La Administración pone orden en las peleas de gallos en Andalucía

La Guardia Civil, el Colegio de Veterinarios de Cádiz y la Federación Andaluza de Defensores del Gallo Combatiente Español (Fadgce) han abierto una línea de colaboración para acabar con la celebración de peleas ilegales de gallos en la región. Las tres instituciones intercambiarán información, emprenderán una campaña para dar a conocer la normativa del sector y acometerán, por primera vez, actuaciones conjuntas en los reñideros que la incumplan, según acordaron en una reunión celebrada el jueves en la Subdelegación del Gobierno de Cádiz.

Estas medidas son consecuencia de la operación Espolón, ejecutada por la Guardia Civil el 16 de abril de forma simultánea en siete peñas de las provincias de Cádiz y Sevilla. Los más de cien agentes participantes en el dispositivo hallaron tres ejemplares muertos y 25 con graves heridas y mutilaciones, interpusieron 210 denuncias en una sola tarde y detuvieron a nueve personas. La operación fue una de las más importantes de la historia contra las irregularidades en las peleas de gallos en Andalucía y evidenció que en muchos reñideros se incumple de forma flagrante la normativa del sector.

Andalucía y Canarias son las dos únicas comunidades del país en las que se siguen celebrando peleas de gallos de forma legal. La normativa vigente (la Ley 11/2003 de Protección de los animales y una resolución de la Junta de Andalucía de 2004) ampara las riñas que tengan como objetivo la “selección de cría” para la mejora de la raza y que se realicen de forma exclusiva en criaderos autorizados con la asistencia de sus socios.

Durante los últimos años, la Guardia Civil ha denunciado de forma insistente que esa normativa es ambigua e insuficiente para regular este sector, en el que las irregularidades están a la orden del día. Están acreditados los casos de maltrato animal y faltas administrativas generalizadas como la publicidad de las peleas fuera de las peñas; la presencia de no socios y de menores de 16 años en los reñideros; el cruce de apuestas; el consumo de alcohol y drogas; la falta de medios suficientes para identificar cada animal; y la ausencia de veterinarios oficiales y jueces federativos en las tientas.

Fuentes del Instituto Armado, que no quieren “criminalizar” al sector, subrayan la importancia de que la Junta de Andalucía regule de forma clara las riñas de gallos, con una normativa “consistente”, “específica” y “oficial” que sustituya al reglamento vigente. A juicio de estas fuentes, el reglamento está redactado a medida por la Fadgce y no admite participación de otros colectivos.

Entre las medidas propuestas en la reunión del jueves está la disminución del tiempo de las tientas, que ahora es de treinta minutos. El presidente del Colegio de Veterinarios de Cádiz, Federico Villaplana defendió que en cada tienta de selección de raza debe haber un profesional titulado presente y que los animales deben ser identificados con microchip en lugar de con el tatuaje bajo el ala que se emplea ahora.

El presidente de la Fadgce, Basilio Angulo, es el representante de un sector formado por 10.000 socios, 35.000 criadores de aves y unas 80 entidades gallísticas en Andalucía (la mayoría, en Cádiz) cifras que dan una idea de la magnitud de este sector a pesar de su mínima proyección pública. Angulo asegura que la voluntad de la Federación es que la normativa se cumpla de manera “tajante” y que se fortalezcan las inspecciones.

“Tras la operación Espolón, nos preguntamos qué estaba ocurriendo para que se realizara una intervención de ese calado, está claro que algo estaríamos haciendo mal”, apunta Angulo. El presidente de la Federación es partidario de las medidas planteadas el jueves por la Guardia Civil, el Colegio de Veterinarios y la Subdelegación del Gobierno para cercar a las peñas que incumplan la normativa.

El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre (PP), sostiene que la regulación federativa de las peñas y de sus socios, la vigilancia de veterinarios y jueces federados, la lucha contra las apuestas ilegales y un mayor control de los animales conforman “un paquete de garantías administrativas y jurídicas fundamentales” que los galleros deben entender como beneficiosas para el sector.