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El PSOE propone medidas de vivienda y administración pública sin llegar a convencer a Podemos

Díaz no ve chantaje de Podemos y Ciudadanos en la renuncia de los expresidentes

Manuel Ramos

Los esfuerzos de los socialistas por amarrar la investidura de Susana Díaz la próxima semana han empezado por intentar llegar a un acuerdo con los 15 diputados de Podemos. Ellos han sido los primeros destinatarios del documento del PSOE andaluz con las propuestas para acercarse a la formación de Rodríguez. Sin embargo, Podemos no está satisfecho con el documento recibido. No obstante, algo se mueve cuando Podemos sí ha aceptado una nueva reunión negociadora para los próximos días y hay más propuestas concretas sobre la mesa. Ciudadanos, de momento, asegura que siguen sin noticias de los socialistas. Pero la presidenta Díaz les ha hecho un guiño al defender en una entrevista radiofónica las listas abiertas , una medida que ya ha respaldado el partido de Rivera.

A escasos tres días del debate de investidura estos son los puntos de debate entre estas dos fuerzas políticas, las tres condiciones de Podemos y las propuestas del PSOE a las mismas.

1. Pese a que se ha producido el anuncio de que José Antonio Griñan y Manuel Chaves no repetirán en el Senado y el Congreso respectivamente, y esa misma semana Podemos lo mostró como una victoria de la presión ejercida sobre los socialistas, los de Teresa Rodríguez afirman que esta cuestión no está contestada en su totalidad ya que, dicen, no han obtenido respuesta a la reclamación de un acuerdo político más amplio por el que los partidos políticos se hagan responsables subsidiarios en los casos de apropiación indebida de los que se hayan visto beneficiados.

2. La segunda de las exigencias de Podemos ha sido la de no mantener las cuentas de la administración autonómica en entidades financieras que ejecuten desahucios de primeras viviendas.  El PSOE entiende que ni la legislación autonómica ni la estatal permiten dar preferencia a la hora de establecer contratos a una entidades bancarias sobre otras. A cambio, los socialistas ofrecen una serie de medidas para la defensa de la vivienda digna vinculadas a la Ley de Función Social de la Vivienda, aprobada la pasada legislatura pero suspendida en muchos de sus artículos por el recurso presentado en el Tribunal Constitucional por el Gobierno de la Nación.

La propuesta socialista incluye el desarrollo reglamentario de esta ley y aumentar el parque de viviendas protegidas destinadas al alquiler. Igualmente recuerdan medidas previstas en su programa electoral como el sistema andaluz de información y asesoramiento integral para asesorar a los amenazados por desahucio o la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Contratación de los préstamos hipotecarios. Esta última incluiría la obligación de adherirse al Sistema Arbitral de Consumo y al Sistema de Mediación para las entidades financieras que deseen mantener contratos con la Junta de Andalucía. Igualmente, desde el PSOE proponen un código de buenas prácticas para la reestructuración de la deuda hipotecaria, prohibir la venta a “fondos bruite” de propiedades del parque público de viviendas de Andalucía e instar al Gobierno central a prohibir por ley las cláusulas suelo.

Podemos entiende que ninguna de estas medidas da respuesta a sus condiciones. Insisten en que desde ya pueden cerrarse las cuentas en aquellas entidades que ejecuten desahucios de primeras viviendas y reclaman una ley reguladora de la responsabilidad social de las entidades financieras.

3. Otra de las condiciones de Podemos era la reducción de altos cargos de la administración y que en las Consejerías sólo hubiese dos cargos políticos por consejería (consejero y viceconsejero). En este capítulo, el PSOE recuerda que en la pasada legislatura se han eliminado 131 entes del sector público y que de 2008 a 2015 se ha pasado de 316 a 218 altos cargos. Sí hay una concesión en cuanto a la reducción de la llamada “administración paralela” con el compromiso de la fusión de un 5% de los entes instrumentales, una reducción del 5% de altos cargos y personal directivo de estos entes y la reducción del 5% de su personal eventual. Proponen igualmente crear un grupo de trabajo para abordar la reordenación de la administración. “El ahorro que pueda conseguirse para el presupuesto público por esta vía se destinaría a incrementar la dotación de la bolsa de personal sanitario y educativo”, señala el documento.

Advierten que no van a admitir limitar a los funcionarios el desempeño de los altos cargos de la Junta porque “supone el riesgo de llegar a una tecnocracia”. Y recuerdan que más de la mitad de los altos cargos de la Junta de Andalucía actualmente son funcionarios. En cualquier caso, las medidas propuestas en este capítulo por el PSOE resultan insuficientes para Podemos.

La duda es si este nuevo movimiento y las conversaciones que puedan derivarse de una nueva reunión entre las dos fuerzas políticas lograrán llegar a puntos de encuentro, el grado de intensidad de los mismos y la rapidez o no con la que se logren. De eso dependería una abtención en primera votación, segunda o un no en ambas. En cualquier caso, la única abstención de Podemos sería insuficiente para la investidura de Susana Díaz, y los socialistas tendrán que buscar más acuerdos con alguna de las otras fuerzas políticas parlamentarias.

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