miércoles para decidir si admite la solicitud de Vox, previa consulta al letrado mayor. El abogado Juan Moreno Yagüe, ex diputado de Podemos y ex vicepresidente de la Mesa del Parlamento en la pasada legislatura, cree que este órgano "ni siquiera va a calificar la solicitud de Vox". "Cualquier iniciativa de cualquier grupo o parlamentario que llevara nombre o identificación de un cargo o funcionario directamente se inadmitiría", avisa.

El desmantelamiento de las políticas de igualdad y lucha contra la violencia de género está en los principios fundacionales de Vox, fue su primera exigencia al PP a cambio de apoyar la investidura del presidente Moreno Bonilla, y ha sido su primera iniciativa parlamentaria. Sin embargo, con la misma intensidad trabaja la oposición de izquierdas para proteger unas leyes que fueron aprobadas en la pasada legislatura por gran mayoría (todos menos IU) -la Ley de lucha contra la Violencia de Género- o con un amplio consenso (PSOE, PP y Cs) -la reforma de la Ley de Igualdad- o por unanimidad -la ley de lucha contra la homofobia-. Los populares y la formación naranja perciben el riesgo de su alianza con Vox, de ahí que hayan marcado el terreno que los ultraderechistas no pueden pisar. En su acuerdo de Gobierno de 90 medidas se incluyó, a petición de Ciudadanos, una referencia específica al Pacto andaluz contra la Violencia de Género.

Aún así, es el flanco débil por el que PSOE y Adelante Andalucía quieren movilizar a las bases de izquierdas. No hace ni 48 horas que el Parlamento andaluz aprobó una proposición no de ley del PSOE andaluz contra la violencia de género, en la que se instaba al nuevo Gobierno andaluz a apoyar, mantener y financiar el movimiento feminista de Andalucía a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa andaluza de lucha contra la violencia de género. La iniciativa también instaba a la Cámara a demandar al Ejecutivo de Moreno Bonilla a que "mantenga e impulse todos y cada uno de los derechos de las mujeres andaluzas contra la violencia machista, especialmente en el ámbito de igualdad, social, sanitario, educativo y judicial, y a que ejecute y evalúe la totalidad del presupuesto, especialmente el aportado como consecuencia del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, sin que suponga detrimento alguno de las partidas previstas con fondos propios de la comunidad".

Excepto el punto en el que se reclamaba más fondos al Gobierno central, PP y Ciudadanos suscribieron la propuesta de los socialistas, dejando en soledad parlamentaria a Vox. Esta convulsión entre los tres grupos conservadores tiene sus riesgos cuando la legislatura no ha hecho más que empezar a caminar. En los próximos meses, el Gobierno de PP y Cs debe negociar dos presupuestos autonómicos -el de 2019 y el de 2020- con Vox, en mitad de la campaña para las elecciones generales del 28 de abril y las autonómicas del 26 de mayo.

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