Andalucía acepta los 1.197 millones del nuevo Plan Estatal de Vivienda, lo que no evita que baraje presentar un recurso

Andalucía ha aceptado los criterios de reparto de los fondos incluidos en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que prevé una inversión de 1.197 millones de euros, pero a la vez ha anunciado que está revisando “jurídicamente” este acuerdo y deja la puerta abierta a la presentación de un recurso. “No estamos de acuerdo con cómo se ha hecho la financiación”, sentido en el que el Gobierno andaluz en funciones señala que la inversión de Andalucía se “multiplica por seis” mientras que la aportación del Estado lo hace por dos.

Esto es así porque el plan contempla que el Ejecutivo central asuma el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades autónomas aportarán el 40% restante. Pero esto supone que las autonomías tengan que hacer un esfuerzo mayor que en los anteriores planes, en los que aportaban el 25% del presupuesto y el resto lo ponía el Estado. Con la nueva distribución, el Gobierno aportará 718 millones de euros y eso obliga a la Junta a poner sobre la mesa 479 millones de euros.

La decisión se ha tomado en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, en la que por lo pronto la Junta ha aceptado los criterios de reparto de fondos, que supone un 17,10% para Andalucía, el mismo porcentaje que figuraba en planes anteriores. Así lo ha anunciado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones, Rocío Díaz (PP), que –eso sí– ha expresado su “disconformidad” por la “obsesión del Gobierno de España por imponer su modelo de vivienda sin negociación ni consenso con las comunidades autónomas”.

Críticas al modelo de financiación

Todas las comunidades del PP han acabado aceptando el nuevo plan, aunque varias de ellas no descartan recurrirlo ante el Tribunal Supremo. Una de ellas es Andalucía, sentido en el que Díaz ha anunciado que los servicios jurídicos de la consejería están revisando el contenido del plan estatal porque “no estamos de acuerdo con cómo se ha hecho la financiación”, dejando abierta la puerta a la asunción de medidas en este sentido.

La consejera en funciones, asimismo, ha cargado contra el calendario, ya que el nuevo plan “debía estar en marcha desde el 1 de enero” y, sin embargo, “llega con casi cinco meses de retraso”, lo que ha condicionado el desarrollo de las convocatorias y ayudas previstas para 2026. De paso, ha reclamado al Ministerio de Vivienda que aumente su participación económica.

Andalucía recibirá hasta 2030 una inversión total de 1.197, de los que 136,8 millones corresponden a la anualidad del presente ejercicio. El objetivo es desarrollar políticas públicas de vivienda en la región. El compromiso que se adquiere es que al menos un 40% de esos fondos se dedicarán a la construcción y adquisición de viviendas, un 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente y el 30% restante a garantizar la protección de los colectivos y territorios que más lo necesiten.

“Consenso histórico”

Y si Rocío Díaz ha denunciado la falta de negociación, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez (PSOE), ha celebrado que el plan supone “una clara muestra” de la “voluntad de diálogo y consenso” del Gobierno central. “Prueba de ese modelo de consenso, diálogo y acuerdo” son las 28 reuniones mantenidas con las comunidades autónomas en torno al contenido del documento, así como los encuentros con entidades, agentes sociales y expertos. Fruto de esos encuentros, se han recibido 365 aportaciones que se han estudiado e incorporado a la redacción final, y hasta el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), ha celebrado el “consenso histórico” entre las comunidades autónomas y el Ejecutivo central.

No lo ve así la consejera en funciones, que ha criticado que “ni siquiera conocemos la valoración del Ministerio de Vivienda sobre las 22 alegaciones que Andalucía presentó en el mes de octubre”. Por eso, ha insistido en que, mientras se aceptan los criterios de reparto de los fondos, se está revisando y estudiando el plan por parte de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía.

De paso, ha cargado contra un plan estatal que considera que está “más preocupado por la foto de una primera piedra o de una entrega de llaves que por ofrecer soluciones reales para el acceso a la vivienda”, en alusión a la advertencia de retirar fondos estatales si no se da visibilidad a la aportación del Ministerio. En ese sentido, ha defendido que “Andalucía siempre ha sido leal, informando en todo momento de las ayudas y promociones”.