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La Justicia le corta el gas a Doñana

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha puesto fin esta semana al proyecto que pretendía convertir el espacio protegido en almacén de gas

Marismas Oriental es el resultado de un proyecto troceado en cuatro partes para burlar un impacto ambiental que también hizo sonar las alarmas en Europa

Los grupos ecologistas lo consideran un "triunfo indudable en la lucha por conservar Doñana"

Fotografía aérea de las marismas de Doñana

Fotografía aérea de las marismas de Doñana Héctor Garrido (EBD-CSIC)

Un terremoto. Convertir un pedazo de Doñana en un almacén de gas ha pasado como un seísmo potencial sobre el espacio protegido. La Justicia ha puesto fin –de momento– a la amenaza de que Naturgy (Gas Natural) convirtiera un antiguo filón de gas natural en un almacén subterráneo.

Y es que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso de la empresa contra la Junta de Andalucía, que le denegó la autorización ambiental del proyecto Marismas Oriental.

La historia se remonta a hace más de una década, al año 2008, cuando la compañía gasística presentó un proyecto para ampliar sus instalaciones en el entorno de Doñana y convertirlo en un almacén de gas, donde llevaba ya varias décadas extrayendo el combustible fósil y distribuyéndolo a Andalucía occidental mediante un alambicado sistema de gasoductos.

Fin a los litigios

Para eludir su importante impacto ambiental, como ha llegado a denunciar el Parlamento Europeo, la empresa troceó el proyecto en cuatro partes: Saladillo, Aznalcázar, Marismas Occidental y Marismas Oriental. En la práctica, suponía 20 kilómetros más de gasoductos y 16 sondeos, capaces de extraer más de 8.000 gigavatios horas (gwh), la energía potencial estimada. Por su parte, las organizaciones ecologistas denunciaban que se había hecho así para "evitar la evaluación de impacto ambiental conjunta".

El Tribunal Superior de Justicia ha puesto fin de este modo a años de litigios, informes, autorizaciones y paralizaciones de un proyecto, al que el Gobierno de España dio luz verde en 2010 con José Luis Rodríguez Zapatero en el poder. Durante dos años, la Junta de Andalucía bloqueó el proyecto hasta rechazar finalmente las actuaciones en la zona de Marismas Oriental, porque afectaba al espacio protegido. La Consejería de Medio Ambiente atendió al Consejo de Doñana, que solicitó la "no autorización de las actuaciones previstas".

"Un triunfo para Doñana"

Gas Natural amenazó entonces con demandar al Gobierno andaluz por más de 350 millones de euros, pero el TSJA lo ha dejado claro en su fallo: desestiman el recurso contencioso administrativo de la empresa "contra las resoluciones administrativas a las que se refiere la presente controversia. Sin costas".

Los grupos ecologistas, como WWF, han celebrado la sentencia. Para la organización verde, se trata de un "triunfo indudable en la lucha por conservar Doñana".

"Valoramos muy positivamente la sentencia del TSJA, que reconoce, como hemos venido defendiendo desde 2010, al igual que otras organizaciones ecologistas y los informes del Espacio Natural dependiente de la Junta de Andalucía, que Doñana no puede ser un almacén de gas natural al ser incompatible esta nueva actividad con lo dispuesto en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 2005 (PORN) de este espacio", apunta WWF.

Para las organizaciones verdes no se trataba solo de un proyecto que afectaba a un espacio protegido y que podía generar seísmo, sino un sinsentido: un parque natural no debe contribuir al cambio climático, sino mitigarlo, argumentaban. "¿Por qué se tiene que construir en espacio protegido? Las actividades industriales son incompatibles con los parques nacionales. Los grupos ecologistas estamos en contra de los hidrocarburos y a favor de las renovables. Doñana no debe contribuir al cambio climático", afirmaba en su momento Juan Romero, portavoz en Doñana de Ecologistas en Acción.

Riesgo sísmico

Hace más de tres años, salió a la luz un informe del CSIC que alerta del riesgo sísmico del proyecto y el Defensor del Pueblo, tras analizar más de una decena de informes del Instituto Geológico y Minero (IGME), exigía que se reevaluaran sus riesgos: "No parece que la inyección de gas sea una actividad apropiada en este entorno".

Según el Defensor, había que "iniciar los trámites para evaluar individual y conjuntamente los impactos acumulativos de los cuatro proyectos de explotación y almacenamiento de gas en el entorno de Doñana, incluida la valoración de las distintas alternativas al almacenamiento de gas, del riesgo sísmico y los impactos de la inyección y del almacenamiento subterráneo sobre el acuífero".

Mientras los tribunales españoles resolvían el litigio, Europa miraba al sur. Un grupo de eurodiputados viajaron a Andalucía en 2018 para evaluar las amenazas sobre Doñana y llevar una serie de recomendaciones a las autoridades españolas. El resultado fue contundente. En marzo de 2019, el Parlamento Europeo recomendó que se suspendieran "todos los permisos concedidos hasta que se aclaren las irregularidades detectadas en la evaluación de impacto ambiental".

El texto no admitía ambivalencias y exigía "una retirada provisional de los trabajos y una detención inmediata de las siguientes fases del proyecto gasístico para respetar los principios de precaución y prevención". Europa recordaba que no estaban claras "las posibles consecuencias" de inyectar y almacenar gas en las cavidades subterráneas alrededor del parque nacional, y apuntaba al ejemplo del almacén Castor (Tarragona), que provocó numerosos seísmos.

Por una razón u otra, las instituciones públicas que han intervenido han terminado dando la razón a los ecologistas: Doñana no puede ser un almacén de gas. Y le han cortado el grifo. Ahora, si recurren, será el Tribunal Supremo el que tendrá la última palabra.

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