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La jueza Núñez cita como testigos a los ocho interventores provinciales del SAE por los cursos de formación

También como testigo el día 28 de abril al actual director gerente del SAE, Julio Coca

La juez María Núñez Bolaños ha citado a declarar como testigos a lo largo del próximo mes de abril a los interventores del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de las ocho provincias andaluzas dentro de la causa donde se investigan las presuntas irregularidades en los cursos de formación gestionados por la Junta de Andalucía.

En un comunicado de prensa, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha informado de que, dentro de la pieza separada relativa al SAE, la magistrada ha citado a declarar como testigos a los interventores del SAE de las ocho provincias andaluzas entre los días 5, 7 y 21 de abril.

Asimismo, y dentro de esta misma pieza separada --una de las nueve piezas en que dividió la causa en diciembre del pasado año 2015--, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla ha citado a declarar también como testigo el día 28 de abril al actual director gerente del SAE, Julio Coca Blanes.

De igual modo, la juez instructora ha citado a declarar en calidad de investigados al jefe de servicio de Formación en Cádiz, Antonio Juan Vidal Agarrado, y al director general de Formación, José Gutiérrez Muñoz. Ambos habían solicitado a la magistrada poder declarar de manera voluntaria en sede judicial.

El pasado 1 de marzo, la juez ya tomó declaración como investigado al que fuera jefe de servicio de Formación de la delegación provincial de Sevilla Daniel Fito, todo ello después de que el propio encausado solicitara declarar de manera voluntaria.

Cabe recordar que, en un auto dictado en mayo de 2015, la juez Mercedes Alaya imputó en la causa a diez jefes de servicio de Formación de las ocho delegaciones provinciales de Andalucía, entre ellos el propio Daniel Fito, y a una jefa de servicio de la Dirección General de Formación, María Carril.

Asimismo, imputó a la jefa de servicio de la delegación de Sevilla Carmen Gómez Laguillo; al de Almería, Blas Méndez Capel; a Antonio Juan Vidal Agarrado, de Cádiz; a José Ángel Gil Flores, de Huelva; a José Luis Valentín, de Jaén; a los jefes de servicio de Formación de la delegación provincial de Granada Magín Bolívar Medina y María Noelia García Lucena; a la jefa de servicio de Málaga, María Isabel Almendro Flores, y al jefe de servicio de la delegación de Córdoba Manuel Gavilán Jiménez.

Los diez jefes de servicio de las delegaciones provinciales comparecieron en junio de 2015 ante la juez Alaya, aunque ocho de ellos se acogieron a su derecho constitucional a no declarar.

De este modo, los dos únicos jefes de servicio que accedieron a declarar fueron el de Almería, Blas Méndez Capel, que negó haber recibido "órdenes ilegales" de sus superiores en relación con la justificación de las subvenciones, y el de Granada, Magín Bolívar Medina, que resaltó la "falta de atención" de sus superiores en cuanto al volumen "muy abultado" de cursos y subvenciones pendientes de justificar.

"OMITIERON" INICIAR LOS EXPEDIENTES DE REINTEGRO

Alaya los imputó "por las graves deficiencias en el seguimiento de los cursos y en la justificación de las subvenciones, estando bajo su competencia tanto el departamento de planificación, como el de seguimiento y el de gestión económica".

A su juicio, los imputados habrían permitido que en este último departamento "se confeccionaran los certificados por el que se acreditaban ante la Intervención que las subvenciones habían sido aplicadas a la finalidad para la que se concedieron, constando su cumplimiento y el correspondiente gasto total de la actividad subvencionada, certificado que liberaba el resto del importe de cada subvención".

Además, "omitieron iniciar y continuar los correspondientes expedientes de reintegro, no recuperando así los caudales públicos comprometidos, y confeccionaron las resoluciones de exoneración por las que multitud de empresas, sin justa causa, continuaron recibiendo el pago de subvenciones a pesar de tener múltiples subvenciones anteriores pendientes de justificar".

En esta causa, y además de los jefes de servicio referidos, también permanecen imputados los exconsejeros de la Junta Antonio Fernández y Ángel Ojeda, así como otras 16 personas --incluidos 13 ex altos cargos de la Junta-- que fueron detenidas en marzo de 2015 en el marco de la operación 'Barrado', tras lo que fueron puestas en libertad con cargos.

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