Abengoa obtuvo “enormes beneficios” de 16,5 millones por “servicios inexistentes”, según el juez del caso Poniente

El grupo Abengoa, socio privado con un 70 por ciento del accionariado, habría permitido “en connivencia” con el exalcalde de El Ejido (Almería), Juan Enciso, y el exinterventor municipal, José Alemán, y habría participado en la sobrefacturación a la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur), de la que, “abusando de su posición mayoritaria en el capital”, obtuvo de manera presunta “enormes beneficios facturando servicios inexistentes” por valor de 16.548.086,59 euros entre los años 2002 y 2009, a los que habría que sumar 567.372,00 euros de trabajos que realizó Elsur para sus empresas pero que no les facturó.

Así se recoge en el auto dictado este lunes por el Juzgado de Instrucción 2 de Almería, consultado por Europa Press, en el que el magistrado Jesús Miguel Hernández, siete años después de que estallase el conocido como caso Poniente por una supuesta trama de corrupción municipal y empresarial en El Ejido que derivó en la detención de 20 personas, ordena el procesamiento de 65 personas por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráficos de influencias y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios.

El juez señala que, de la investigación, se desprende que el Grupo Abengoa no sólo obtuvo fondos de Elsur a través de las condiciones de la concesión de los servicios y obras, tanto fuera como dentro de canon, por el mantenimiento del alumbrado público, edificios, zonas verdes, o la red viaria y, con ingresos de más de 20,1 millones de euros, “prácticamente el doble de su aportación total entre 1996 y 2010, sino que también lo hizo ”facturando a Elsur por servicios genéricos de apoyo a la gestión inexistentes y en concepto de servicios concretos“.

Resalta el auto por “llamativo” que, en el primer año de existencia de la empresa mixta, no se facturó nada por estos, según remarca, supuestos servicios y que, a partir de 1997, se inició “tímidamente un escalada espectacular que le llevó a facturar en 2008, la cantidad de 3,9 millones de euros cuando, a su juicio, ”la lógica indica que tal asesoramiento y apoyo hubiera sido necesario al constituirse la sociedad“.

Además, remarca que frente a estos “espectaculares incrementos en los asesoramientos y apoyos a la gestión”, Elsur “cada vez estaba peor gestionada, pagando a las subcontratas al doble de su valor y, aunque los precios cobrados al Ayuntamiento no dejaban de incrementarse, terminó declarándose en concurso de acreedores en junio de 2011”.

“Por tanto --concluye el instructor--, realmente no se prestaron servicios de asesoramiento ni de apoyo a la gestión sino que tales facturas tuvieron como única finalidad detraer fondos de Elsur a favor de su socio privado y como paso intermedio, incrementar los costes de Elsur para justificar ante el Ayuntamiento de El Ejido, la necesidad de incrementarle los precios”.

El auto, además de apuntar a Abengoa, de la que subraya que es un “notorio grupo empresarial de ámbito internacional”, por su “connivencia y participación” en el “incremento artificial y exagerado del canon anual, con precios abusivos o por servicios inexistentes” de los que se beneficiaron varios grupos de mercantiles con destacados empresarios a la cabeza, le reprocha que “abusara de su posición mayoritaria en el capital de Elsur”.

Así, supuestamente, a través de la sociedad Aygesa, habría transferido fondos desde Elsur, “que esta tanto como decir del Ayuntamiento de El Ejido” por ser su único cliente, “sin ninguna contraprestación real”, pues, según explica, “amparado en una supuesta transferencia de conocimientos de la que no hay ni el más mínimo rastro, factura millones de euros mientras que, amparado en unos supuestos servicios prestados bajo demanda, de los que tampoco hay rastro, factura asimismo millones de euros”.

PRESUNTO FRAUDE DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES Y EL IVA

Para darle “apariencia de legalidad”, según el magistrado, “hacía unos contratos donde las dos partes firmantes estaban controladas por el socio privado, además de unas hojas de pedido y unas hojas resumen que no prueban absolutamente nada”. Con Aygesa, asegura el auto que el Grupo Abengoa facturó 14,5 millones de euros por “servicios inexistentes” mientras que con Befesa Agua hizo lo propio por valor de poco más de dos millones de euros.

Por estos hechos, el juez imputa a 15 consejeros de Elsur, entre representantes de Abengoa y del Ayuntamiento de El Ejido, por la presunta comisión de delitos de cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos y delito contra la Hacienda Pública ya que calcula que el importe defraudado en el Impuesto de Sociedades asciende a 5,6 millones de euros.

La resolución judicial hecha pública este lunes señala que, la sobrefacturación, “el mecanismo básico” utilizado “en este trama” para justificar el canon “abusivo” y “consentida” por los accionistas de Elsur, es decir, Abengoa y Ayuntamiento de El Ejido, se hizo, sobre todo, por las empresas subcontratadas pertenecientes a los que llama Grupo Amate, encabezado por el empresario sevillano procesado, José Antonio Amate, y Grupo Galán, del también procesado Juan Antonio Galán. Así, cuantifica esta sobrefacturación en 24,7 y 15,6 millones de euros, respectivamente.

Hace alusión, asimismo, que las sociedades controladas por el exalcalde Enciso, y, “especialmente”, por el exinterventor José Alemán, habrían obtenido de forma “indirecta”, a través del Grupo Galán, “importantes cantidades de dinero”. En concreto, según destaca, entre 2002 y 2009, las sociedades de Enciso “recibieron 372.113 euros, más 92.026” y las de Alemán, “2,3 millones de euros por un lado, y 418.062 euros, por otro”.

El auto detalla que, como consecuencia de las irregularidades relativas a la adjudicación, contenido y ejecución del contrato de gestión de servicios de la empresa mixta Elsur, y en relación tanto al socio privado como a los dos grupos empresariales citados anteriormente, se habría defraudado en Impuesto de Sociedades un total de 13,8 millones de euros mientras que la cuota de IVA defraudada y no regularizada en vía administrativa alcanza casi los 2,5 millones de euros.